Gobierno perdona a deudores del fisco a cambio del presupuesto de 2020

Los diputados de la Asamblea Legislativa, menos la fracción del FMLN, aprobaron una amnistía fiscal que perdona multas, intereses y recargos a todos los deudores del fisco salvadoreño, incluidos los morosos cuyos casos ya están en la Fiscalía. Los mismos legisladores votaron a favor del presupuesto del año 2020 al que semanas atrás le habían denunciado vacíos.

Foto FACTUM/Fernando Romero

Los grupos parlamentarios de Arena, GANA, PCN, PDC, CD y el diputado no partidario Leonardo Bonilla aprobaron este viernes 13 de diciembre de 2019 una amnistía fiscal por la que el gobierno del presidente Nayib Bukele dejará de cobrar multas, intereses y recargos a empresas y personas naturales que están en deuda con la hacienda pública. Incluso, el decreto legislativo ampara a aquellos que tienen procesos en trámite en la Fiscalía General. Este acuerdo, que se alcanzó con más de 50 votos en la sesión plenaria Asamblea Legislativa, fue un punto importante en las negociaciones políticas por las cuales los diputados de Arena dieron los votos necesarios para aprobar el presupuesto general de 2020.

El nuevo decreto legislativo, bajo el título “Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras”, dará ocho meses para que toda empresa o ciudadano salvadoreño pague los tributos “originales” o “complementarios” que adeuda al fisco, para lo que se omitirá el cobro de las multas, intereses y recargos que se hayan generado y acumulado por la falta de pago. La medida es general y se aplicará incluso a empresas y personas que en amnistías anteriores tampoco hayan cumplido con sus impuestos y pagos aduaneros.

La amnistía fiscal, promovida por Arena y formulada por el PDC, fue clave para que estos dos partidos (40 votos legislativos entre los dos) autorizaran el presupuesto del gobierno de Nayib Bukele para el próximo año. El presupuesto general aprobado este viernes 13 de diciembre es de $6,426,110,500. Para cubrir esta cantidad, aparte de la recaudación de impuestos, se recurrirá a una deuda por $645.8 millones y lo que se recuperará de la amnistía, que ronda los $110 millones.

El presupuesto general fue criticado desde que se conoció en la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa en octubre pasado. Arena y FMLN denunciaban que había millones de dólares en rubros como “gastos financieros” que no tenían destinos explícitos. También denunciaron que los gastos de publicidad para el órgano ejecutivo subían hasta más de $22 millones y que, entre otros señalamientos, se destina dinero que se va a entregar a personas naturales sin ninguna explicación.

El diputado de Arena Arturo Magaña (derecha) conversa con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en la Asamblea Legislativa, este viernes 13 de diciembre de 2019. A la izquierda, la jefa del gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos. Foto Factum/Fernando Romero

El gobierno de Bukele terminó por ceder en aumentos y disminuciones de presupuesto para educación y gastos de publicidad, entre otros, que fueron exigidos por los partidos de derecha. Así como aceptó que se perdonen las multas, intereses y recargos a los deudores del fisco, incluso los que tienen expedientes en la Fiscalía.

La amnistía fiscal no es una práctica nueva. En junio de 2008, a un año de la salida del expresidente Antonio Saca (Arena) del poder ejecutivo, se aprobó una primera ley de amnistía para los morosos. En septiembre de 2014, a meses del inicio del período del expresidente Salvador Sánchez Cerén (FMLN), la Asamblea Legislativa volvió a dar facilidades para pagar las obligaciones tributarias de empresas y ciudadanos. La siguiente amnistía para no pagar multas, intereses y recargos por los retrasos en los pagos de impuestos y en aduanas fue en 2017, también bajo el gobierno de Sánchez Cerén. Esa medida se prorrogó en 2018.

La aprobación de la ley transitoria fue un punto de debate intenso en el pleno legislativo, en donde diputados del FMLN se tomaron la palabra para denunciar un “pacto” de partidos de derecha, incluido el gobierno de Bukele, para hacer el intercambio entre la nueva amnistía y los votos necesarios para aprobar el presupuesto general de 2020.

Los diputados que defienden la amnistía aseguran que se trata de otorgar una “facilidad” a los deudores con el fisco para ponerse al día con sus impuestos. El diputado Julio Fabián, subjefe de fracción de Arena, aseguró que el perdón a los deudores no necesariamente fue un punto de honor para que su partido terminara cediendo sus votos para aprobar el presupuesto del próximo año. La razón de la amnistía, según Fabián, es que “la brecha (fiscal) es demasiado alta”. El diputado aseguró: “Y si hay una oportunidad de poderle bajar a la brecha, tenemos que hacerlo, y la única forma para no castigar más al pueblo es generándole la oportunidad al empresario que ha caído en mora, en impago, y que le han ido creciendo los intereses, que pueda ponerse al día”.

El discurso de Arena en contra del presupuesto cambió luego de que el gobierno le concedió las reformas presupuestarios que le señalaron y de acceder al perdón de los morosos con Hacienda.

La amnistía fiscal se aprobó con 57 votos de Arena, GANA, PCN, PDC, CD y el diputado no partidario. Tres votos fueron a mano alzada. Los 23 diputados del FMLN votaron en contra.

El diputado del PDC Rodolfo Parker incluso se arrogó la idea original, en esta ocasión, de proponer la amnistía para darle salida a la negociación por el presupuesto del próximo año con el gobierno de Bukele. “Nosotros previmos este escenario. Hace tres meses presenté yo el proyecto de ley de amnistía fiscal, previendo que si se nos venía una brecha desfinanciada, pudiéramos reducirla de x a y”, dijo el diputado pedecista. Revista Factum cuestionó a Parker por qué es una buena idea, para los diputados que aprobaron la amnistía, perdonar deudas millonarias a cambio de recibir un mínimo. “No nos sentimos cómodos, tengo que decirlo”, dijo Parker, “porque las personas deberían pagar sus impuestos de forma puntual”. El diputado explicó que prefiere tener “dinero fresco” para el presupuesto, que se obtendría de las facilidades de pago de impuestos, a que se busque recuperar toda la deuda tributaria, un logro que tardaría “años”, por los procesos judiciales que deben seguirse.

El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, en una sesión de la comisión de hacienda del jueves 12 de diciembre en la que él participó, informó que, “en el último año, en el ejercicio 2017-2018, hay una mora tributaria de más o menos $400 millones de capital”. El ministro aseguró que esa cantidad de deuda implica un extra de más de $200 millones en concepto de multas, intereses y recargos. “Es decir, $600 millones de mora tributaria que está en distintos procesos”, dijo. Fuentes aseguró que, según sus cálculos, recuperar todo el dinero podría tardar alrededor de diez años, por los procesos legales requeridos para que el Estado pueda cobrar esa deuda.

Fuentes no previó recuperar los $400 millones que se deben en impuestos, sino una suma mucho menor: $110 millones. Esos $110 millones servirán de complemento a los $645.8 millones de deuda que va a adquirir el gobierno de Bukele para el presupuesto de 2020. De hecho, la propuesta original de deuda del gobierno fue de $755.8 millones, pero se redujo luego de que Arena y PDC propusieron la amnistía fiscal. La Asamblea Legislativa autorizó a Bukele la misma noche del viernes para endeudar al Estado.

El FMLN denunció que el gobierno va a recuperar $110 millones de los deudores del fisco, pero va a renunciar a unos $500 millones. De hecho, los diputados efemelenistas advirtieron que la amnistía, si bien es de índole general, beneficiará con mayor acento a empresas que tienen deudas elevadas con la hacienda pública.

“Nos preocupa que no pueden hacer un esfuerzo en contra de la evasión y elusión (de impuestos)”, dijo Yanci Urbina, diputada del FMLN que participa en la comisión de hacienda. “Recurren a la vía fácil que, dicho sea de paso, no beneficia a los pequeños. Este tipo de amnistías fiscales beneficia a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes. Este es un tema que refleja de qué lado están los intereses de clase y los intereses económicos”, reclamó Urbina.

La diputada del FMLN, que votó en contra de la amnistía fiscal junto con los otros 22 legisladores efemelenistas, admitió que en los gobiernos de su partido político, entre 2009 y 2019, sí hubo este tipo de amnistías. Matizó a su favor que se trata de escenarios distintos: según Urbina, los gobiernos del FMLN trataron de garantizar ingresos a favor del Estado mediante medidas fiscales progresivas, pero estas fueron desechadas por resoluciones de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La diputada dijo que las amnistías fueron medidas extremas para tener recursos propios, antes de buscar endeudamientos. Los gobiernos del FMLN, sin embargo, no renunciaron a endeudar al Estado salvadoreño a pesar de haber cedido a una ley de responsabilidad fiscal para acceder, de hecho, a más préstamos.

Otra diferencia entre las amnistías anteriores con la actual es que en las pasadas se subrayó en el articulado que los beneficios no eran aplicables para contribuyentes contra quienes la Fiscalía tenía procesos abiertos por delitos contra la hacienda pública o por infracciones aduaneras. En la actual se omitió la aclaración. Al contrario, a pedido de los diputados Guillermo Gallegos, de GANA, y de Rodolfo Parker se incluyó un nuevo artículo para beneficiar también los casos que se encuentren en la Fiscalía, sin especificar si se refiere a personas investigadas o acusadas de delitos de tipo fiscal.

Sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del 13 de diciembre de 2019. Los diputados aprobaron el presupuesto general para 2020, autorizaron al gobierno de Bukele endeudarse con $645.8 millones, más otra deuda por $91 millones. También les otorgaron beneficios a los deudores del fisco. Foto Factum/Fernando Romero

La jefa del gabinete de ministros de Bukele, Carolina Recinos, y el ministro Fuentes participaron este viernes, desde la mañana, en reuniones de la comisión de hacienda y se mantuvieron presentes durante la sesión plenaria en la Asamblea. Revista Factum preguntó a Recinos y a Fuentes si esta amnistía no contradice la lucha contra la evasión fiscal que prometió en la campaña electoral el actual presidente Bukele. Fuentes no respondió y Recinos apenas dejó escapar la articulación de un “no” con su boca.

Bukele, en 2018, siendo candidato presidencial, criticó el cobro de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), conocido como el “impuesto a las comunicaciones”, y retó a sus adversarios a promover la eliminación de la contribución y, en cambio, buscar recursos a través del combate a la evasión y elusión fiscal y de imponer tributos a periódicos.

En diciembre de 2019, Bukele, desde la presidencia, no eliminó el CESC para 2020, ni creó impuestos para los periódicos y accedió a renunciar a la recuperación de la mora fiscal, lo que promueve, según su oposición en el FMLN, a que las empresas y personas que no pagan impuestos sigan incumpliendo con sus responsabilidades.

La Asamblea Legislativa también aprobó otras medidas accesorias al presupuesto, como un nuevo endeudamiento por $91 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar la fase II del plan Control Territorial del gobierno. También se aprobó reorientar el CESC y el impuesto a grandes contribuyentes para pagar bonos a policías y soldados. Y se aumentó de $50 a $100 las pensiones para veteranos de la Fuerza Armada y de la exguerrilla del FMLN, con la finalidad de subir gradualmente a un techo de $300, siempre y cuando haya “posibilidad financiera” del Estado.

El gobierno de Bukele concedió a Arena y PDC disminuciones y aumentos presupuestarios. Por ejemplo, la oficina de Reconstrucción del Tejido Social, a cargo de Carlos Marroquín, alias “Slipt”, solo tendrá $2.4 millones para entregarlos a personas naturales, de $6 millones que se le habían adjudicado en un principio. También se redujeron los gastos en publicidad del órgano ejecutivo por $3 millones. Sin embargo, el presupuesto de casi $3 millones para la publicidad de la Presidencia de la República no fue alterado.

Aprobación del presupuesto general de 2020. El FMLN votó en contra.

Por otro lado, se aumentaron $8 millones para la Fiscalía General, $3.5 millones para la Procuraduría General, $700,000 para el Consejo Superior de Salud Pública y $500,000 para la Procuraduría de Derechos Humanos.

El FMLN denunció que el presupuesto del nuevo gobierno para 2020 renunció a programas de educación, de salud, para la juventud y para las mujeres que desarrollaron sus administraciones presidenciales y advirtió que sigue habiendo “bolsones” de dinero en gastos financieros que, durante la ejecución presupuestaria, su uso podrá quedar a discreción del presidente.

Bukele, quien se encuentra de viaje en el exterior, usó sus redes sociales para dar explicaciones sobre el presupuesto y defender la amnistía fiscal. Acerca del aumento de dinero para pagar publicidad de su gobierno, dijo que será, entre otros destinos, para campañas de vacunación, para la prevención de enfermedades, para recomendaciones viales y para que los salvadoreños paguen a tiempo a sus impuestos, aunque la aprobación del presupuesto de 2020 abrió la oportunidad para que quienes no cumplen con sus impuestos esquiven las consecuencias de no pagar.