El Salvador, en la época de la posguerra, nunca fue un paraíso. Desde 1992, hemos padecido una escalada de violencia de las maras o pandillas, así como la corrupción de gobiernos tanto de derecha como de izquierda. En el ámbito económico, la pobreza y la escasez de oportunidades han sido una constante, impulsando el éxodo de cientos de miles de inmigrantes indocumentados, especialmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, desde los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador había logrado superar ciertos problemas que fueron el pan de cada día durante las cuatro décadas anteriores, marcadas por regímenes militares y presidencias que encubrían la ausencia de democracia y el respeto a la pluralidad de ideas. Me refiero específicamente a la persecución política, la criminalización de la disidencia, la instrumentalización del Órgano Judicial para silenciar a la oposición y las voces críticas, y el uso de la fuerza —a través de la Policía y la Fuerza Armada— para amenazar a la prensa independiente y la sociedad civil organizada. Lamentablemente, estos problemas han resurgido desde 2019, año en que Nayib Bukele asumió la presidencia, y se han intensificado en el último año, el primero de su quinquenio inconstitucional.
Los casos más recientes son, quizás, los más emblemáticos de la persecución política en El Salvador, dada la evidente ilegalidad y arbitrariedad de sus capturas y procesos penales. Lo que le ha ocurrido a los abogados Ruth Eleonora López y Enrique Anaya es un claro ejemplo de que la persecución política persiste en el país. A ellos se suman, por supuesto, los casos del abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, de la Misión Cristiana Elim. Pero los casos de López y Anaya son particularmente ilustrativos porque ha quedado claro que el objetivo era silenciarlos por ser voces críticas con gran resonancia nacional e internacional. Este objetivo es evidente porque sus procesos judiciales no superan ningún examen de procesabilidad, lo que los convierte en casos prefabricados por la Fiscalía General de la República, con la complicidad de los jueces que han confirmado su detención provisional y su remisión a la fase de instrucción.
Inicialmente, la abogada Ruth López fue acusada de peculado. Sin embargo, al percatarse de la inviabilidad de procesarla por este delito, la Fiscalía lo modificó a enriquecimiento ilícito. Los supuestos cargos contra la abogada se refieren a la sustracción de fondos públicos cuando se desempeñaba como asistente del entonces magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Aunque el caso se mantiene bajo reserva total, medios de comunicación afines al oficialismo han difundido que a Ruth se le imputa haber recibido fondos por concepto de viáticos para misiones oficiales del Tribunal Supremo Electoral, así como dinero para cursar un diplomado. Si esta información —propagada por lo que parecen ser panfletos— es precisa, queda en evidencia que se trata de un caso de persecución política. Recibir viáticos por una misión oficial dentro de una institución donde se labora no constituye delito, y tampoco lo es destinar o recibir fondos para la capacitación del personal de dicha institución. Por lo tanto, esta acusación sería ridícula y solo demostraría que el verdadero objetivo es silenciar a la abogada, criminalizando de esta manera la disidencia política, un derecho inherente a todo ciudadano.
En cuanto al abogado Enrique Anaya, se le ha imputado el delito de Lavado de Dinero y Activos, aunque los detalles de la acusación no han trascendido. Siendo Anaya un abogado que ha desarrollado su carrera en el ámbito privado y académico, resulta difícil concebir una conducta de su parte que apunte a ocultar o encubrir un supuesto origen ilícito de fondos.
Tanto el caso de Ruth López como el de Enrique Anaya han sido declarados bajo reserva total. Esto facilita que la Fiscalía General de la República (FGR) impida la divulgación de los hechos específicos por los cuales fueron acusados. Evidentemente, esta reserva busca ocultar el adefesio jurídico que representa la fabricación de estos casos penales por parte de la FGR. La exposición pública de estos hechos probaría que se trata de claros ejemplos de persecución política, una conclusión a la que se puede llegar con sentido común, sin necesidad de ser abogado o experto en leyes.
Recientemente, la Sala de lo Constitucional, también impuesta por el oficialismo, admitió procesos de hábeas corpus en ambos casos. Esto parece ser una acción meticulosamente planeada para simular la existencia de un Estado de Derecho. Sin embargo, al avalar la aplicación del régimen de excepción para delitos comunes, los magistrados impuestos solo demuestran que son títeres del Órgano Ejecutivo y que en El Salvador no existe una verdadera separación de poderes.
Lo mismo ocurre con los procesos penales contra Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, quienes fueron capturados por participar en una protesta pacífica. Estas detenciones y procesos judiciales criminalizan los derechos a la libertad de asociación y de expresión, y a su vez, la disidencia política.
Los casos antes mencionados no son los únicos. También se pueden considerar ejemplos de persecución política los de Ernesto Muyshondt, Eugenio Chicas, Luis Alexander Rivas (conocido en la red social X como “El Comisionado”) y Fidel Zelaya, entre otros. Aunque estos personajes no sean del agrado de muchas personas, todos ellos son presos políticos.
Todos estos casos ilustran claramente una sistemática persecución política contra cualquier ciudadano que represente una voz crítica hacia el Gobierno. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay otros que no se han concretado porque las personas han huido del país para escapar de la represión, como algunos periodistas independientes o defensoras de derechos humanos como la abogada Ingrid Escobar. Los perseguidos y presos políticos han reaparecido en El Salvador después de casi treinta años de haber desaparecido. Hemos retrocedido cuarenta o cincuenta años en términos de respeto a la disidencia y a la pluralidad de ideas, una de las causas que, por cierto, originó la guerra civil.
Los perseguidos y presos políticos han regresado a El Salvador después de cincuenta años, pero lo que la dictadura salvadoreña no espera es que, por cada persona que logran silenciar mediante la represión, habrá dos, tres o cinco más dispuestas a no callar frente a la tiranía.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC.
Opina