Probidad detectó $1.4 millones no justificados en las cuentas de Walter Araujo

La sección de Probidad de la Corte Suprema determinó que el exmagistrado Walter Araujo gastaba más de lo que ganaba. Depósitos por $30 mil hechos por empleados del TSE a una cuenta paralela a la que tenía para recibir su salario, vehículos comprados a Herbert Saca sin conocer el origen de los fondos, pagos de tarjeta de créditos y de deudas que no salieron de su salario son algunos de los hallazgos de la oficina de Probidad al examinar el patrimonio del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y su círculo familiar.

Ilustración FACTUM/Andrea Maida

¿Qué tienen en común el exmagistrado electoral Walter Araujo, el exfiscal general Luis Martínez y  el expresidente del país Mauricio Funes? Los tres exfuncionarios tenían un estilo de vida, compras en tiendas de lujo y depósitos bancarios que no correspondía con sus ingresos como funcionarios públicos. Los tres, según sus exámenes patrimoniales, gastaron más de lo que ganaron. Araujo, que fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2004 y 2014 por el partido Arena, podía gastar $1,177 en una sola visita a la famosa casa de modas Jimmy Choo, como lo hizo en 2006 en Miami cuando su salario mensual era de $3,518.48. 

La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) examinó el patrimonio del exmagistrado, expresidente del partido Arena y ahora precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas. La observación principal: los gastos del exmagistrado eran superiores a sus ingresos. Araujo fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral por 10 años: presidente en el periodo 2004 a 2009 y magistrado propietario entre 2009 y 2014. El dinero que pasó por sus cuentas en esos diez años refleja inconsistencias en depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito, compras de vehículos y cobro de viáticos por viajes que no realizó, según la auditoría que hizo la oficina que vigila la honradez e investiga el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. 

Probidad detectó que el exmagistrado depositó en efectivo $106,075 en seis cuentas bancarias, dinero del que se desconoce su origen porque era adicional a sus ingresos salariales. Esos depósitos llamaron más la atención de los auditores ya que, según las declaraciones de impuesto sobre la renta proporcionadas por el Ministerio de Hacienda, en el periodo de 2004 a 2014 Araujo únicamente reportó ingresos provenientes del Tribunal Supremo Electoral. Él mismo informó a Probidad, en tres de las cuatro declaraciones que debía presentar, que tuvo ingresos salariales en el TSE por un total de $292.579.

El exmagistrado también saldó varias de sus deudas en sus diez años en el TSE. Realizó pagos de préstamos bancarios y tarjetas de crédito por un monto de $468,625.07. Esos abonos a tarjetas, según Probidad, “no se relacionan con retiros de sus cuentas bancarias, desconociendo el origen de los fondos que le permitieron financiar dichos pagos”, según se lee en las conclusiones de esa oficina. Factum tiene una copia de ese informe.

Araujo, quien después de ser dirigente de Arena pasó a ser candidato a alcalde por Gana y ahora ha sido reciclado como aspirante a diputado del partido del presidente Nayib Bukele, movió en sus cuentas $1.4 millones, entre depósitos por $106 mil, pagos de deudas por casi medio millón de dólares, compra de vehículos por $61 mil, y cobro de viáticos no justificados entre 2010 y 2014, operaciones financieras de las cuales, según el examen Probidad, se desconoce el origen porque no corresponden con sus ingresos mensuales de $3,518 como magistrado del TSE.  Lo que ganaba, de acuerdo al examen, no permitía costear la lujosa vida que reflejan sus cuentas ni las de su grupo familiar, patrimonio que también fue examinado por la Sección de Probidad.

Luego de leer despacio y meditar los tuits de @XZablah nuestro Secretario General de @nuevasideas , de leer el instructivo y todas sus reglas…sabiendo que cumplo los requisitos, he decidido POSTULARME para una candidatura a diputado por San Salvador por @nuevasideas 🙏🏻 https://t.co/YvZO1rCBvU

— Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) June 6, 2020

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la cual está adscrita la oficina de Probidad, discutieron el caso en diciembre de 2019. Pero desde entonces no lo han vuelto a agendar. La discusión se congeló porque están finalizando el reglamento que, de una vez por todas, definirá cómo serán examinadas las cuentas de los funcionarios públicos. En los últimos años han ido improvisando y a algunos exfuncionarios les han aplicado reglas más estrictas que a otros: a la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, por ejemplo, le permitieron presentar documentación a última hora, lo que le permitió desaparecer un cuestionamiento por $11 millones.

La investigación del patrimonio de Araujo arrancó en 2017 cuando la Sección de Probidad le pidió información a los bancos. Hay tres cosas que los magistrados de la Corte deben decidir en la actualidad: la principal, es si le admiten o no un documento de descargo que él remitió para su defensa cuando ya había vencido el plazo para que presentara sus pruebas. 

Los magistrados también deben decidir si Araujo debe responder por la forma en que presuntamente se enriqueció en su primer período como magistrado. Él ha pedido en su defensa que se ignore todo lo relacionado con su patrimonio antes de 2009, porque ya pasaron 10 años desde entonces y el artículo 240 de la Constitución establece que después de 10 años no hay posibilidad de juzgar a alguien, aunque se compruebe que se enriqueció ilícitamente.  

El tercer dilema de la Corte es si excluye del examen patrimonial a la esposa actual y a la exesposa del investigado, lo cual reduciría el monto cuestionado por los auditores de Probidad a $747,974.67. En casos anteriores, como el del ex dirigente efemelenista Sigfrido Reyes, prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción, la Corte tomó en cuenta los ingresos de los familiares de los investigados antes de emitir un veredicto sobre indicios de enriquecimiento ilícito. La Constitución misma dice -también en el artículo 240- que para determinar si hay un aumento injustificado de capital se debe considerar en conjunto los ingresos del funcionario, cónyuge e hijos.

Las compras del exmagistrado

El monto cuestionado a Araujo por pagos a deudas y tarjetas de crédito asciende a $468,625.07, casi medio millón de dólares. El exfuncionario llegó a abonar $156,000 a una sola tarjeta de crédito, en la cual cargó con compras en negocios exclusivos salvadoreños: en 2009 era asiduo al Bingo Club, donde acumula varias facturas arriba de los $1000. También frecuentaba un club denominado The Best, donde también gastaba entre $900 y $1000 por visita. En la tienda de la marca Perry Ellis gastó $1099.80 en una sola visita en 2005; en 2006 gastó $597.84 en Max, una tienda de electrodomésticos de El Salvador. Ese mismo año también compró joyería por $740 en la tienda Tous, y también realizó compras en joyerías y supermercados con facturas arriba de los $500.

Araujo tuvo gastos en viajes que no constan en los viajes oficiales reportados por el TSE. Las compras en el exterior del exmagistrado también aparecen consignadas en el informe: el exmagistrado pagó $1032 en The Shore Club, en Miami, en junio de 2006, mes en que, según la información proporcionada por el TSE, no registra ninguna misión oficial hacia Estados Unidos; o compras por $771.67 en Target, Orlando, Estados Unidos; o por $1501.47 en Sony, en Arlington, en 2007.

El exmagistrado del TSE por partido Arena y precandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, Walter Araujo. Foto FACTUM/Archivo

El examen patrimonial también determinó que Araujo compró vehículos entre 2009 y 2014 por un total de $61,000, dinero del cual Probidad desconoce el origen. Compró dos de estos vehículos a un proveedor a quien le han comprado muchos de los políticos investigados en casos de corrupción: Herbert Ernesto Saca Vides, operador político del expresidente Antonio Saca, ahora en prisión por actos de corrupción, y también del expresidente Mauricio Funes, prófugo en Nicaragua.  El nombre de Herbert Saca es recurrente en las investigaciones de la Sección de Probidad: ha aparecido como proveedor de vehículos del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, del exministro René Figueroa, del exsecretario privado Élmer Charlaix y de otros exfuncionarios que hoy enfrentan un proceso civil por enriquecimiento ilícito.

En 2009, Araujo compró una camioneta marca Lexus año 2004 por $28,000 a la esposa del exdirigente arenero Francisco Laínez, la que luego vendió por el mismo precio a Andrés Rovira, expresidente de GANA. Araujo fue candidato de ese partido para la alcaldía de San Salvador en el año 2015. Un año después, Araujo compró una camioneta Toyota Rav 4 año 2009 por $20 mil a Herbert Saca. Luego, en 2014, le compró a Saca un vehículo GMC 2010 por $13 mil.

La compra de los tres vehículos, según lo observado por Probidad, “no se relaciona con el retiro de efectivo de sus cuentas bancarias, cuentas del grupo familiar, ni con el rubro de deudas reportadas por el sistema financiero”.

Los cuestionados depósitos que involucran a los empleados electorales

Los abonos a tarjetas de crédito o depósitos en cuentas podían llegar a los 3 mil dólares. Y, según el reporte de Probidad, no correspondían con los retiros de Araujo en sus otras cuentas. En 2006, un año de elecciones legislativas y municipales, Araujo depositó en efectivo $29 mil en una de sus cuentas. Lo hizo el 31 de mayo de ese año.

En la cuenta 012-305-00-000358-9 del Banco Cuscatlán el exmagistrado recibió depósitos por un total de $81,964, de los cuales $37,811 fueron depositados por terceras personas, en su mayoría empleados del Tribunal Supremo Electoral. Uno de sus motoristas José Enrique Díaz Velásquez, depositaba dinero en efectivo en esa cuenta. Uno de esos depósitos fue por $3 mil el 13 de marzo de 2007.

Néstor Ruiz Latin, quien también trabajaba en aquella época en el TSE, le hizo depósitos en más de una ocasión. Carmen Elena Flores, otra asistente administrativa, le depositó $3 mil el 12 de septiembre de 2008. Santos Chávez García, también motorista, le depositó $2,500 el 31 de julio de 2008.

Los depósitos de empleados en las cuentas del exfuncionario era algo recurrente. La esposa del funcionario también delegaba a los mismos empleados electorales para retiros y depósitos, según se desprende del análisis patrimonial que incluye sus cuentas.

El exmagistrado ha dicho en su defensa que los depósitos en efectivo que hacían sus empleados era por reintegro de viáticos del TSE. Es decir, que él asistía a misiones oficiales, y hasta después de los viajes el Tribunal le reintegraba sus gastos. “Al no haber recibido los gastos con anterioridad, mi mandante se vio en la necesidad de cubrir sus gastos con sus propios medios habiendo reembolsado los mismos a la recepción tardía de los mismos”, dijo el abogado de Araujo, en el escrito de defensa enviado a la Corte en noviembre pasado.

Probidad también encontró inconsistencias en los viajes. Los auditores cruzaron la información de viajes que dio el TSE con la información de viajes de la Dirección General de Migración y Extranjería y hallaron cosas que no cuadraban, por ejemplo, viajes reportados por Migración en días laborales que no fueron reportados por el Tribunal. O al revés: viajes pagados por el TSE que no fueron realizados, según los registros de Migración.

En diez años, el Tribunal Supremo Electoral le entregó $279,170 para viáticos y gastos de viaje. La auditoría patrimonial estableció que el Tribunal le pagó al magistrado por viajes que no realizó, algo que su mismo defensor admite en un informe de descargo.  

“Existen diferencias en fechas de salidas y entradas entre lo reportado por el Tribunal Supremo Electoral y lo informado por la Dirección General de Migración y Extranjería”, determinó Probidad, lo que les llevó a concluir que Araujo cobró por viajes que no realizó, y que el TSE le entregó, $58,275.00.

Parte del informe de Probidad del exmagistrado del Tribunal Suprema Electoral, Walter Araujo.

Una auditoría para justificar el exceso

Walter Araujo presentó su descargo hasta el 15 de noviembre de 2019, un año después de haber sido notificado de los hallazgos del examen patrimonial. Él había sido notificado el 26 de noviembre de 2018, y le habían dado un plazo inicial de 10 días hábiles para desvanecer los señalamientos.  Es por eso que los magistrados están dudando si le admiten o no esas explicaciones. 

En el documento de defensa, de 84 páginas, lo primero que hace Araujo, a través de su apoderado Luis Giancarlo de la Gasca, es rechazar los señalamientos. “Vengo a negar categóricamente cualquier señalamiento que se le pretenda atribuir de algún enriquecimiento ilícito”, se lee en el escrito.

Su defensor ha pedido que se descuente el medio millón de dólares no justificado en las cuentas de su esposa, porque ellos contrajeron formalmente matrimonio hasta el 22 de diciembre de 2012, y algunos de los montos cuestionados en el patrimonio de ella son anteriores a esa fecha.

La esposa de Araujo llegó a trabajar al TSE como asesora en octubre de 2010, y se casó con él dos años después.  Probidad explica en su informe la razón por la cual se puso a examinar las cuentas de la esposa del investigado en fecha anterior a su matrimonio: “No obstante ella es esposa del Sr. Walter René Araujo desde diciembre de 2012, se toman en cuenta los viajes realizados a partir de abril de 2010, debido a que viajan al mismo lugar de destino y en el período que él era funcionario del Tribunal Supremo Electoral”, dice el informe. Una consideración que a la defensa de Araujo le parece “sexista, ofensiva y discriminatoria”.

Araujo y su actual esposa viajaron en al menos nueve ocasiones juntos, según el reporte. Él hasta fue denunciado en el Tribunal de Ética Gubernamental en 2013 por tres de los viajes que realizó con ella porque, según los denunciantes, fueron viajes “ajenos a los fines institucionales” pero pagados con fondos públicos. La denuncia en el TEG, como muchas otras, no prosperó.

Parte del informe de Probidad del exmagistrado del Tribunal Suprema Electoral, Walter Araujo, en el que se explican los viajes realizados por su esposa.

La defensa de Araujo recuerda que la Constitución solo permite juicios durante los 10 años posteriores a la finalización del periodo de un funcionario.  Y pide descartar todos los hallazgos anteriores a 2009. Solo ese periodo 2009-2014 arroja inconsistencias por $459,381.  

Para descontarse el monto cuestionado, Araujo aseguró que ganó $98,741.61 de una consultoría que hizo en 2005 con la empresa mexicana Inteligencia Aplicada en Políticas Públicas S.C. De estos pagos no hay transferencias porque, según él, recibió toda esa cantidad de dinero en efectivo. Y no solo lo hizo una vez. También dice haber recibido de la misma empresa $147, 855.63 en concepto de “asesorías” en 2006, siendo magistrado presidente del Tribunal.

Inteligencia Aplicada en Políticas Públicas S.C fue constituida en junio de 2005, el mismo año que Araujo dice haber recibido el primer contrato con ellos. Fue inscrita en en el Registro Público de la Propiedad de Monterrey, en México. Revista Factum intentó contactar a los representantes de esa sociedad para conocer más detalles de esas consultorías, pero nadie contesta el único número telefónico disponible y, según un proceso judicial reciente en México, esa empresa no ha podido ser localizada para ser emplazada en una demanda en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Otro de los argumentos del exmagistrado para disminuir el monto cuestionado por Probidad es que en julio de 2014 tuvo un ingreso de 40 mil dólares por la venta de un terreno en la playa Maculis, de La Unión, que era propiedad suya y de su hermano Carlos Araujo, pero que, según una declaración jurada de este último, el dinero de esa compraventa fue completa para el exmagistrado.  La compradora fue su suegra, la madre de su actual esposa.

 Walter Araujo aseguró, además, que entre 2004 y 2014 arrendó esa propiedad por $1500 mensuales, lo que supuestamente le generó ingresos en efectivo por $178,500. Lo curioso es que, según su descargo, uno de los supuestos arrendatarios de ese terreno fue Julio Salomón Díaz Moisés, también empleado del TSE cuando Araujo era magistrado.

Carlos Araujo confirmó a Revista Factum que, pese a que compró ese terreno con su hermano, no recibió ni un centavo cuando Walter lo vendió. “La compra del terreno fue conjunta, pero él invirtió en todo lo de la construcción, al final se quedó con todo, lo administró él, yo me desligué.  Se usó familiarmente, pero hubo un tiempo que él empezó a rentarlo, estuvo alquilado un rato. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo”, dijo.

El descargo de Walter Araujo contradice la declaración de Walter Araujo. En las declaraciones juradas que presentó a Probidad, antes de que esta hiciera el examen patrimonial, jamás mencionó los ingresos de las consultorías. En su declaración de toma de posesión de 2004 declaró un patrimonio líquido de $43,347.40,  el cual se duplicó en los primeros cinco años de magistratura porque, según su misma declaración, llegó a $92,235.28 al final de su primer período.

Parte del informe de Probidad del exmagistrado del Tribunal Suprema Electoral, Walter Araujo.

Walter Araujo únicamente presentó tres de las cuatro declaraciones patrimoniales a las que por ley estaba obligado. Hasta ahora, el exmagistrado no ha presentado la de cese de funciones cuando terminó su magistratura en 2014. Probidad pudo reconstruir las finanzas del exmagistrado con la información aportada por la banca privada e instituciones de Gobierno.  

Revista Factum llamó a Walter Araujo para preguntarle sobre algunas dudas que quedan con los planteamientos en su defensa, como por ejemplo: ¿Por qué no reportó la información sobre la supuesta consultoría cuando presentó sus declaraciones patrimoniales? o ¿Por qué a la fecha sigue sin presentar la declaración de cese de funciones? Cuando la periodista se identificó, él respondió: “Yo con Factum no hablo”. Y cuando se le dijo que era para hablar de su declaración patrimonial colgó el teléfono. 

La decisión final

El trabajo de Probidad se apagó desde el año pasado, cuando los magistrados decidieron abandonar las investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios que dejaron sus cargos hace más de diez años. 

Este año, después de poner en suspenso el caso de Araujo, se pusieron a acordar los criterios de investigación. La discusión sobre ese reglamento empezó a inicios del año y se ha ralentizado con la llegada de la pandemia del coronavirus. En seis meses, los magistrados han logrado ponerse de acuerdo en aproximadamente 20 artículos del reglamento. Ya definieron, por ejemplo, que no se podrá investigar los años posteriores a la salida del cargo del funcionario, y que se podrá investigar de oficio casos de presunta corrupción publicados en medios de comunicación. También investigarán de oficio a funcionarios que, como Araujo, no presenten su declaración de cese de funciones.

“Teníamos en fila siete casos para Corte Plena, pero fuimos de la idea que los investigados tienen derecho que tengan un establecimiento claro previo de las reglas del juego. No era correcto que a uno se les daban más días para justificar que a otros”, explicó uno de los magistrados.

Los quince magistrados de la Corte deben decidir si, con base al informe de Probidad, envían a Araujo a juicio por enriquecimiento ilícito. La decisión, según fuentes judiciales consultadas, saldrá hasta que hayan finalizado el “reglamento especial para la tramitación de las diligencias de comprobación patrimonial”.