«Hay instituciones, como el Ministerio de Defensa, que no están colaborando»

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Foto y video FACTUM/Gerson  Nájera


Julio César Larrama Barahona asumió la coordinación del Grupo para la Investigación de los Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado, el 12 de diciembre de 2016, cuando esa oficina fue creada en la Fiscalía General de la República (FGR). Tuvo que esperar dos años para tener una política de persecución penal de crímenes de guerra y lesa humanidad. Ambos hechos, tanto la creación de la unidad como la aprobación de la política, fueron la respuesta institucional de la FGR para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

El grupo que coordina Larrama está conformado por cinco fiscales que investigan 182 casos. Pero, según él, el principal problema para esclarecer los hechos no es la cantidad de casos, sino la obtención de información porque muchas instituciones, como el Ministerio de la Defensa Nacional, están obstaculizando la entrega de documentos.

La Sala de lo Constitucional ordenó investigar los 32 casos enumerados en el informe de la Comisión Verdad. La Fiscalía, hasta ahora, no ha tenido acceso a los archivos o anexos que sirvieron de base para la elaboración de ese informe. «Los anexos del informe de la Comisión de la Verdad serían de mucha importancia para esclarecer estos hechos», afirma el jefe fiscal.

Larrama asegura que no están dando prioridad a casos atribuidos a una de las fuerzas beligerantes del conflicto armado.  Según él, «La misma atención que se le presta a un caso atribuido a las fuerzas gubernamentales se le presta a los atribuidos al FMLN».

¿Cuántos casos tiene bajo investigación?

Podríamos decir que tenemos un dato aproximado de 182 casos en investigación. Algunos de ellos están en sede judicial y otros se encuentran en etapa procesal de investigación.

¿Y de qué personal disponen?

Actualmente somos cinco fiscales que estamos trabajando dentro de este grupo. Y de igual manera tenemos el apoyo de otros compañeros fiscales que son de otras oficinas, que de alguna manera conocen casos de este contexto.

Las víctimas se han quejado públicamente, y ante instancias internacionales, de la poca capacidad operativa de la Fiscalía porque su grupo tiene poca gente. ¿No necesitarían más apoyo humano para esto?

El apoyo humano siempre es importante, pero independientemente de que somos un grupo de cinco, estamos tratando de hacer el trabajo de la mejor manera. En todo momento tenemos el apoyo de los titulares de la institución. Y, pues, nos apoyamos en muchos casos, como le decía anteriormente, con compañeros de otras oficinas que de alguna manera se suman al esfuerzo que estamos realizando como Grupo.

¿Son fiscales que pueden recibir algún tipo de denuncia?

Sí, son fiscales que están en oficinas fiscales, que por ejemplo, podría mencionarle Chalatenango, San Vicente, que fueron lugares donde hubo incidencia con respecto a estos hechos ocurridos durante el contexto de la guerra de El Salvador. Ellos, de igual manera, están capacitados técnicamente para poder conocer de estos casos y con ellos tenemos el apoyo, la coordinación constante en cuanto al trabajo que se realiza.

¿Ellos reciben una denuncia y se la pasan al Grupo?

Sí, normalmente. Hay algunos casos que ya están en esas sedes. Pero las denuncias que van recién interponiéndose ellos las reciben, si se interponen en esa jurisdicción e inmediatamente las remiten a este grupo competente para conocer de estos casos.

¿Cuáles son los casos de especial importancia para ustedes?¿Estamos hablando de los 32 casos de la Comisión de la Verdad, que es lo que dice la sentencia, o los casos que interpone la misma gente?

De hecho, la sentencia de la Sala establece que los casos prioritarios a investigar son los 32 casos mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad y todos aquellos casos de igual o mayor trascendencia a los mencionados en este informe. Pero para nosotros, como Grupo, todos los casos son importantes y a todos los casos le estamos prestando la atención debida en el sentido de que inmediatamente las víctimas interponen la denuncia, de esa misma manera se abre un expediente y se comienza a realizar una investigación. En ese sentido yo podría decir que a todos los casos se le está prestando la atención adecuada. Algunos casos podrá decir usted que son emblemáticos, pero para nosotros todos los casos son importantes. Consideramos que todas las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió y que de alguna manera se les haga justicia.

En los últimos meses, algunos medios hemos estado intentando investigar casos de guerra y de lesa humanidad y nos hemos encontrado con una barrera del Estado para abrir expedientes, archivos militares, cosas que nos permitan recrear qué pasó. ¿Ustedes se han encontrado con el mismo problema?

Sí, como Grupo, nosotros tenemos una cantidad de desafíos con respecto a estas investigaciones, recordemos que son hechos históricos ocurridos hace más de 30 años. Eso de alguna manera ha generado algún obstáculo con respecto a las investigaciones, podría mencionarle la recolección de la prueba documental ha sido un tanto difícil. Hay instituciones que están involucradas en este tema que de alguna manera no están colaborando. Por ejemplo, nosotros en reiteradas ocasiones solicitamos información al Ministerio de la Defensa, alguna de ella sí la proporciona, pero por regla general cuando se les pregunta sobre operaciones militares desarrolladas en diferentes contextos, me refiero al territorio del país, manifiestan que no la tienen y eso es un obstáculo de carácter legal para esclarecer estos hechos. De igual manera con respecto a la recolección de la evidencia testimonial tenemos dificultades porque la mayor parte de testigos y víctimas ya son  personas de avanzada edad, muchos de ellos ya fallecieron, otros de ellos están adoleciendo graves enfermedades y otro pues que ha sido posible encontrar para que rindan sus testimonios tanto en sede fiscal como en sede judicial.

¿Qué pasa con los casos que estaban en sede judicial? ¿La información de esos casos es tan fácil conseguirla o es igual de difícil como con los archivos militares?

Pues tengo entendido que de igual manera, estos casos que ya estaban en sede judicial, el tema de la dirección de la investigación le corresponde el juez. Muchos casos que están en sede judicial, ya algunos que van un poco más avanzadas las investigaciones, como por ejemplo, el caso de El Mozote, el juez hizo peticiones en concreto al Ministerio de la Defensa. Tengo entendido que alguna información sí se la han facilitado, pero otra no se la han proporcionado. Probablemente haya algunos otros caso que están en sede judicial en que los jueces hayan hecho las peticiones y no hayan tenido ningún tipo de respuesta o puede ser también que otros jueces no la hayan  solicitado. En ese sentido, nuestro trabajo corresponde a de alguna manera impulsar estos casos y hacerle esas peticiones en concreto al juez para que él lo solicite en el momento procesal que corresponde.

¿Y en el caso de información que ya esté en el archivo judicial?

Nosotros hemos realizado una labor de búsqueda, de mapeos de casos en diferentes sedes judiciales. Fue una de las labores principales con las que iniciamos: ubicar cuántos expedientes se encontraban en sede judicial y fue así como hemos encontrado varios casos a los cuales nosotros les hemos hecho el estudio correspondiente y hemos verificado que proceda la reapertura y así lo hemos solicitado a los tribunales, a las instancias correspondientes. Hay muchos de los casos que están en sede judicial que han sido reaperturados precisamente por petición de la FGR, que estaban archivados. Para mencionarle uno de ellos, el caso Las Hojas, es una masacre de algunos campesinos allá en San Antonio del Monte, Sonsonate, que estaba archivado. Y fue reaperturada la investigación por petición de la FGR. El caso del ISTA también, es otro caso que estaba archivado.

Por ejemplo, los documentos de la investigación de la Comisión de la Verdad, ¿no serían valiosos para la Fiscalía?

Por supuesto que sí, todos los anexos del informe de la Comisión de la verdad que se encuentran en poder de las Naciones Unidas para nosotros serían de mucha importancia para, de alguna manera, esclarecer estos hechos, pero no hemos tenido acceso a ellos.

Entonces se está buscando la manera de poderlos obtener, en algunos casos que están en sede judicial, a los jueces que están conociendo estos casos se les ha hecho esta solicitud, para que sean ellos los que lo soliciten a las instancias correspondientes, en razón de que estos procesos que fueron iniciados y se encuentran en sede judicial, la dirección de la investigación la lleva el juez.

¿Usted como coordinador ha presionado por estos documentos?

Sí, se ha solicitado a los diferentes jueces que están conociendo de estos casos, como por ejemplo, el de El Mozote y otros casos más. En algunas ocasiones sí se ha reiterado la petición y algunas otras que son diligencias que se encuentran en su etapa procesal se han hecho las coordinaciones necesarias para ver de qué manera se puedan solicitar.

Usted me hablaba de 182 casos en proceso de investigación, ¿cuántos de estos son de gente que ha sido víctima de la izquierda?

La sentencia de la Sala de lo Constitucional establece que la investigación debe de realizarse hacia ambas partes beligerantes dentro de este conflicto armado. Entonces nosotros estamos realizando investigaciones de forma objetiva. No obedecemos a ninguna línea política.

Lo que hemos encontrado nosotros es que a gente que fue víctima del Estado habla más, es más participativa que la gente que fue víctima de la exguerrilla.

Nosotros estamos realizando las investigaciones hacia ambas partes, porque ambas partes cometieron graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y la misma atención que se le presta a un caso atribuido a las fuerzas gubernamentales se le presta a los casos atribuidos al FMLN.

En la discusión de la ley de reconciliación, le dejaban a la Fiscalía decidir qué casos investigar. ¿En su opinión esto era lo correcto?

Volvemos al tema de la priorización de casos que es muy complejo. Para nosotros todos los casos son importantes y por supuesto las víctimas tienen todo el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con respecto a los casos, tienen también el derecho de que se les haga justicia y ese es un tema muy complejo. Consideramos de que el proyecto de ley que existe debe ir en todo momento cumpliendo con los estándares internacionales y los mencionados en la sentencia de inconstitucionalidad, que establece que todos estos casos deben de ser investigados y que de igual manera deben de ser llevados a juicios, y que en su momento oportuno las personas que puedan resultar responsables de estos hechos se les imponga una sanción.

 

 

 

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