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Sepur Zarco: La violación sexual como arma de guerra

En una resolución histórica para la justicia guatemalteca el coronel retirado Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdés Asij fueron condenados a 120 y 240 años de prisión de manera respectiva. Esto por “delitos contra la humanidad” bajo la forma de violencia sexual, asesinato y desaparición forzada en un caso denunciado por 15 mujeres q´eqchíes confinadas en el destacamento militar de Sepur Zarco, al norte del país, durante el conflicto armado interno en 1982.


El Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios, dictó el pasado viernes 26 de febrero una sentencia sin precedentes que reconoce el uso de “agresiones sexuales” y “esclavitud sexual” contra población civil como una “arma de guerra” durante el conflicto armado interno en Guatemala. El caso, conocido como Sepur Zarco por el destacamento militar donde tuvieron lugar los hechos, tiene su origen en la desaparición de los esposos de 15 mujeres q´eqchíes y la posterior esclavitud sexual y doméstica a la que ellas fueron sometidas.

Los hechos juzgados tienen su origen un 25 de agosto de 1982 cuando, según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, 18 hombres entre los que se hallaban los esposos de las querellantes fueron capturados por el Ejército en comunidades del norteño departamento de Alta Verapaz. El punto en común entre ellos eran las gestiones que habían realizado para regularizar sus títulos de propiedad. En el contexto del conflicto armado interno esta acción bastó para que se les considerara subversivos.

Alrededor de 20 mujeres fueron trasladadas en los siguientes días a un nuevo destacamento militar, construido entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal y conocido como Sepur Zarco. Era un lugar de descanso de soldados en labores de patrulla en el área según los peritajes y testimonios expuestos durante el juicio. En este sitio, las mujeres fueron sometidas como esclavas sexuales y tuvieron que cocinar y lavar los uniformes de sus mismos agresores durante seis meses.

La jueza Yassmin Barrios presidió la corte que condenó a dos militares por violaciones sexuales de mujeres indígenas en Guatemala. Fotos de Nobel´s Women Initiative.

La jueza Yassmin Barrios presidió la corte que condenó a dos militares por violaciones sexuales de mujeres indígenas en Guatemala. Fotos de Nobel´s Women Initiative.

Los señalados por el tribunal

Los condenados por este caso son el coronel retirado Esteelmer Reyes Girón, el jefe del destacamento Sepur Zarco, identificado en esa época como “el teniente Reyes”. El oficial retirado recibió una condena de 30 años de prisión por el delito de deberes contra la humanidad, en la modalidad de violencia sexual y tratos inhumanos. Y, además, una pena de 90 años de prisión por el asesinato de Dominga Coc y sus dos hijas menores de edad, Anita y Hermelinda. Para una pena total de 120 años. El tribunal determinó que el entonces teniente “era responsable de las acciones de sus soldados”.

Para el excomisionado militar Heriberto Valdés Asij la condena fue de 30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad y 210 años por la desaparición de cinco campesinos, sumando en total 240 años. Valdés, conocido como “El Canche (rubio)”, era policía municipal en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, y se había incorporado como comisionado militar en 1982. Su responsabilidad, según estableció el tribunal, era identificar a los campesinos que luego serían desaparecidos por los soldados.

En ambos casos, al ser juzgados por “delitos contra los deberes de humanidad”, los acusados no podían acogerse a la amnistía decretada en 1996 en la Ley de Reconciliación Nacional, la cual establece en su artículo 8: “La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.

Una defensa que se bate en retirada

Tras la resolución la defensa de Reyes, llevada por el abogado Moisés Galindo, se alejó de los tribunales y prefirió los micrófonos de la prensa. Galindo repitió como lo había hecho un día antes de la sentencia su hipótesis de que “al quedarse sin maridos las mujeres (denunciantes) tuvieron que prostituirse”.  El abogado no llegó a presentar ningún testimonio o prueba documental al respecto; cuestionado, dijo: “la defensa no ha tenido recursos para trasladar a las mujeres, pero la prensa puede ir a preguntar a las mujeres de Sepur Zarco”.

Galindo basa su afirmación en un comentario sacado de contexto de la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj que indicó durante su peritaje, según el abogado, que en 2003 durante una crisis de precios del café mujeres extremadamente pobres en la zona habían llegado a prostituirse. “Si eso pasó en el 2003, imaginen hace 30 años”, aseguró el defensor.

El abogado Galindo habló flanqueado por el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo Ricardo Méndez Ruiz, una organización de defensa de militares con participación en el conflicto armado, y aseguró que la sentencia leída por la jueza Barrios (quién condenó al ex gobernante de facto Efraín Ríos Montt por genocidio) fue dictaminada “por su ideología política”.

Mujeres participan en un ceremonia maya para honrar a las víctimas de Sepur Zarco que terminó con la condena de dos militares.

Mujeres participan en un ceremonia maya para honrar a las víctimas de Sepur Zarco que terminó con la condena de dos militares.

Los alcances de la sentencia

Frente a las quejas de Galindo, la fiscal del caso, Hilda Pineda, sólo tiene un calificativo para el resultado: “histórico”. Pineda añadió que en la fiscalía de Derechos Humanos hay más de 3 mil denuncias por vejámenes durante el conflicto armado, investigaciones que aún están en marcha.

La guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, resaltó la histórica resolución porque se juzgaron delitos contra los deberes de la humanidad, como las violaciones sexuales en el marco de un conflicto armado, en los propios tribunales del país, y no en cortes internacionales.

Al concluir la lectura de la sentencia la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde tuvo lugar el juicio, se llenó con los aplausos y un coro de voces repitiendo “¡Justicia!, ¡Justicia!” y “Mi corazón es Sepur Zarco”. Pese a esto, aún puede ser demasiado pronto para la celebración: La defensa de Reyes ha anunciado su intención de apelar, y al igual que con el caso por genocidio contra Ríos Montt, buscarán argumentar vicios en el proceso para pedir su reinicio.

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