Dos eventos este jueves: Aval legislativo para que el Gobierno se endeude por $2 mil millones para y un choque entre el Ejecutivo y la empresa privada por quién debe asumir los pagos para los trabajadores afectados por la cuarentena.
El presidente de El Salvador decretó este sábado una “cuarentena domiciliar completa” en todo el país por 30 días, un anuncio que dejó confusión en los ciudadanos por la cantidad de excepciones incluidas.
El Juzgado Segundo de lo Laboral suspendió labores. Una empleada de ese tribunal está ingresada en el Hospital Saldaña y bajo vigilancia por sospechas del coronavirus. Otros juzgados de lo laboral ha replicado la medida.
El Gobierno volvió a descartar que existan casos de Covid-19, pero matizó que puede que haya casos sin detectar en el país. El Ejecutivo también ordenó que los mayores de 60 años trabajen desde casa.
Cuando fue alcalde capitalino, Nayib Bukele votó para otorgar un millonario contrato a ETS, la empresa de su amigo Yaniv Zangilevitch. En 2016, la empresa y Bukele incluso compartieron el mismo apoderado legal: el abogado Cañas Alemán.
Los diputados de la exguerrilla no asistieron a la convocatoria hecha por el presidente Bukele. Desde un gimnasio de San Marcos, la dirigencia comandada por Óscar Ortiz se preparaba para hipotéticos escenarios de persecución oficial.
El Salvador vive momentos de tensión entre dos poderes del Estado. El presidente Bukele ha amenazado a la Asamblea Legislativa, incluso ha llamado a la insurrección, si los diputados no le aprueban este domingo un préstamo para su plan de seguridad.
El director de Centros Penales, Osiris Luna, mintió cuando dijo que uno de sus empleados, Luis de la O (célebre por haber falsificado su título de abogado), había renunciado en diciembre de 2019. En enero de 2020, el empleado confirmó a Factum que seguía en la institución.
Osiris Luna contrató como jefe de la oficina que certifica los antecedentes penales a una persona que inventó ser abogado. No solo eso: Centros Penales se ha esmerado en mantener en secreto la artimaña de este empleado, que tiene como mérito ser miembro de GANA y cercano a Luna.
El presidente Bukele, envuelto en un proceso sancionatorio por negarse a entregar información pública sobre el Organismo de Inteligencia del Estado, acudió a una instancia judicial para frenar la medida que le había impuesto el IAIP.
¿Qué más marcó la agenda en 2019? El envío de información confidencial del IAIP a Casa Presidencial, la decisión de una cámara que tocara a una niña no es delito y la tregua que recibieron los salvadoreños beneficiarios del TPS.
El analista informático Carlos Palomo valora el envío de información confidencial que el IAIP hizo a la Presidencia. Palomo creee que los datos personales de los solicitantes pueden servir para alimentar un mecanismo de espionaje desde el Estado.
Audios de una reunión en el IAIP demuestran que los comisionados sí supieron que información confidencial de los ciudadanos salió del instituto hacia Casa Presidencial. También prueban el reproche hacia el presidente del IAIP.
En la primera quincena de junio de 2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública mandó a Casa Presidencial reportes que contenían datos personales de solicitantes de información.
La Cámara de lo Penal no cuestiona el hecho imputado -el tocamiento a una niña de 10 años- ni la acusación hecha por la Fiscalía; en su resolución, tratan de convencer que la fugacidad de un tocamiento no constituye una agresión sexual.
