Esa fórmula, la de “lavado de dinero”, ya la había empleado antes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fue en 2008, hace trece años, cuando acusaron por ese supuesto delito al periodista Carlos Fernando Chamorro. En esa ocasión, la causa no prosperó, no solo por la falta de pruebas que la sustentaran, sino porque al sistema de justicia de Nicaragua (en especial a la Fiscalía) le quedaba algo de pudor frente al Estado de Derecho, aunque su demolición ya estaba en marcha. Pero también por otra razón fundamental: la pareja presidencial todavía no había consolidado su poder total, omnímodo, avasallante, como sí lo tienen hoy que fabrican un nuevo caso de “lavado” sin precedentes en la historia de este país, involucrando a más de una veintena de personas, principalmente periodistas.
Hoy, al igual que ayer, los fiscales tampoco encuentran indicios del supuesto delito de “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la organización a la que el régimen Ortega-Murillo le achaca “serias inconsistencias” en sus informes financieros. Los fiscales a cargo del caso han obligado a más de una decena de reporteros a testificar en calidad de testigos contra la organización cuya directora era Cristiana Chamorro -principal indiciada- y quien en la actualidad es la precandidata presidencial con mayor aceptación en las encuestas para medirse a Ortega y Murillo en las elecciones generales programadas para noviembre próximo.
En tres semanas de largos interrogatorios, los fiscales no han logrado atar cabos que demuestren los delitos imputados (también falsedad ideológica, gestiones indebidas y actos ilícitos o indebidos) y abrir una acusación formal, algo que ha molestado de sobremanera a Ortega y Murillo, deseosos, según Cristiana Chamorro, de inhabilitar su candidatura. La inhabilitación de la exdirectora de la Fundación Violeta ocurrió la noche de este martes a través de un comunicado leguleyo, mediante el cual cercenaron una serie de derechos constitucionales a la precandidata sin existir una sentencia firme. Es decir, Nicaragua tiene la única Fiscalía en el mundo que dicta sentencias sin la existencia de un juicio.
Diversas fuentes judiciales aseguran que la pareja presidencial tenía prisa por abrir juicio, y por eso, como se confirmó con la violenta captura del exadministrador y el antiguo contador de la Fundación Violeta la noche del 28 de mayo, parte de la investigación ha sido trasladada a la temida Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), cuyas oficinas centrales están en una cárcel conocida como “El Chipote”. En esas celdas, dicen organismos de derechos humanos, se practica la tortura y malos tratos como método para conseguir declaraciones… confesiones tan “naturales” (las comillas por la ironía y para que quede claro) como las de la NKVD de Stalin. Algo usual cuando se vive en dictadura: a falta de pruebas, la coerción y la violencia policial son el camino más efectivo para fabricar la verdad del régimen.
Este caso de “lavado de dinero” tiene varias aristas como la inhabilitación de Cristiana Chamorro y la carencia de un asidero legal para sustentar la causa. Sin embargo, una de sus motivaciones principales tienen que ver con el acercamiento a la verdad que los periodistas hemos logrado en Nicaragua ante la corrupción rampante, el nepotismo, la consolidación del autoritarismo, el auto-endiosamiento de la familia gobernante, y en especial ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2018, cuando policías y paramilitares sandinistas cometieron una masacre plagada de crímenes de lesa humanidad.
El periodismo enfrenta un nuevo capítulo represivo en Nicaragua, uno muy enconado, después de la persecución sistemática experimentada en los últimos tres años, que pasa por el asalto de redacciones, agresiones físicas, robo, cárcel, exilio, terror a nuestras familias y asesinatos como el de Ángel Gahona. Para la vicepresidenta Murillo, quien suele hablar más y calificar en nombre del gobierno de su marido, los reporteros somos como una especie de plaga de cucarachas que no ha podido eliminar el “Baygón” de la violencia policial. Una terrible comparación con reporteros valientes, pero que como el insecto hemos resistido sin callar en los lugares más indeseables de esta represión que ocupa todos los espacios. Hemos salido golpeados, cojeando, pero siempre publicando lo que el régimen no quiere que se publique.
Los Ortega-Murillo han impuesto al periodismo censura, saboteado a los periódicos, desatado terrorismo fiscal, pero los reporteros nos seguimos reproduciendo, sobre todo en el entorno digital, resistiendo y reinventándonos para seguir informando. Es por eso que ahora, quizás frustrados porque no han podido acallar a la prensa pese a tanto atropello, los Ortega-Murillo acuden nuevamente al sistema de justicia para criminalizar este oficio hecho por testarudos que, a veces, sienten miedo, pero que no claudican.
El periodismo en Nicaragua está siendo perseguido no solo por el ADN represivo de este régimen cuyo hobbie es aplastar libertades, sino porque saben que los reporteros desde ya interfieren en sus planes de perpetrar unas elecciones amañadas y viciadas. Un periodismo que está torpedeando con el poder de la información rigurosa las movidas políticas truculentas y los intentos declarados de los Ortega-Murillo de reelegirse por tercera vez consecutiva, y perpetuarse en el poder, consolidando una dictadura sin retorno y un futuro signado de violencia, desesperanza y fuga de los más jóvenes.
Los Ortega-Murillo atacan al periodismo porque se ha erigido como una herramienta de primer orden para los ciudadanos, en medio de un contexto electoral con una oposición extraviada y un empresariado otra vez en sospechoso silencio. En este escenario, el periodismo empodera a la gente. A eso le temen. Por eso es de suma urgencia para la pareja presidencial criminalizar periodistas y acusarnos de “lavado de dinero” para anularnos. En este momento otra vez sombrío para el periodismo nicaragüense, se necesita la condena sin ambages de la comunidad internacional, pero también el soporte vital de nuestra sociedad, porque eso oxigena nuestra credibilidad. El verdadero poder del pueblo, como suelen decir muchos, proviene en buena medida de una prensa sin ataduras. El camino a la democracia requiere, sí o sí, un periodismo libre que fiscalice antes, durante y después este proceso electoral clave para este país. Por eso hay que proteger el periodismo en este zarpazo final de la dictadura Ortega-Murillo. Porque es extremadamente necesario.
*Wilfredo Miranda Aburto es periodista nicaragüense. Co-fundador y editor de Divergentes, y colaborador del diario El País en Nicaragua. Twitter: @PiruloAr
Opina