Tras la aprobación de la ley mordaza que la Asamblea Legislativa impuso, al menos, 10 periodistas han tenido que salir del país en este 2022. La Asociación de Periodistas de El Salvador registró 129 agresiones hasta el pasado 15 de diciembre y está preocupada por el incremento de la gravedad de los ataques.
Ilustración: Otras Miradas
Dos eventos marcaron a la prensa salvadoreña en 2022: la confirmación de que se realiza espionaje digital a periodistas y el exilio de una decena de trabajadores de medios de comunicación por temor a la persecución y la cárcel por hacer su trabajo: siete salieron por el régimen de excepción aprobado desde marzo y tres por amenazas legales o de miembros de seguridad.
A inicios del año, una investigación de las organizaciones Access Now, Frontline Defenders, The Citizen Lab y Amnistía Internacional confirmó el espionaje mediante el software Pegasus, en los teléfonos celulares de 31 periodistas, la mayoría de ellos de El Faro, y 5 activistas de la sociedad civil. El periódico digital ha demandado, en una corte federal de Estados Unidos, a los creadores de Pegasus, NSO Group, quienes confesaron que solo venden el software a gobiernos.
«Creo que fue algún organismo del Estado salvadoreño, controlado plenamente por Nayib Bukele, el autócrata que nos gobierna. No tiene ninguna lógica concluir que fue otro Estado el que invirtió millones de dólares para descubrir cómo investigábamos la corrupción y los pactos con criminales del gobierno salvadoreño», escribió el jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, en una columna de opinión en The Washington Post.
La narrativa antiprensa del oficialismo se esparció a lo largo de 2022, como ha venido ocurriendo desde el inicio del gobierno de Nayib Bukele.
Mañana se cumplen 3 años del gobierno del Presidente @nayibbukele
Y NO se ha detenido ningún periodista
NO se ha censurado ningún medio.
NO hay periodistas ni asesinados ni desaparecidos.
¿De cuál persecusión hablan?
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) May 31, 2022
Las agresiones también continuaron. En 2020, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 125 ataques contra periodistas. Un año después, documentó casi el doble: un total de 219 casos. Hasta el 15 de diciembre pasado, registraba 129 casos. La cifra de este año cerrará muy parecida a la de 2020, según las estimaciones de la gremial, pero han detectado que los tipos de agresiones son ahora más graves.
«La situación ha empeorado totalmente. Más allá de los números, hay que ver la gravedad de los casos. En enero tuvimos este tema de la intervención de los dispositivos de periodistas con Pegasus, de la cual el Estado no ha brindado mayor información y la Fiscalía no ha finalizado la investigación que, desde la APES, se exigió. Tenemos (además) varias reformas legales que ponen en riesgo a periodistas», explica la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
La Asociación de Periodistas cree que la situación empeoró con la ley mordaza, aprobada en abril de 2023, que penaliza hasta con 15 años de cárcel a quienes compartan información que sea sospechosa de haber sido generada por pandillas, un tema que por años fue cubierto por la prensa salvadoreña. Además, todo ocurre en el marco de un régimen de excepción que anula garantías constitucionales, y que permite capturas masivas y arbitrarias.
«Es un escenario crítico para la prensa salvadoreña porque está en un punto de no retorno hacia libertades mínimas para el ejercicio de la labor periodística. Periodistas se han tenido que ir después de esa reforma. No es un autoexilio, es una salida obligada», afirma Cárcamo, quien cree que la ley mordaza también provocó autocensura en algunos medios de comunicación.
La presidenta de la APES señala que, este año, el congreso salvadoreño aprobó otras reformas legales, como la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones, que también ponen en riesgo a los periodistas porque se convirtieron en «una forma de legalizar el espionaje».
«Los temores de sufrir consecuencias legales por acercarse a la verdad es una nube negra que no vivíamos los periodistas y que este Gobierno ha puesto encima con la clara intención de bloquear y amedrentar. Esto no solo dificulta el trabajo, sino que desgasta porque hay que dedicar mucho más tiempo a cubrirse las espaldas físicas y jurídicas», señala, por su parte, la periodista freelance Cecibel Romero.
Durante el régimen de excepción las autoridades han cometido diferentes abusos contra periodistas. El caso más reciente ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando un equipo del periódico La Prensa Gráfica fue retenido e intimidado por policías y militares mientras documentaba la construcción de un megapenal en Tecoluca, San Vicente. Los obligaron a borrar las fotografías y videos que habían hecho en la zona.
Claudia Ramírez, jefa de información de dicho periódico, señala que no solo se trata de una narrativa antiprensa, sino de algo peor: las instituciones de Gobierno cerraron filas para no dar información pública, los funcionarios no responden preguntas ni dan entrevistas y hay poca información pública sobre proyectos importantes del país.
«Hay un esfuerzo sistemático de las autoridades por desacreditar la función periodística, lo que, a la larga, les permite minimizar la fiscalización que la prensa ha ejercido durante décadas», comenta Ramírez.
Entre los límites impuestos al trabajo periodístico, además de los bloqueos y la falta de acceso a información, la jefa de información de La Prensa Gráfica también menciona el deterioro de las instituciones creadas para que la ciudadanía pueda acceder a información pública, como el Instituto de Acceso a la Institución pública (IAIP).
La periodista Cecibel Romero coincide con Ramírez en que el Gobierno salvadoreño ha impuesto una política de «cero rendición de cuentas en todas las instituciones que ha tomado». Y también apunta que el Gobierno consolidó su esquema de control de los medios, lo que le permite expandir el discurso oficial «y evadir o ignorar por completo a la prensa que plantea preguntas que cuestionan los indicios de corrupción, deficiencias, falta de políticas para resolver los problemas históricos».
«Los golpes que ha recibido la prensa han sido mucho más intensos que los años anteriores, cuando se cerraban las puertas y micrófonos de Casa Presidencial a los periodistas independientes (2020), o cundo los troles y funcionarios atacaban sin rubor a los periodistas o medios que revelaban los manejos oscuros del gobierno en salud, seguridad y otros temas de interés», dice Romero.
Para esta nota, se envió un mensaje de texto al secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, pero no respondió a la pregunta que se le planteó sobre la situación de la libertad de prensa en El Salvador.
A la presidenta de la APES le preocupa que la situación empeore en 2023, porque se trata de un año preelectoral y porque considera que el discurso de odio implantado en la ciudadanía, a través de las redes sociales, se puede traducir en ataques físicos a periodistas.
En un escenario adverso y, pese a los golpes y hostilidad contra la prensa, la periodista Romero destaca que 2022 dejó algo bueno al periodismo en El Salvador: «Desde una perspectiva muy triunfalista se puede decir que, este año, el periodismo salvadoreño ha hecho revelaciones importantes que han puesto en evidencia ilegalidades, arbitrariedades y corrupción del gobierno de Nayib Bukele, e injusticias del Estado contra sus ciudadanos».
*Este trabajo es parte del especial periodístico «No se mata la verdad callando periodistas» impulsado por la alianza Otras Miradas
Opina
1 Responses to “El año del espionaje, el exilio y la mordaza contra periodistas de El Salvador”
Por aquí les dejo las obligaciones internacionales de el salvador: tomen nota!!
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSE, OEA, 1969)
CAPITULO IV
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION
Artículo 27
Suspensión de Garantías
1.- En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraidas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2.- La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes Artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
3.- Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
POR TANTO:
I.- El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin Convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, Inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 62, Inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o “Pacto de san José”.
II.- El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja constancia que su aceptación se hace por plazo indefinido, bajo condición de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta Declaración de Aceptación, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno.
III.- El Gobierno de El Salvador, reconoce tal competencia de la Corte, en la medida en que este reconocimiento es compatible con las disposiciones de la constitución de la República de El Salvador.
En uso de sus facultades legales, extiende la presente Declaración de la República de El Salvador sobre el reconocimiento de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmado de Su mano, sellado con el Sello Mayor de la República, refrendado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor Oscar Alfredo Santamaría, para ser depositado en al Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (O.E.A).
San Salvador, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.