Una abogada procesada por falsear un testamento ayudó a crear Chivo

La notaria que dio fe de la legalidad de Chivo S.A. de C.V., empresa privada creada con recursos públicos por el Gobierno para la implementación del bitcóin, fue acusada de falsedad documental. Es la esposa del magistrado Eduardo Escalante, acusado de tocar a una niña. La sociedad anónima Chivo es administrada por dos empleados de Gobierno: un excandidato del FMLN y un empleado de Cancillería.

FOTO FACTUM/Gerson Nájera


La empresa Chivo SA de CV, que está detrás de la billetera del Gobierno para el uso del bitcóin, fue constituida con fondos públicos ante los oficios de Any Cristy Argumedo Campos, una abogada que enfrentó un proceso judicial por el delito de falsedad documental agravada. La Fiscalía General de la República la acusó en febrero de 2020 de haber entregado un testamento falso para favorecer a una heredera única.

El 19 de agosto de 2021, cuando faltaban tres semanas para que el bitcóin fuera moneda de curso legal en El Salvador, la junta de accionistas de Inversiones El Salvador No.1, una de las empresas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), se reunió para decidir que cambiaría su nombre a Chivo Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta decisión permitió que la empresa tras la aplicación Chivo Wallet naciera con fondos provenientes del sector energético, pero funcionará como una empresa privada, sin controles de cómo maneja esos recursos.

Los accionistas decidieron confiarle la administración de Chivo a dos empleados de Gobierno que militan en Nuevas Ideas: Raymond Villalta, director suplente en el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y excandidato del FMLN; y Óscar Mauricio Figueroa Torres, quien trabaja en Cancillería. Argumedo Campos firmó y selló el acta donde constan los cambios para poder registrar a Chivo SA de CV en el Centro Nacional de Registros (CNR). 

La abogada Any Cristy Argumedo Campos junto con el magistrado Eduardo Escalante. Foto/Cortesía Diario El Mundo

Argumedo Campos es la esposa del magistrado Eduardo Escalante, procesado por tocar a una niña de 10 años en febrero de 2019, en Ilopango. El funcionario aún no ha enfrentado un juicio, pero su caso es usado frecuentemente por personajes del Gobierno para hablar de la necesidad de una depuración en el Órgano Judicial.

El proceso contra la abogada que da fe de los actos notariales de la empresa Chivo SA de CV inició en el Juzgado Decimoquinto de Paz y llegó al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, que ha decretado un sobreseimiento provisional en el proceso por la falta de una pericia judicial.  

Documento firmado y sellado por la abogada Any Cristy Argumedo Campos, esposa del magistrado Eduardo Escalante.

La empresa Chivo está detrás del funcionamiento de la aplicación electrónica que creó el Gobierno salvadoreño para que la ciudadanía pudiera usar bitcóin. Esta fue lanzada el pasado 7 de septiembre, cuando entró en vigor la Ley Bitcóin, pero su implementación ha sido un fiasco porque la aplicación tuvo problemas para ser instalada y todavía no es accesible para toda la población que desee usarla.

Inversiones El Salvador, ahora Chivo, solicitó la inscripción del cambio de denominación el 23 de agosto de 2021 y un día después recibió el aval del CNR. La naturaleza de Chivo SA de CV, según la documentación registral consultada por Revista Factum, es «inversiones en diferentes áreas, el ejercicio del comercio, servicios y la industria en general».

“Es una violación al mandato legal de la CEL. En ningún lado dice que la CEL puede andar metida en actos de comercio. Este no es el objeto de la CEL: andar constituyendo sociedades mercantiles. No está en la ley original ni en las reformas”, opina el abogado José Marinero, experto en derecho administrativo.

La ley de CEL, de la que depende Inversiones El Salvador (ahora Chivo), establece que su objeto es «desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos energéticos, fuentes de energía e hidrocarburos de El Salvador…»

El Gobierno creó con la ayuda de la notaria Argumedo Campos una nueva empresa privada con recursos públicos de la CEL. Y no es la primera vez que lo hace. En 2020 constituyó la sociedad anónima de Diario El Salvador también con fondos provenientes de dos empresas de la CEL, lo que le permite usar dinero público sin tener que rendir cuentas sobre cómo administra los fondos.

Reformas a la medida

El mismo día que el CNR autorizó el registro de Chivo SA de CV, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de la CEL que permite que sociedades como esta o como la de Diario El Salvador estén blindadas de los controles de la Corte de Cuentas de la República. 

La Asamblea controlada por el oficialismo reformó el artículo 23 de la Ley de CEL y estableció: «las sociedades mercantiles en las que la Comisión tenga participación y control directo o indirecto estarán sujetas a fiscalización en cuanto a sus utilidades de forma coordinada y unitaria, únicamente a través de la Comisión».

“Han cerrado la puerta contra la dispocisión constitucional que permitiría a la Corte de Cuentas auditar estos fondos. Esta es la huida del derecho administrativo, escapar de los controles, hacia el derecho privado para evadir transparencia y rendición de cuentas”, señala Marinero.

El abogado, además de la evasión de controles, identifica otro problema entre la constitución de Chivo y las reformas aprobadas recientemente por los diputados:  que la CEL es una institución autónoma sin fin lucrativo y con la creación de Chivo cae en una  contradicción porque esta es una sociedad anónima de naturaleza mercantil, cuyo objetivo es tener lucro. 

El perfil de los administradores

Chivo SA de CV es administrada por Raymond Francisco Villalta Alfaro, quien fue subgerente de participación ciudadana de la Alcaldía Municipal de San Salvador cuando Nayib Bukele era el alcalde de la capital.

Raymond Villalta, administrador de Chivo SA de CV. Foto tomada de Facebook

Raymond Francisco Villalta Alfaro. Tomada de Facebook.

Villalta, identificado como un estudiante de 28 años en la inscripción de Chivo, también fue candidato a octavo regidor por el FMLN para las elecciones municipales de 2018, pero renunció a su candidatura y en ese mismo año anunció su salida del partido de izquierda.

Fue denunciado en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de haberse presentado, en horas laborales, al Tribunal Supremo Electoral a llevar los libros para la inscripción de Nuevas Ideas como partido político el 4 abril de 2018. El TEG rechazó iniciar un procedimiento sancionatorio porque la misma alcaldía de San Salvador, donde Villalta trabajaba entonces, negó una inasistencia injustificada en su trabajo en la fecha señalada.

En la actualidad, Villalta es director suplente en el Instituto Salvadoreño de Turismo y escribe columnas en Diario El Salvador, donde se presenta como representante del partido Nuevas Ideas.

El administrador suplente de Chivo SA de CV es Óscar Figueroa Torres, quien ocupa el cargo de director ejecutivo de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los dos empleados públicos están a cargo, al menos en el papel, de la sociedad anónima Chivo, aunque recientemente el periódico El Faro reveló que dos venezolanos dirigen la implementación del bitcóin y de la billetera digital.

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