Dos mil veinticinco. Si tuviéramos que definir este año en una frase, diríamos que ha sido un año más que complicado para El Salvador.
Pero la complejidad no radica solo en los hechos, sino en la percepción. Es difícil porque, aunque el país se desangra en sus libertades, buena parte de los salvadoreños aún no lo tiene claro. Hay una tragedia silenciosa ocurriendo frente a nuestros ojos: mucha gente aún no asimila lo que ha perdido.
Y esa pérdida se sostiene sobre dos realidades dolorosas que han marcado este calendario. Dos heridas abiertas que explican dónde estamos parados hoy.
La primera realidad es el destierro. Este año fuimos testigos de un exilio masivo de periodistas y de personas que defienden derechos humanos.
Las cifras de la APES son frías pero contundentes: más de 50 periodistas salieron de El Salvador solo en este 2025. Y hay que decirlo con todas sus letras: no se fueron por gusto. Salieron por temor a ser detenidos. Salieron porque su libertad estaba en riesgo inminente.
Podríamos pensar que es una tragedia gremial, una pena privada de los reporteros. Pero nos equivocamos.
Cuando se silencia a un periodista, quien pierde realmente es la sociedad. Cada voz en el exilio es un par de ojos menos fiscalizando el poder. Al intentar apagar el periodismo, lo que se busca es recortar el derecho humano fundamental de la gente a saber, a pensar, a cuestionar.
Es un luto social que hemos normalizado peligrosamente.
La segunda realidad de este 2025 es aún más oscura: la normalización de la injusticia.
Este año se consolidó la idea de que los “buenos” deben estar presos y los criminales pueden andar a sus anchas.
En mayo, vimos cómo se llevaban detenidos a defensores de derechos humanos y a abogadas. Y aunque esta semana presenciamos la liberación de dos de ellos —un abogado y un pastor—, el mensaje de fondo es aterrador.
Fueron liberados solo después de ser obligados a confesar delitos que no cometieron.
El régimen nos ha dicho a la cara: Cualquiera que se atreva a disentir, a pensar diferente o a defender derechos, irá a la cárcel. Se ha criminalizado la defensa de la dignidad humana.
Mientras tanto, instituciones que deberían protegernos, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han perdido el norte por completo, poniéndose del lado del opresor y dando la espalda a las víctimas.
Vivimos en un 2025 donde se premia al rufián. Se aplaude al malandro. Se celebra al “vivián” -a un Bukele- mientras la decencia es perseguida, como dijo Ruth Eleonora López, que sigue presa por no callar, por ser valiente, por tener dignidad.
Parece un panorama desolador. Un año de pérdida grande. Sin embargo, al hacer el balance final, hay algo que no cuadra en los planes del autoritarismo.
A pesar de las condiciones horribles, el periodismo sigue. Se sigue haciendo periodismo de altísima calidad, dentro y fuera de las fronteras. Y los defensores, como Alejandro Henríquez, al salir de su encierro dijeron: Vamos a seguir.
La gran lección de 2025 es que, aunque nos quiten la libertad física, no han logrado arrebatarnos lo más importante.
Estaríamos perdidos si nos hubieran roto la moral. Pero no lo hicieron.
La esperanza de este año radica en una sola palabra que el poder no puede confiscar: Dignidad. La dignidad ha prevalecido. Y mientras esa dignidad exista, el año no está perdido del todo.
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