Porque el pueblo lo pidió

Se cumplen dos años desde que Nayib Bukele asumió como presidente de El Salvador y un mes desde la conformación de la nueva Asamblea Legislativa. Con una altísima popularidad, el presidente justifica cada acción que hace con el precepto de que «es algo que el pueblo no solo pide, sino que también necesita».

Aprovecharse de la ignorancia o de la desesperanza de las personas es un acto vil, del cual Nayib ha sacado el mayor provecho. La mentira institucionalizada, el discurso de odio y la manipulación como política de Estado ha sido lo que ha marcado este tiempo. Esto ha llevado a matizar y a maquillar la corrupción, el endeudamiento y a ver con desdén el debilitamiento –aún más profundo– de nuestras instituciones.

Nayib manipula, se aprovecha y miente. Nos vende espejismos y nos creemos el cuento de que ha hecho mucho por El Salvador. Nos convencemos de que está trabajando para cambiar las cosas. Confiamos en él. 

Pero el problema es que a Nayib le estorban las normas del juego. Le estorba el control. Le estorba todo aquello que no aplauda su forma de proceder. Y lo peor es que se jacta de ello. Se hace pasar por cool y distinto, por irreverente. Utiliza un lenguaje de opuestos y de polos. Se afana en hacernos creer que El Salvador está dividido en bandos y así lo hace ver en el lenguaje que ocupa: “el 3 %”, “los mismos de siempre”, “los que odian a El Salvador”, el “aparato ideológico” (¿?).

A comienzos del siglo XVIII, Montesquieu, un filósofo y jurista francés, habló de lo que se conocería como la teoría de la división de poderes. La hipótesis de Montesquieu es que “todo hombre que tiene poder, tiende a abusar de el” y que, precisamente por esto, es necesario que “el poder contenga al poder”. Esto se iba a lograr a través de los frenos y contrapesos, propio de la división de poderes. Desde ese entonces era evidente que la concentración del poder en unas mismas manos jamás puede traer algo bueno. Y eso lo padecemos, 300 años después, todas y todos en El Salvador.

Las palabras de Montesquieu no han perdido vigencia a lo largo del tiempo. Hoy en día, Bukele se ha encargado de eliminar esos contrapesos porque “el pueblo así lo quiso”. Y no, no se ha encargado de modernizar instituciones o colocar personas idóneas en los cargos. Ni siquiera se ha molestado en seguir los procesos adecuados, sino todo lo contrario. Se ha erigido como sabedor de la voluntad del pueblo y de la verdad absoluta; y ha hecho y deshecho a su antojo, con el único propósito de obtener más poder para sí. Nada más.

Con las actuaciones del primero de mayo, la Asamblea Legislativa controlada por Nayib no decidió cambiar lo que estaba mal, sino que quitaron a los órganos de control que podían hacerle estorbo. Por eso desbarató a la Sala de lo Constitucional y descabezó a la FGR y no a otras instituciones. Podemos cuestionar la idoneidad de algunos funcionarios, pero esto no justifica la actuación berrinchuda y arrogante de un presidente que utiliza otro órgano del Estado para sus intereses mezquinos. Se trata de un órgano que debería controlarlo, no aplaudirle y hacer que sus deseos sean interpretados como órdenes que deben ser cumplidas.

El populismo de Bukele ha instaurado el discurso de que «eso es lo que el pueblo quiere» y que él es un instrumento de bien, que hace eco a esas demandas. Pero, ¿realmente el pueblo pidió que se destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? ¿El pueblo pidió que hace más de un año entrara a la Asamblea Legislativa acompañado de militares? ¿O mentirle al cuerpo diplomático? ¿O archivar decenas de proyectos de ley que habían sido trabajados por colectivos de la sociedad civil? ¿O que se obstaculice la transparencia y el acceso a la información pública? 

No podemos darnos el lujo de aceptar ese discurso, de aplaudir el uso excesivo de la fuerza, los ataques a la prensa, las mentiras y el constante desafío a la institucionalidad y a los Derechos Humanos. Lo único que Nayib quiere es tener todo para sí. Quiere el poder absoluto y, como bien sabemos, el poder absoluto corrompe todo. 

Si las instituciones han sido corrompidas en el pasado y la sociedad ha sido burlada, esto no le da licencia a él o a su partido de continuar haciendo lo mismo, bajo el disfraz de que son nuevas ideas. No podemos relativizar lo que está pasando. No podemos verlo con ojos de indulgencia, porque la historia –¡nuestra propia historia!– nos indica cómo va a terminar todo esto. El Estado no puede ni debe estar en manos de una persona enferma y ambiciosa de poder.

Es muy peligrosa la arrogancia de un servidor público que ha utilizado todo el aparato estatal para hacernos creer que él sabe lo que el pueblo quiere; un funcionario que se encarga de crear un enemigo difuso y ficticio y definido como todo aquel que piense distinto a él o le critique. Y es más peligroso que se aproveche del hartazgo generalizado de la forma de hacer política en el país y lo interprete como un cheque en blanco para debilitar aún más las instituciones y violentar los Derechos Humanos. Eso no es lo que el pueblo necesita. 


*Gabriela Santos es abogada y directora de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de El Salvador. Tiene un magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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