Los vigilantes privados que quedaron atrapados

Las empresas de seguridad privada no les dieron transporte a todos sus empleados, luego de las nuevas disposiciones del gobierno que suspendieron el transporte público. Estos son los relatos de cuatro vigilantes en San Salvador, algunos han decidido quedarse en el lugar de trabajo hasta que finalice la vigencia del decreto ejecutivo número 22.

Foto FACTUM/Jessica Ávalos


Alfredo debe caminar 69 kilómetros para regresar a su casa. Su turno como agente de seguridad privada terminará este viernes 8 de mayo a las 6 de la mañana, pero no tiene cómo volver a Santa Cruz Porrillo, donde vive en La Paz. Para llegar a pie hasta su casa necesita caminar 14 horas sin parar, según Google. Su compañero que debería relevarlo, y que vive en Santa Ana, ya le avisó que no podrá venir.  Entonces, Alfredo ha decidido permanecer, junto a otros compañeros de su ronda, en el edificio estatal que custodia en la colonia San Francisco de San Salvador.

“Nosotros tenemos la carta de movilización, pero de qué nos sirve. ¿En cuánto cree que voy a llegar de aquí para allá? ¿Quién me va a dar ´raid´ hoy en día, si creen que uno está infectado? No, si ahora todos desconfiamos de todos, ahora todos somos desconocidos”, dice el hombre de 41 años, recostado frente al portón azul del edificio que custodia.

Ese es el comentario de Alfredo horas después de la publicación del decreto Ejecutivo número 22, ese que tomó por sorpresa a la población salvadoreña por la prohibición de la circulación de transporte público, como una medida gubernamental para controlar la pandemia del coronavirus. No hay transporte interdepartamental y muchos agentes de seguridad privada deben viajar del interior del país para trabajar en la capital.

“Antes de hacer un cierre parcial lo hubieran comunicado y no lo hicieron. El presidente en la primera cadena no tenía sentido, nada coherente, tenía guardado lo que iba a hacer. La mayoría venimos de lugares muy lejos, por la misma situación económica buscamos trabajo en San Salvador. Y ahora no sabemos cómo nos vamos a mover”, agrega Alfredo.

Desde que empezó la cuarentena obligatoria, a finales de marzo de 2020, los turnos de Alfredo dejaron de ser de 24 horas y pasaron a ser de 48.  El costo de transporte se incrementó porque, según dice, los buses que lo llevan hasta su casa empezaron a cobrar más.

Las empresas de seguridad privada en El Salvador tienen una tradición de abusos laborales. En los últimos años han estado entre los rubros más denunciados ante el Ministerio de Trabajo. La jornada laboral no puede exceder de 48 horas a la semana, según el Código de Trabajo.  Pero ni Alfredo ni sus compañeros saben lo que viene ahora.

“Cuando hacemos los turnos de 48 horas, no nos pagan extra, nosotros lo pagamos con tiempo”, dice otro agente que trabaja en la misma agencia en la colonia San Francisco.

Alfredo gana $300, el salario mínimo. Antes de la emergencia, consultó el estado de sus cotizaciones en la AFP. Trabaja desde hace tres años en la misma empresa y constató que en el último año no le han abonado lo descontado. Para eso y para la incertidumbre por la falta de trasporte solo tiene una consigna: “Dejémosle las cosas a Dios”.

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Antonio cumple 48 años este jueves 7 de mayo de 2020. En su casa habían comprado un pastel para celebrarlo, pero no podrá partirlo. Lo celebrará, si se le puede llamar así, en su caseta, sosteniendo una escopeta frente a una empresa de telecomunicaciones, en la colonia San Francisco.

“Ni modo y qué le voy a hacer, ¿Cómo hago para irme ahorita? Ya quedamos atrapados. Por eso dice el dicho: el mañana no existe”, comenta el cumpleañero.

A él también le tomó por sorpresa el decreto Ejecutivo número 22. Vive en Olocuilta, La Paz, y no tiene cómo moverse hasta allá. La empresa de seguridad para la que trabaja le ha prometido llevarlo, pero eso será hasta el sábado.

“Yo estoy de acuerdo en todo lo que el gobierno está haciendo por la enfermedad, porque es un bien para uno mismo, pero esto sí ya no lo hubieran hecho. El presidente tiene que entender que hay gente pobre que necesita trabajar”, dice Antonio.

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En la colonia San Benito, en San Salvador, Daniel es de los vigilantes más afortunados. Fortuna, en estas circunstancias, es un turno de 12 horas que le permite volver a diario a su casa. Trabaja en una empresa que brinda seguridad a una compañía que suple insumos médicos. Su jefe sí lo mandó a recoger al Puerto de La Libertad para que trabajara este jueves 7 de mayo.

“Yo no tenía cómo transportarme, le llamé y me dijo: ´si no venís a trabajar no hay pago´. Como si es culpa de nosotros. La empresa lo que hace es descontar y no es cuestión que yo no quiera trabajar, pero sí me fueron a traer y me van a ir a dejar a las seis de la tarde”, comenta.

Más que cómo volver a casa lo que le preocupa a Daniel es que después de varios meses de trabajar en esa empresa no tiene Seguro Social y que no está cotizando con ninguna aseguradora. “Está bien tremendo porque en esta empresa yo no tengo seguro ni AFP, no me han querido meter, aunque todos los comprobantes están. Yo lo necesito porque es mi vida la que anda peligrando”, dice.

Daniel recibe $150 quincenales, porque no le aplican descuentos. “Trabajamos por hambre, porque la empresa gana $800 por guardia, y a nosotros nos dan $300, imagínese lo que les queda”, cuenta. El mes pasado recibió menos. Le descontaron $24 porque el 18 de abril, cuando el Gobierno impuso un cerco sanitario en el Puerto de La Libertad, él no pudo salir a trabajar.

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Rolando está en una gasolinera de la Alameda Manuel Enrique Araujo a las 7:40 de la mañana.  Allí se ha detenido a pensar cómo moverse a Atiquizaya, Ahuachapán, donde vive con su mamá de 72 años. Esta mañana terminó su turno como vigilante en la zona, y después de dar varias vueltas en la misma cuadra lo único que le queda es hambre y dudas.

Rolando, el vigilante que vive en Atiquizaya. Foto FACTUM/Jessica Ávalos

“Nos han dicho que a los de lejos no nos van a transportar, solo a los de cerca, y eso es normal. En esto tiene que hacer conciencia el presidente porque habemos un montón de personal de seguridad trabajando”, dice Rolando, quien empezó este trabajo hace ocho meses.

Su turno inició el miércoles a las 6 de la mañana y le correspondía salir este jueves a la misma hora. Su compañero que lo iba a relevar vive en Las Chinamas, en Ahuachapán, y tampoco pudo atravesar de occidente a la capital.

“El problema es que fue de repente, si hubiera sabido me hubiera traído una mi moto que tengo. Me voy a quedar porque no hay para dónde. Me imagino que tiene que ser los 15 días, porque no hay buses. Ya medio le dije a mi mamá, y ya aquí en la posición uno come cualquier cosa”, dice Rolando, de regreso en el puesto donde vigila un predio.

El decreto 22 estará vigente hasta el 21 de mayo: 15 días, 360 horas, fuera de casa, si Rolando no consigue cómo volver.

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