«Si una Sala de lo Constitucional sirve al Ejecutivo, se acaba la República»

Carlos Sergio Avilés es el único magistrado de la Sala de lo Constitucional que no ha renunciado tras el golpe que sufrió el máximo tribunal constitucional el pasado 1 de mayo. En esta entrevista revela que recibió una llamada para firmar la carta de renuncia que sí firmaron sus otros colegas de sala. Dice que lamenta sus renuncias, pero cree que la situación requería más unidad y cohesión del grupo. Él está convencido de que todas las actuaciones de la sala impuesta por la Asamblea de Nayib Bukele no tienen validez. Y lo que más le preocupa es que El Salvador se aproxime al desmantelamiento de la independencia judicial. Se ha generado, a su juicio, “la receta perfecta” para un desastre institucional.

Foto FACTUM/Cortesía elsalvador.com 


El magistrado cuenta que esperaban ataques contra la Sala de lo Constitucional, pero confiesa que se vieron sorprendidos por la forma “tan burda” cómo ocurrió. “Me preocupa que nos estemos encaminando al desbaratamiento total de la independencia judicial y a la imposición de una forma de pensamiento único”, dice.

“Si se da la fusión entre el Ejecutivo y el Judicial, ya no habría nada que esperar. Repito, sería el tiro de gracia a la República y a la Democracia”, declara.

Usted es el único que no ha presentado su renuncia. ¿Qué hará ahora que sus otros cuatro compañeros desistieron y usted no tiene cómo integrar la sala?

En este marco de hechos, no es mucho lo que se puede hacer. La renuncia de mis colegas ha neutralizado cualquier posibilidad de acción.

¿Lo han amenazado para que renuncie? ¿De qué forma?

El domingo por la noche y los siguientes días, he recibido llamadas de números desconocidos, que, por esa razón, no he respondido. Posteriormente, recibí una llamada de una persona a quien conozco y que guarda relación con los acontecimientos del sábado 1 de mayo. Me dijo que él tenía una renuncia redactada para mí y que por favor se la firmara porque eso era lo que más convenía. No me supo explicar a qué se refería con eso y me aclaró que él únicamente seguía directrices. Tampoco me dijo de quién. Claro, esto no se puede considerar una amenaza; sin embargo, de la casa de mis padres me han llamado en varias ocasiones para decirme que vehículos polarizados llegan a apostarse frente a su casa a diferentes horas. Se quedan un rato, nadie se baja y luego se van. ¿Mera casualidad? No se lo podría decir.

El fin de semana vimos una patrulla frente a la casa del expresidente de la Corte Suprema. El magistrado Sánchez expuso que decidió renunciar influenciado por la permanencia de su hija en un hospital público. ¿Ellos fueron coaccionados a presentar su renuncia?

No voy a referirme a este punto. Creo que son ellos dos y el resto de mis compañeros quienes deben decir y aclarar esos aspectos. Claro, es difícil desvincular ese hecho público de una patrulla apostada frente a la casa del doctor Pineda y su posterior renuncia. Pero, le repito, eso es algo que solo él puede aclarar. Ahora bien, si esas renuncias no han sido voluntarias, no tendrían validez, serían nulas.

¿Teme por su seguridad o la de su familia?

Me preocupa lo que está sucediendo. Se está desarticulando aceleradamente todo el sistema interno de protección de derechos fundamentales, y eso es algo que nos concierne a todos, pues cualquier persona se vuelve vulnerable frente a las actuaciones estatales. Los países democráticos deben sentar su progreso sobre el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, no sobre su desmantelamiento. Esto significa una vuelta inexorable a un pasado que creíamos superado y debemos de poner toda la atención a ello.

¿Qué lo hace mantenerse a flote aún con el naufragio de toda la sala?

La coherencia. Emitimos una sentencia y debimos respaldarla con subsecuentes acciones, es decir, debimos seguir funcionando como sala, emitiendo sentencias. Acabábamos de declarar inconstitucional el acto de destitución y ello nos legitimaba a seguir constituidos como tribunal. En lo personal, lamento mucho esas renuncias, inducidas o no, pero creo que la coyuntura demandaba de nosotros más unidad y cohesión.

Los integrantes de las otras salas de la CSJ conformaron pleno con la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea ¿Todavía hay algo que se pueda hacer desde dentro?

Desde esta posición, es muy difícil responderle esta pregunta, pues desconozco las condiciones que actualmente imperan dentro de la corte. En todo caso, son los magistrados y magistradas quienes responsablemente y de forma razonada deben de asumir sus posturas.

¿Esperaba una respuesta distinta de las otras salas?

No voy a opinar al respecto. Les guardo respeto y estoy seguro de que sabrán cómo actuar. Solo deben de tener presente que el Órgano Judicial representa el bastión más importante y último para la defensa de la democracia.

La Sala de lo Constitucional de facto ya rechazó una demanda contra la elección de ellos mismos. ¿Entramos a un punto sin retorno donde ninguna instancia podrá revertir lo decidido el 1M?

Esa elección guarda conexidad directa con el acto que nosotros declaramos inconstitucional, por tanto, difícilmente podrá desplegar efectos jurídicos. Hay que estar claros en que la sentencia de inconstitucionalidad que dictamos desarrolló toda su eficacia jurídica, está vigente, y en un Estado de Derecho, o en un Estado Constitucional de Derecho, se cumple. Ahora, en un contexto de alteración del orden constitucional, lo que se ha generado es un riesgoso limbo jurídico, inconveniente para el país, pues resulta ser la receta perfecta para el desastre institucional de un Estado.

La justificación de la Asamblea para destituirlos fue enumerar una serie de inconstitucionalidades que incomodaron al presidente. ¿Los diputados que votaron por ese decreto cometieron algún tipo de delito?

Preferiría no ser yo quien haga una calificación de conductas penales en este momento. Ahí está el artículo 244 de la Constitución, es bueno leerlo. Los hechos están registrados y tanto el país como la comunidad internacional dan testimonio de ello.

El magistrado Carlos Avilés (primero a la izquierda) junto con los magistrados de la Sala de lo Constitucional que renunciaron tras ser destitudos ilegalmente el pasado 1 de mayo: Marina de Torrento, Armando Pineda Navas y Aldo Cáder. Foto FACTUM/Salvador Meléndez

¿Qué responde a los señalamientos de los nuevos diputados y del mismo presidente quienes aseguran que la Sala de lo Constitucional actuó contra la salud de los salvadoreños?

Es un argumento repetido de parte de ellos. Basta leer las resoluciones para darse cuenta de que no es así. La Sala de lo Constitucional es el órgano encargado directamente de velar por el cumplimiento de la Constitución y ello implica, entre otros aspectos, garantizar la supremacía de la norma constitucional y la tutela de los derechos fundamentales, íntegramente. Eso es lo que hicimos, y fundamentamos nuestras decisiones en el orden del Derecho; se dijo: no puede la tutela de un derecho fundamental afectar desproporcionadamente el ejercicio de los otros derechos. Además, es a la sala a quien corresponde hacer la última interpretación de la norma constitucional y una inconformidad con el ejercicio de esta facultad en ninguna parte del mundo desata las penosas consecuencias que han ocurrido aquí. La Constitución impone límites y todas las actuaciones estatales deben encauzarse dentro de ellos. No tengo duda de que recordarles eso en cada resolución fue el punto de discordia que provocó todo un tensionamiento institucional innecesario para el país.

Antes del 1M, algunos magistrados habían expresado su preocupación por lo que pudiera pasar con la sala. ¿Ustedes veían venir algo tan radical como lo que ocurrió?

Estábamos claros en que se iban a intentar acciones en contra nuestra, pero creíamos que se iban a realizar respetando las reglas del juego, las que impone el ordenamiento jurídico. Nunca pensamos que actuarían de esta forma tan burda y violatoria de la Constitución. En eso nos vimos sorprendidos, debo admitirlo.

¿Al servir la Sala de lo Constitucional al Ejecutivo se puede concluir que se acabaron las garantías constitucionales?

Si una Sala de lo Constitucional sirve al Ejecutivo y al Legislativo, no solo se acabarían las garantías constitucionales, se acaba la República y el sistema democrático. Sería nefasto para nuestra historia.

¿Cuál es ahora su principal temor?

Que se rompa el sistema democrático de separación de poderes con sus facultades independientes, limitadas e indelegables. Me preocupa también que nos estemos encaminando al desbaratamiento total de la independencia judicial y a la imposición de una forma de pensamiento único.

¿Qué le espera a El Salvador ahora que se atentó contra la independencia judicial y se ha fundido el Judicial con el Ejecutivo en uno solo?

Si esta fusión se da, ya no habría nada que esperar. Repito, sería el tiro de gracia a la República y a la democracia. Pero seamos más auspiciosos, la independencia judicial no es atributo de algunos pocos. Tenemos jueces muy valerosos y muy independientes que estoy seguro estarán siempre a la altura de las circunstancias.

Algunos jueces, desde el anonimato, se pronunciaron para condenar lo ocurrido. ¿Qué mensaje le envía a todos los jueces de la República?

Que siempre mantengan vivo su compromiso por la Justicia y el Derecho, que mantengan su soberanía al ejercer la función de tutela de derechos, sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Que resuelvan todos sus casos con ajenidad a intereses particulares y presiones externas, pero, sobre todo, que proyecten siempre su independencia en cada una de sus decisiones.

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