La Corte IDH vigila si el proyecto de los diputados garantiza el derecho de las víctimas de El Mozote al acceso a la justicia. El Salvador debe enviar un informe a más tardar el próximo 14 de junio. La resoluciones de la Corte son vinculantes.
Foto FACTUM/Salvador Meléndez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le ordenó a El Salvador que detenga la elaboración de la nueva ley de amnistía que los diputados tenían en el horno. La Asamblea, según esta resolución emitida este 28 de mayo, debe abstener de seguir la tramitación de la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” que, entre otras cosas, le da a la Fiscalía General la potestad de limitar la cantidad de crímenes de guerra a ser judicializados.
La ley consensuada en la Comisión Política de la Asamblea tiene 41 artículos. Propone sustituir penas de prisión por trabajos de utilidad pública, le resta valor a los archivos y al informe de la Comisión de la Verdad, y pone un techo a las condenas civiles para que estas no afecten las finanzas de los condenados.
“Dicho proyecto de ley contiene disposiciones que, de ser aprobadas, no garantizarían un adecuado derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños y podría afectar otros casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el conflicto armado interno salvadoreño”, se lee en la resolución de la Corte Interamericana.
La ley de Reconciliación reemplazaría la Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. La Asamblea, según esa inconstitucionalidad, debe emitir una nueva ley a más tardar el 13 de julio de 2019, pero los diputados corrieron la semana pasada para intentar aprobarla antes del cambio de Gobierno de este 1 de junio. Las organizaciones de víctimas consideran que la ley de los diputados es una “amnistía disfrazada” y han presentado su propia propuesta.
El pasado 24 de mayo, representantes de las organizaciones alertaron a la Corte IDH de lo que se estaba fraguando en la Asamblea, y le pidieron que emitiera medidas provisionales. La Corte consideró que esa petición cumple los requisitos de “extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño”, y por eso resolvió que El Salvador debe abstenerse de seguir tramitando dicha ley hasta que el pleno de ese organismo se pronuncie de forma definitiva sobre las medidas.
La Corte IDH también pide que el Estado salvadoreño presente, a más tardar el 14 de junio de 2019, un informe sobre el cumplimiento de la resolución emitida este 28 de mayo. Los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también deberán presentar sus observaciones después de que el país haya enviado su informe.
Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, entrega su reporte al presidente en funciones de la Asamblea Legislativa, Alberto Romero (derecha), al finalizar el tiempo de escucha de su grupo durante la llamada “consulta” que hacen los diputados por el nuevo intento de ley de amnistía.
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
La Corte interviene en seguimiento a una resolución de 2012 con la cual condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote, y con la cual le prohibió emitir leyes que constituyeran un obstáculo para procesar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
“Esto definitivamente debería frenarlos, porque es vinculante. Tienen todo el mundo en su contra, pero con los diputados nunca se sabe”, dijo Benjamín Cuéllar, uno de los ciudadanos que presentó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ante la Sala de lo Constitucional.
Hace una semana, diputados de ARENA, FMLN y PCN decían que su proyecto no necesitaba más consultas porque estaba en sintonía con las peticiones de las víctimas. Una semana después, y tras las presión de las organizaciones, de embajadas y de organismos internacionales, han cambiado su discurso, al menos públicamente, y dicen que es necesario continuar con las consultas.
En la Sesión Plenaria de mañana no está considerado incluir en la agenda la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. La Comisión Política continuará con el proceso de consultas.
— Norman Quijano (@norman_quijano) 28 de mayo de 2019
“Yo lo que he visto es que esta semana, aunque no hubiera habido esta resolución, no habría consensos para una aprobación de la ley”, dijo el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, quien calificó la resolución de la Corte como “oportuna” para poder escuchar “a profundidad a las víctimas.
Una consulta exprés
El pasado lunes 27 de mayo, los diputados de la Comisión Política recibieron a todos los sectores involucrados. Le dieron 20 minutos a las organizaciones de víctimas, 20 minutos a las universidades, 20 minutos a las organizaciones militares, 20 minutos a los representantes de las iglesias, y 20 minutos a los demandantes de la Ley de Inconstitucionalidad. Y catalogaron esa reunión como consulta.
“De ninguna manera esto se puede llamar consulta”, advirtió David Morales, vocero de la Mesa contra la Impunidad. Y no solo él lo advirtió. Otros representantes de las víctimas dijeron a los diputados que no bastaban 20 minutos para revisar artículo por artículo, aunque, de forma general, la ley tal como está redactada violaría la sentencia de la Corte IDH sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez saludando a los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legisltiva, el 27 de mayo de 2019, en la llamada “consulta” realizada por los diputados sobre la nueva propuesta de amnistía. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ
“No se necesita ser ni diputado, ni abogado para saber que los diputados ni siquiera están leyendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Dejen que la justicia funcione”, exigió Armando Durán, uno de los demandantes de la Ley de Inconstitucionalidad, y quien denunció al presidente Salvador Sánchez Cerén por secuestro.
Los representantes de las organizaciones de militares, en cambio, hicieron saber que la petición de justicia de las víctimas les parece una exageración, y que se sienten cómodos con la propuesta de la Comisión Política.
“Nosotros pusimos los heridos, los muertos, ahora quieren que pongamos los presos. Como solo son dos proyectos, hay que ver cuál es el que menos nos daña. De los dos que están ahí el de la Asamblea es el que menos daño puede hacer”, dijo José Luis Alvarado, del Comité de Asociaciones Militares.
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