Cuando faltaban ocho horas para que venciera el plazo que tenía para aprobar una ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas del conflicto, la Asamblea Legislativa acordó solicitar una nueva prórroga a la Sala de lo Constitucional. Con dos anteproyectos de ley en estudio, sin los votos necesarios para aprobar cualquiera de ellos y bajo la mirada crítica organizaciones nacionales e internacionales, los diputados tuvieron 40 meses para cumplir y no lo lograron. Ahora la discusión regresa al mismo punto en el que está desde hace cinco meses.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez

Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa corrieron para evitar caer en desacato.  En una semana intentaron hacer lo que no hicieron en tres años: cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. La Comisión se reunió el lunes 11  de noviembre y un día después, tras otra reunión, convocó a una sesión plenaria extraordinaria para aprobar una solicitud de prórroga para aprobación de la ley de reconciliación.

La petición  de prórroga contó con 66 votos. No tuvo el respaldo del diputado de Arena Ricardo Velásquez Parker, quien junto a dos diputados más (Felissa Cristales y Francisco Zablah) votó en contra, porque consideró que había que someter a votación un dictamen para cumplir con los plazos. La misma posición había tomado antes en la Comisión Política su compañero de fracción Julio Fabián.

Tal y como lo recomendó el pecenista Raúl Beltrán Bonilla en la Comisión Política, la Asamblea remitió a la sala, junto a la solicitud, un informe del camino andado  hasta la fecha. Beltrán había propuesto ir más allá adjuntando una hoja de ruta y un calendario de lo que se pensaba hacer, pero esto no fue tomado en cuenta.

La Sala de lo Constitucional inició el pasado 13 de noviembre el análisis de otra solicitud de prórroga presentada por denunciantes y  también la petición de la Asamblea. Magistrados consultados por Revista Factum dijeron que esperaban tener una respuesta definitiva a ambas peticiones a más tardar la próxima semana, porque la Sala está analizando si los diputados cayeron en desacato.

Desde mayo de 2019, la Subcomisión de Justicia Transicional y Restaurativa venía estudiando a paso lento dos anteproyectos: uno presentado el 21 de mayo por diferentes organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas, y otro generado dentro de la subcomisión legislativa. Este último acumuló algunas observaciones en los últimos cinco meses, y siguió recibiendo las mismas críticas que desató desde su elaboración por, entre otras cosas, dejar a la Fiscalía General la última palabra para determinar qué crímenes de guerra se perseguirán, por librar de ir a la cárcel a criminales de guerra mayores de 65 años y por restar valor probatorio a los archivos de la Comisión de la Verdad.

Los reclamos desde las organizaciones de la sociedad civil han sido los mismos  todo este tiempo:  que los diputados no escucharon a las víctimas, que no tomaron en cuenta su anteproyecto y  que buscan restringir la búsqueda de la verdad y el enjuiciamiento de los victimarios. La propuesta del bloque de derecha, por ejemplo, limita el acceso a archivos militares. No permite a la víctimas la investigación propia, sino que solo permite acceso a “información relacionada exclusivamente” con la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad que sean solicitados oficialmente por la Fiscalía o  la autoridad judicial competente.

A pesar de las críticas, la subcomisión dio por finalizada su labor el pasado 5 de noviembre, sin tomar en cuenta las observaciones de las organizaciones. Parecía más apurada en cumplir plazos que lo dictado en la sentencia. Esto quedó en evidencia cuando desde un mes atrás cerró los espacios de consulta con las víctimas.

La bipolaridad del FMLN

El día que la subcomisión cerró el período para escuchar a las víctimas no hubo presencia de efemelenistas. Pero unas horas después, los diputados Jorge Schafik Handal Vega y Damián Alegría tomaron el micrófono ante un grupo de víctimas que se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa, y les aseguraron que su partido siempre apoyó el anteproyecto presentado por la Mesa Contra la Impunidad. Parecía que ambos diputados olvidaron que la misma semana que las víctimas presentaron su propia propuesta, el FMLN  junto con Arena buscaron los apoyos en el pleno para aprobar el anteproyecto de ley de la subcomisión, calificado por las organizaciones nacionales e internacionales como una “amnistía disfrazada” y “un proyecto que garantizaba la impunidad”.

Ese 9 de octubre, Hándal y Alegría profesaron su apoyo, al menos de forma verbal, a las víctimas. Para entonces, las víctimas y las organizaciones ya habían presentado una metodología de consulta, que no fue tomada en cuenta. Ese apoyo decidido del que hablaron los diputados efemelenistas no se vio durante las sesiones de la subcomisión, donde la posición del FMLN fue siempre tibia. Y se mantuvo así hasta el jueves 30 de octubre, cuando el coordinador Roberto Angulo, diputado del PCN, intentó sacar un decreto que pasara a aprobación de la Comisión Política, un anteproyecto que únicamente tenía las observaciones del PCN y del PDC.

Arena y FMLN se opusieron y solicitaron más tiempo para socializar el anteproyecto con sus diputados y presentar sus insumos. El Frente no lo hizo nunca, mientras que Arena se sumó al PCN y al PDC permitiendo que el pasado 5 de noviembre la subcomisión cerrara sus actividades con un informe final entregado a Mario Ponce, nuevo presidente de la Asamblea.

¿Y las observaciones del FMLN? No estaban en el informe final de 137 páginas. “Nosotros íbamos a presentar una propuesta, pero nos detuvimos y dijimos mejor hagámosle aportes a esta propuesta (de las víctimas)”, dijo Nidia Díaz ante la Comisión Política, seis días después, pero no explicó por qué no lo hicieron en los cinco meses anteriores.

Hándal afirmó que tenían observaciones al título segundo de la propuesta, pero no las mostró.  Y aunque esto podía ser visto como un espaldarazo a las víctimas, en realidad el FMLN regresó la discusión de la ley a como estaba a finales de mayo de 2019.

La desidia de Gana

El bloque Arena, PCN, PDC tampoco tuvo segura la aprobación de su anteproyecto. De votar todos a favor, solo tenían 35 votos y estaban a ocho de obtener la mayoría simple necesaria. Incluso, con la nueva conformación de la Comisión Política, se necesitaba del concurso de los dos diputados de Gana para obtener un dictamen favorable. Así, la llave realmente la tenía Gana, representada en la subcomisión por el diputado Guillermo Gallegos, quien no participó.

En mayo de 2019, Gallegos reconoció que “nominalmente” estaban en la subcomisión pero que a partir de la primera reunión, a la que asistió el diputado Mario Tenorio, su grupo parlamentario tomó la decisión de no asistir más. ¿Por qué? Gallegos lo explicó en una entrevista televisiva con noticiero Hechos el 23 de mayo: “Logramos percibir que había un preacuerdo entre cuatro partidos políticos para darle celeridad a la aprobación de una ley”, dijo.

El diputado ha compartido la postura del bloque legislativo de derecha que cree que la discusión de la ley ha estado inclinada a favor de la izquierda y no así de las víctimas civiles y de los que sufrieron violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla.

En la entrevista del 23 de mayo, Gallegos afirmó que la aprobación de una nueva ley era una responsabilidad no cumplida y que quizá nunca se logró “porque, quizás, nunca hubo un interés de querer hacerlo.”  El lunes 11 de noviembre, cuando inició su participación en la Comisión Política, dijo que no sabía cuándo se vencía el plazo para aprobar la nueva ley de reconciliación.

— “¿Hasta cuándo tenemos plazo?”, preguntó Gallegos.

— “El 13 de noviembre”, dijo un diputado.

— “El miércoles 13 de noviembre, en 48 horas”, terció Julio Fabián, diputado de Arena.

Gallegos olvidó la fecha a pesar de que él era el presidente de la Asamblea Legislativa, y como tal de la Comisión Política, cuando la Sala de lo Constitucional hizo dos audiencias de seguimiento para revisar la inconstitucionalidad de la amnistía: el 17 de julio de 2017, cuando le recordaron a los diputados que debían promulgar una nueva Ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas del conflicto; y el 13 de julio de 2018, cuando la Sala dio por no cumplida la sentencia  y le dio como plazo final el 13 de julio de 2019, prorrogado hasta el pasado 13 de noviembre.

— “No podemos participar de una ley que no conocemos”, dijo Gallegos. “Esa ley que proponen, Gana no la acompañaría”, reafirmó, sumándose a la solicitud de pedir una nueva prórroga.

Un día después, a minutos de iniciar la reunión de la Comisión Política, Gallegos reconoció a los periodistas reunidos en la octava planta del edificio de la Asamblea que no conocía qué decía el informe final ni los anteproyectos de ley, pero que sí tenía la propuesta de pedir una prórroga de seis meses más.

“Como Gana desde un (primer) momento decidimos no participar en la subcomisión. Desconocemos cómo está el proyecto, pero hoy nos hemos adherido a la postura de prorrogar”, dijo el diputado.

Si la postura de Gana ha sido que debe existir mayor participación, ¿por qué no participó activamente de la discusión antes y durante la subcomisión? ¿Por qué cuando  Gallegos tuvo la presidencia del Legislativo no apuró el estudio y aprobación de una ley?

Un nuevo presidente

El recién electo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, permanece a la espera de la llegada de los diputados en el Salón Azul, el 12 de noviembre de 2019. Este día él convocó a una plenaria extraordinaria para tocar como punto único de agenda, solicitar a la Sala de lo Constitucional una prórroga para terminar la Ley de Reconciliación.
Foto FACTUM/ Salvador Meléndez

Aún sin el apoyo de Gana, el bloque de PDC, PCN y Arena todavía guardaban esperanzas de lograr aprobar un decreto en la Comisión Política. Los diputados más realistas, en cambio, minutos antes ya reconocían que el camino sería la prórroga, porque nadie cedería a dar un paso atrás aunque esto significara caer en desacato.

El principal escollo para el bloque de derecha llegó desde la presidencia de la Comisión, cuando Mario Ponce, diputado pecenista estrenándose en la presidencia de la Asamblea, reconoció que existían dos caminos: aprobar un decreto favorable para el anteproyecto existente o pedir una nueva prórroga. Y él no escondió desde el primer momento que su posición era la primera. Por dos razones básicas: una ley de este tipo tenía que ser hecha con el consenso de todos los partidos políticos y aprobada por unanimidad; pero además, por los recursos financieros que implicarían las medidas de reparación, se debería pedir opinión al Ejecutivo para no aprobar algo que después no se pudiera cumplir.

En el segundo punto no se había pensado, toda vez que la subcomisión solo pidió opinión jurídica al Ejecutivo sobre el anteproyecto de ley. Y el presidente Nayib Bukele respondió a través de un escrito de su secretario jurídico Conan Castro, el 26 de junio de 2019. La posición del Ejecutivo iba en dos sentidos: primero, que se debía hacer una consulta amplia con las víctimas; y, segundo, que examinaría cualquier decreto legislativo que en materia de justicia transicional le fuera remitido “basándose en los parámetros establecidos en la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional”.

Entonces, algunos diputados de la subcomisión, como Carlos Reyes, de Arena, interpretaron la respuesta del presidente como si este esperaría el proyecto final de la Comisión Política para analizarlo. Otros fueron más allá, concluyendo que Bukele esperará la aprobación de la nueva ley para vetarla, observarla o mantenerla tal cual. Nadie en la Comisión Política se lo recordó a Ponce, quien se mantuvo como árbitro por más de una hora, viendo que las posiciones de ambos bloques no cambiarían: el FMLN y CD solicitando  tomar como válido el anteproyecto de las víctimas;  y Arena, PDC y PCN,  pidiendo el anteproyecto de la subcomisión.

Ponce convocó a la última reunión el miércoles 13 de noviembre. Tras una hora de posiciones encontradas, dio un dictamen favorable para  solicitar 150 días de prórroga para cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad. La carrera no ha terminado y seguirá dependiendo del plazo que dé ahora la Sala de lo Constitucional.