Carlos Sergio Avilés es el único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no ha renunciado tras el golpe del 1M. En esta entrevista denuncia las presiones recibidas, lamenta la renuncia de sus colegas y advierte un desastre para el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado salvadoreño el próximo 10 de marzo por el caso de Manuela, una de las mujeres criminalizadas luego de sufrir una emergencia obstétrica. En la actualidad hay 20 madres presas por esa razón.
El no candidato del 28F, y presidente de El Salvador, promovió la “Operación Remate” en una conferencia de prensa para llamar a votar por su partido Nuevas Ideas, horas antes del cierre de los centros de votación. El TSE anunció un proceso sancionatorio.
Las fallas registradas en las primeras pruebas han generado dudas y críticas sobre el sistema a implementar. Una de las promotoras para dar marcha atrás al uso de tecnología es la presidenta del TSE, en clara diferencia con el resto de magistrados.
Entrevista con Javier Simán, presidente de la ANEP, quien expuso su perspectiva como empresario y la postura que tiene la empresa privada frente a una nueva ley de agua y ante la necesidad de conformación de la junta directiva del nuevo ente rector, una institución que aún no ve la luz, pese a tener años de discusión.
Hay muchos mitos sobre las nuevas vacunas. Factum conversó con un experto que conoce el manejo de la cadenas de frío para la conservación de la vacuna, quien arroja luces de cómo debería ser el plan para contrarrestar la Covid19 en El Salvador.
Este ha sido un año repleto de pérdidas. Tres de los protagonistas de las historias que Factum contó durante 2020 repasan los meses posteriores al momento que cambió sus vidas. Sobrevivir ha sido díficil en un país donde la nueva normalidad no ha permitido cerrar los duelos y, como en sus casos, reparar injusticias.
La opacidad fue protagonista en 2020. El gobierno puso bajo llave sus gastos hechos bajo la pandemia del Covid-19, además de bloquear los intentos de control institucional y legal. Por si fuera poco el IAIP, el garante de la información pública, ahora juega para la administración Bukele.
Roxana Soriano fue precandidata a diputada del partido Nuevas Ideas. Preside una ONG con posturas favorables al Gobierno y la postuló como candidata a comisionada una asociación de abogados dirigida por un empleado de Casa Presidencial.
Manuel Escalante, subdirector del Idhuca, habla de su salida del equipo que estudia las posibles reformas constitucionales. El abogado advierte que existen otras formas, distintas a las reformas, que pueden permitir la concentración del poder.
El nuevo periódico del Gobierno fue registrado bajo la sombrilla de la CEL. Una filial de La Geo y una compañía eléctrica constituyeron la nueva sociedad anónima, lo que permite que Diario El Salvador funcione como una empresa satélite sin control.
La Cámara de Vigilancia Penitenciaria cambió su criterio habitual y ordenó a un juzgado realizar un cómputo de pena favorable para el expresidente Antonio Saca (Arena), condenado a 12 años de cárcel por dos casos de corrupción.
La Fuerza Armada desobedeció una orden judicial e impidió el ingreso del juez del caso El Mozote a buscar archivos militares. El presidente Bukele aún no ha explicado por qué mintió al decir que daría acceso a los archivos militares.
El Ministerio de Defensa intentó entorpecer la inspección judicial de los archivos militares del caso El Mozote, programada para el 21 de septiembre. El ministro Merino Monroy dice que no cumplirá una orden judicial que, según él, no tiene sustento legal.
La alcaldía de Santa Tecla no solo costeó con fondos municipales un improvisado viaje que le permitió a Roberto d’Aubuisson evitar el encierro obligatorio en centros de contención; también fabricó la invitación supuestamente girada por Coral Gables.
