La Sala de lo Constitucional dejó sin efecto el decreto del presidente de la República que permitía una emergencia nacional por coronavirus saltándose la aprobación de la Asamblea Legislativa. La resolución le dio una bofetada a la aprobación unilateral de decretos de emergencia, pero al anularlo la Sala revivió un decreto legislativo de marzo de 2020 que le permite al Gobierno realizar compras directas sin licitaciones en la emergencia. La Asamblea debe emitir un nuevo decreto antes del próximo 29 de mayo.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto el decreto Ejecutivo 19, ocupado por el Gobierno para decretar un estado de emergencia nacional por el coronavirus sin la participación de la Asamblea Legislativa. Y para evitar que el país se quede sin emergencia nacional, la sala resucitó el decreto Legislativo 593, con el cual empezó la emergencia por el virus el pasado 14 de marzo de 2020 (y que venció el pasado 16 de mayo), el cual le permite al Gobierno hacer compras saltándose los procesos de licitación.
El decreto Ejecutivo 19 de emergencia nacional fue firmado por el presidente Nayib Bukele sin pasar por la Asamblea Legislativa y con base a la Ley de Protección Civil. Fue emitido de la misma forma que el decreto Ejecutivo 18, que también está bajo estudio de la Sala de lo Constitucional, ya que un demandante señaló que el presidente ha invadido competencias legislativas al decretar emergencia nacional sin la aprobación de los diputados.
“Jamás una ley –como la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, art. 24– puede estar por encima de la Constitución”, recordaron los magistrados de forma unánime este viernes 22 de mayo en la sentencia que suspendió el decreto Ejecutivo 19.
Con el decreto Ejecutivo 19, el presidente Bukele había dejado de lado las funciones constitucionales que les competen a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema, en específico a la Sala de lo Constitucional, luego de más de dos meses de tensiones entre los tres órganos de Estado. Bukele, aferrado a su versión de que debe proteger la vida de los salvadoreños, ha vetado leyes emanadas de la Asamblea Legislativa que procuran, de forma contradictoria al discurso presidencial, proteger los derechos humanos de las personas contra las violaciones que han cometido la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, al detener de forma ilegal ciudadanos quienes, bajo criterios personales de policías y soldados, no tienen justificación para estar fuera de sus casas durante las cuarentenas.
El presidente había emitido sus propios decretos de emergencia nacional alegando que la Asamblea no estaba reunida, basándose para ello en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Pero en esta última resolución la Sala le advierte que él no puede emitir decretos de emergencia de forma unilateral.
“El Presidente de la República no estaría habilitado para declarar un estado de emergencia por el solo hecho de que la Asamblea Legislativa no esté sesionando. Para que el presidente pueda hacerlo, es condición necesaria que a la Asamblea Legislativa le resulte imposible hacerlo”, resolvieron los magistrados.
Esta vez, para poner fin a una controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Sala ocupó la reviviscencia, una figura jurídica que le permite a los tribunales resucitar leyes cuando hay alguna laguna jurídica. La Sala de lo Constitucional de El Salvador, como otros tribunales constitucionales del mundo, ha usado esta figura por lo menos desde los noventa. Entre los ejemplos recientes está la inconstitucionalidad 6-2016, cuando el ahora asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, pidió declarar inconstitucionalidad la Ley de Probidad. La sala, para evitar un vacío legal con la admisión de la demanda, revivió la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
El decreto legislativo revivido por la sala ha sido seriamente cuestionado por constitucionalistas por dejar demasiado margen para atropellos a los derechos humanos. De hecho, hay varias demandas en la Sala contra el referido decreto, sobre las cuales aún no se ha pronunciado los magistrados. Por eso hay algunos abogados que, pese a la cachetada al decreto ejecutivo 19 de Bukele, interpretan la resolución de este viernes como ganancia para el Ejecutivo.
“La sala, en lugar de procurar la protección de derechos constitucionales, privilegia y extiende en el tiempo los poderes extraordinarios de un Órgano Ejecutivo caracterizado por el autoritarismo, la opacidad y la masiva violación de derechos constitucionales”, opinó el constitucionalista Salvador Anaya.
En la práctica, la nueva entrada en vigencia del decreto legislativo 593 le permitirá al gobierno mantener las restricción al transporte público, la cuarentena domiciliaria obligatoria, las compras sin licitaciones y la suspensión de clases, entre otras.
La vida que le dio la sala al decreto 593 no es perpetua. Los magistrados establecieron que estará vigente hasta el 29 de mayo, porque para esa fecha la Asamblea Legislativa ya tendrá que haber emitido un decreto que lo reemplace. Y los magistrados añadieron una advertencia: “un estado de emergencia nunca puede suponer la suspensión de los derechos fundamentales”.
El presidente Bukele, que durante esta emergencia por el Covid-19 ha desacatado órdenes de la Sala de lo Constitucional (se negó a obedecer una resolución que le ordenaba frenar los abusos y las detenciones abritrarias por violar la cuarentena) no ha emitido opinión sobre esta resolución de la Sala.
Esta última semana fue conflictiva para los poderes del Estado en El Salvador. El vencimiento del decreto legislativo 593 hizo que el Ejecutivo aprobara, sin consultar con la Asamblea Legislativa, dos nuevos decretos para mantener la emergencia por el coronavirus. Los diputados, por su parte, aprobaron una nueva ley que, sin decretar emergencia, mantenía la cuarentena domiciliaria y además ordenaba la apertura gradual de la economía en distintas fases durante los próximos seis meses. Esa ley aún no está vigente -el presidente Bukele anunció que la vetará- y propició nuevos ataques entre el presidente y los diputados.
Llamados de atención
Los magistrados también emplazaron a los otros dos Órganos de Estado a que trabajen de forma coordinada y le hace un llamado especial al presidente de la República: “Para que en el ejercicio de sus competencias, especialmente en el proceso de formación de cualquier ley, cumpla con el deber que le impone el artículo 168 de la Constitución, según el cual es obligación del Presidente de la República procurar la armonía social, y conservar la paz”.
Reprocharon la velocidad con la que la Asamblea Legislativa ha estado reaccionando ante la emergencia: “A esta sala le llama poderosamente la atención la actitud con que la Asamblea Legislativa está ‘afrontando’ la situación de emergencia provocada por la pandemia que aqueja, no solo al pueblo salvadoreño, sino también al mundo entero”, se lee en la resolución.
Los magistrados también le recordaron al Ejecutivo que no le compete a la sala resolver un tema epidemiológico, porque ellos están para vigilar que el combate a la pandemia se haga con el respeto de la Constitución de la República y del Estado de Derecho.
El secretario jurídico de la Presidencia Conan Castro dijo que, además del decreto legislativo revivido por la Sala, disponen del decreto ejecutivo 26 del ramo de Salud, que en desacato a disposiciones de la sala mantiene detenciones para personas que irespetan la cuarentena y establece restricciones de movilidad, así como la prohibición de la circulación del transporte público.
Según resolución de la Sala de lo Constitucional, queda vivo el decreto 593 q determina el Estdo de Emergencia y todos los derechos contenidos en el mismo https://t.co/kPifWU8BAj
— ConanCastro (@CONANCASTRO2) May 23, 2020
Confrontación por la emergencia
El estado de emergencia respaldado por el decreto legislativo 593 venció el pasado 16 de mayo. Ese vacío legal fue materia de conflictos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa.
El gobierno de Nayib Bukele optó por dos decretos ejecutivos que salieron de su mismo gabinete desde el pasado 19 de mayo. Se trató del decreto ejecutivo 19, que declaró un estado de emergencia nacional por la enfermedad, y del decreto ejecutivo 26 del ramo de Salud, que regula un nuevo período de 15 días para la cuarentena domiciliaria obligatoria.
La emergencia nacional contenida en el decreto ejecutivo 19 solo tiene cuatro artículos y se limitan a declarar el estado de emergencia en El Salvador por quince días y a conminar a todas las instituciones públicas y privadas a atender cualquier disposición que decida el órgano ejecutivo para la contención de la pandemia. Sin embargo, los considerandos del decreto revelaron una línea temporal del conflicto interinstitucional entre Bukele, los diputados y los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En el considerando número once, el gobierno de Bukele se excusó en que emitió, en un principio, el decreto ejecutivo 18, siempre de emergencia nacional, ante la falta de voluntad de la Asamblea Legislativa de prorrogar el estado de emergencia que empezó el 14 de marzo de 2020 y recién finalizó el 16 de mayo pasado. En ese considerando, Bukele omitió detallar que la razón por la que la Asamblea no aprobó otra prórroga más a su decreto legislativo 593 fue porque los diputados anunciaron que preparaban una nueva ley para atender “de forma sanitaria y no punitiva” la pandemia, así como se iban a regular las cuarentenas para evitar violaciones a los derechos humanos por el gobierno de Bukele y para programar una reanudación de labores.
En el siguiente considerando, el doce, Bukele y su secretario jurídico, Conan Castro, alegaron que cumplieron con el mandato de la Sala de lo Constitucional en su resolución 63-2020 de buscar coordinación con la Asamblea Legislativa para la elaboración de normativas.
De hecho, el lunes 18 de mayo por la tarde, mientras los diputados discutían la nueva ley para atender la pandemia, los secretarios jurídico y privado, Conan y Ernesto Castro, y los ministros de Salud, Francisco Alabí, y de Hacienda, Nelson Fuentes, estuvieron en la Asamblea por un par de horas y luego se retiraron. En una conferencia de prensa que brindaron antes de marcharse, Ernesto Castro dijo que no fueron recibidos por los diputados y que no los iban a esperar luego de que la Presidencia invitó en dos ocasiones a los diputados la semana anterior para reunirse en la casa de gobierno para acordar, según el interés de Bukele, el decreto legislativo 593.
El lunes 18, los diputados aprobaron cerca de la medianoche una nueva Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de Salud y Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia COVID-19. Esa ley le da la pauta al gobierno para establecer los mecanismos de la emergencia nacional, las cuarentenas y el plan de reactivación económica. Los diputados del FMLN se quejaron en la sesión plenaria nocturna del 18 de mayo de que los representantes del gobierno, cuando han necesitado la aprobación de deuda por 2,000 millones de dólares una vez, y por 1,000 millones de dólares en la siguiente ocasión, han sido capaces de permanecer hasta horas de la madrugada en la Asamblea Legislativa, por lo que no aceptaron la versión del gobierno de que los legisladores no quisieron atender a los secretarios y ministros que solo permanecieron unas horas en el congreso el día de la aprobación de la nueva ley.
El decreto ejecutivo 19 fue publicado en el Diario Oficial el pasado martes 19 de mayo. Este decreto es una especie de salto legal que hizo el gobierno de Bukele ante la suspensión que dictó la Sala de lo Constitucional del decreto ejecutivo 18, publicado el sábado 16 de mayo, que también declaraba la emergencia. La sala emitió una resolución en que admitía el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente y ordenaba a los diputados y al mandatario a coordinar su trabajo para la formación de ley. Ese mismo día, la Asamblea aprobó la nueva normativa y Bukele, desde su cuenta de Twitter, sin ningún argumento legal de por medio, adelantó un veto contra el cuerpo normativo.
Una ley ignorada
Sesenta y tres diputados aprobaron el lunes 18 de mayo la Ley Especial Transitoria de Atención Integral de Salud y Reanudación de las Labores en el Marco de la Pandemia COVID-19, una normativa sustituta del decreto de emergencia nacional que venció el pasado sábado 16, con el añadido de un plan de reinserción a las jornadas laborales. El mandatario anunció una propuesta de ley, acordada con empresarios, y adelantó un veto contra la nueva legislación.
La nueva ley obliga al Ministerio de Salud a elaborar un “plan nacional de prevención, contención y respuesta” contra la enfermedad COVID-19 y presentárselo a la Asamblea. También da la libertad a hospitales privados para que den atención a pacientes infectados con el coronavirus, y permite a las droguerías, laboratorios clínicos y farmacias que importen, distribuyen y apliquen las pruebas PCR para detectar el virus. En la ley se ordena al gobierno a implementar campañas de educación para evitar el contagio de la enfermedad.
Diputados de la Asamblea Legislativa durante la discusión de prórroga del decreto legislativo 593 el pasado 18 de abril de 2020.
En cuanto a la facultad del Ministerio de Salud de decretar zonas epidémicas, estas áreas no podrán ser mayores que un kilómetro cuadrado, con una resolución motivada y argumentada científicamente, firmada por una autoridad identificable, con la intención única de aplicar métodos preventivos y curativos para las personas. Los cordones en esas zonas epidémicas no podrán exceder las 48 horas.
Para el caso de las cuarentenas domiciliarias, los diputados dejaron claro que la prioridad deberá ser que los infractores, en caso de resultar negativos al virus, sean devueltos a sus casas para someterse a una cuarentena asistida, en lugar de enviarlos a centros de contención. La Asamblea, como en el decreto legislativo 593 que venció, liberó de responsabilidades laborales y les reitera su derecho a remuneración a todas las personas mayores de 60 años y con padecimientos preexistentes que signifiquen vulnerabilidad inmunológica ante el coronavirus, así como a las personas en cuarentena u hospitalizadas por resultar positivos del virus y a los salvadoreños que se quedaron varados en otros países sin poder regresar por el cierre de aeropuertos.
Sobre los viajeros varados, la Asamblea también incluyó en la ley que el gobierno debe presentar un plan de repatriación detallado para todos los salvadoreños que desean retornar. En la nueva ley se estipula la creación de un Comité Interinstitucional Multidisciplinario y Contralor de Políticas Públicas en la Pandemia. El comité, según la ley aprobada, estará formado por Salud, Protección Civil, Economía y Trabajo. Y por la sociedad civil, el Colegio Médico, el Colegio de Profesionales de las Ciencias Económicas, la Universidad de El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El comité será juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa y su financiamiento también será fundamentado en el presupuesto de la Asamblea. La UCA, este miércoles 20 de mayo, expresó su agradecimiento por incluirla en el comité, pero declinó participar por no haberla consultado con anticipación, pero, especialmente, porque El Salvador se encuentra “en un momento en el que parece no haber condiciones para el entendimiento entre los órganos del Estado y la legalidad se pone continuamente en entredicho”.
La ley mantiene la suspensión de clases presenciales en el sistema educativo público y privado, también mantiene válidos todos los documentos de identidad que han caducado como duis, pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de circulación de vehículos y tarjetas de residencia temporal y permanente. Hay una orden explícita, también, de que el gobierno debe coordinar junto a las 262 alcaldías de El Salvador, la garantía de la seguridad alimentaria para la población. Los pagos diferidos de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones también están incluidos en la ley.
Otras actividades que siguen suspendidas en la nueva ley son los espectáculos públicos y los eventos deportivos públicos, el transporte recreativo y turístico, ferias, fiestas patronales, espacios cerrados de atención en restaurantes, iglesias y lugares de culto, museos, centros de convenciones, salas de recepción, cines y teatros. También bares y discotecas, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares, salones de belleza, peluquerías y barberías (estos tres últimos podrán atender por citas individuales), gimnasios, piscinas públicas, casinos y loterías.
Aún no hay claridad sobre lo que ocurrirá con esta ley aprobada por la Asamblea, esto después de la resolución de la Sala de lo Constitucional que revive el decreto legislativo 593 y por el anuncio del presidente Bukele que vetará la nueva ley.
Decretos presidenciales sin ley
El Salvador amaneció este miércoles 20 de mayo sin ninguna ley desde la Asamblea Legislativa que regule la emergencia por la pandemia ni las cuarentenas decretadas por el órgano ejecutivo. La emergencia venció el sábado 16 y la ley de cuarentena caducó a la medianoche del martes 19.
Lo que sí publicó el Diario Oficial salvadoreño fue el decreto ejecutivo 19 (ahora suspendido por la Sala) y el otro con el número 26 del ramo de Salud. El decreto 26 es el que pretende regular la cuarentena domiciliaria obligatoria en el país. Y si bien estos dos decretos no tienen base legislativa en la qué fundamentarse, este 20 de mayo las autoridades como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador mantuvieron retenes para cuestionar a las personas por qué estaban fuera de sus casas.
Un letrero improvisado invitando a los residentes de un caserío ubicado sobre la carretera a Suchitoto, ha sido pintado por los habitantes para prevenir el contagio del Covid-19.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
El decreto 26 de Salud mantiene la facultad de las autoridades de detener a las personas que infrinjan la cuarentena y las llevarán a un centro de evaluación donde médicos las someterán a pruebas para decidir luego si son enviadas a centros de contención. El transporte público, en este decreto, sigue suspendido, a diferencia de la ley que aprobaron los diputados, que reactiva su circulación. También se mantienen el control de salidas de las personas para abastecerse de alimentos y artículos de primera necesidad por el último número de los documentos únicos de identidad.
Este 20 de mayo, el diputado de Arena Carlos García Saade y la directora de asuntos jurídicos del Coena, Estefany Escobar, presentaron ante la Sala de lo Constitucional recursos de inconstitucionalidad contra los decretos ejecutivos 19 y 26 de Salud. Mientras que 25 organizaciones sociales presentaron una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que le solicitan que se active la Carta Democrática contra el gobierno de El Salvador ante la violación de la independencia de poderes de la república salvadoreña por parte del órgano ejecutivo, las detenciones ilegales, la vulneración de garantías constitucionales y el abuso a los derechos humanos.
El presidente Bukele, en respuesta, en una conferencia de prensa nocturna este mismo miércoles 20 de mayo, anunció que demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tanto a la Asamblea Legislativa como a la Sala de lo Constitucional por la violación al derecho a la salud de los salvadoreños, por no permitirle, según su versión, usar herramientas para la prevención y contención de contagios.
El gobierno tiene programado pedir a la Asamblea Legislativa que ratifique el desembolso de un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 389 millones de dólares para atender la emergencia por la pandemia. También prevé solicitarle que, a nivel legislativo, aprueben nuevos decretos legislativos de emergencia y de cuarentena, que sean copia de los textos de sus decretos ejecutivos, para darles viabilidad constitucional.
Bukele, en la conferencia, dijo que vetará la nueva ley aprobada por los diputados por ser una “ley de muerte” y calificó con antelación que si la Sala de lo Constitucional suspende los efectos de sus dos decretos ejecutivos cometerá una “infamia”. La sala, hasta el cierre de esta edición, no se había pronunciado aún sobre los recursos de inconstitucionalidad contra los nuevos decretos del presidente salvadoreño.
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3 Responses to “Sala anula la ley de Bukele y revive la emergencia decretada por la Asamblea”
Si la Ley de Protección Civil en su Articulo 24 es inconstitucional, entonces ¿Porqué LA SALA no lo declara Inconstitucional? para que sea derogado, no es cierto que el Presidente Bukelle este invadiendo atribuciones, tampoco es que tenga vetado realizar acciones Constitucionales, ni mucho menos que únicamente lo puede hacer cuando a la Asamblea Legislativa le resulte imposible sesionar. Para comenzar el Articulo 24 es Claro, dice “”Cuando la Asamblea Legislativa no este Sesionando”” JAMAS DICE CUANDO SE LE RESULTE IMPOSIBLE. Por otra parte me sorprende o quiza no alcance a comprender, ¿Por Qué, les interesa más el Derecho Humano “Libre Tránsito” y no el Derecho “A LA VIDA” Si cualquier otro Derecho del Ser Humano, pierde VALOR, SIN LA VIDA. ¿Cómo puede ejercerse los demás derechos sin VIDA? Me deja un sin sabor todo esto, más pareciera que hay ventrílocuos moviendo los hilos por intereses MEZQUINOS Y AMBICIOSOS, que Dios los Perdone si es así y sino Que Dios me perdone por mal pensado.
vivimos en la colonia la presita 1 en san miguel, en las noticias dice que en san miguel ya se repartieron las canastas de alimentos del gobierno de bienestar social. ES FALSO! La alcaldia es la que ha repartido unas bolsas plasticas de alimentos son bien chiquitas