Este 1 de junio de 2025 se cumplieron seis años desde el ascenso de Nayib Bukele al poder. Un pueblo cansado de la corrupción y la inoperancia de los gobiernos anteriores decidió castigar a los partidos tradicionales y confiar en un nuevo liderazgo. Sin embargo, al final, este liderazgo ha demostrado no ser diferente al de sus antecesores. La distinción radica en que que este nuevo líder mesiánico vendría con una nueva idea: destruir, con su carácter autocrático, la democracia salvadoreña.
Desde antes de su triunfo electoral en 2019, Bukele ya había demostrado su vocación autocrática. El 17 de febrero de 2016, mientras aún militaba en el FMLN —el partido que lo dio a conocer y que luego lo expulsaría—, el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, convocó a una protesta frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicada en el edificio “Farmavida”, en Santa Elena. La manifestación respondía a investigaciones periodísticas y a pesquisas preliminares de la FGR que lo involucraban en el famoso caso “Troll Center”. Este caso consistía en la investigación de ciberataques a los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, cuyas páginas web fueron clonadas. La Fiscalía de aquel entonces, dirigida por Douglas Martínez, basándose en esas investigaciones, realizó varias capturas. Entre los detenidos se encontraban Óscar Alejandro Domínguez, hoy Ministro de Agricultura y Ganadería, y Sofía Medina, actual Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia. Según las investigaciones de la FGR, existía una vinculación entre los operadores del “Troll Center” y el entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.
Este caso fue el detonante de la protesta, el famoso “tarimazo” frente a la FGR. Frente a la investigación que lo involucraba, Bukele respondió con amenazas, acompañado de dirigentes del FMLN y de figuras que, posteriormente, serían clave en su vertiginoso ascenso al poder absoluto. En ese momento, yo me encontraba en la Torre Avante, justo enfrente del edificio de la FGR. Desde allí pude confirmar el talante autocrático de ese personaje y el peligro que representaba para El Salvador. No hay peligro más claro que cuando la amenaza, mediante el uso de una turba, se emplea como herramienta ante una investigación de una institución que, en ese momento y a pesar de todos los escándalos del pasado, no era un apéndice del Órgano Ejecutivo, como lo es ahora. Si en aquel entonces hubiera existido la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, el caso “Troll Center” no habría sido desestimado y, muy probablemente, se habrían podido profundizar las investigaciones sobre los vínculos entre los procesados y Bukele. De haber sido así, él habría sido procesado y quizá no habría podido ser candidato a la presidencia. Queda en la conciencia de quienes defendieron a estos sujetos parte del peso de toda la destrucción de la democracia de estos seis años.
Esa fue una de las primeras señales de su autoritarismo. Posteriormente, hubo otras, como su inscripción de última hora en el extinto partido GANA para competir por la presidencia de la República. Con esa decisión, demostró su capacidad de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Una vez en el ejercicio de la presidencia, sus métodos se radicalizaron. La invasión militar a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 no fue una simple alerta, sino la materialización de sus ideas absolutistas. Pero si hay una fecha de no retorno en dirección a una dictadura, es el 1 de mayo de 2021. En ese día, la nueva Asamblea Legislativa, dominada por su partido, perpetró un golpe de Estado al Órgano Judicial. Bajo la amenaza coercitiva del ejército y la PNC, forzaron la renuncia de los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron nuevos magistrados y un nuevo Fiscal General. Esos magistrados, mediante una sentencia espuria, interpretaron que un presidente podía reelegirse de forma inmediata, una circunstancia que la Constitución prohíbe hasta en seis ocasiones. Por su parte, el Fiscal, instrumentalizando la justicia, se presta a la persecución de personas críticas al régimen, como los casos recientes contra la abogada Ruth Leonora López, el abogado Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
A estas alturas, tras seis años en los que se han desmantelado la democracia, la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos; en los que se han cooptado absolutamente todas las instituciones del Estado; y en los que se ha profundizado la represión, la persecución y la criminalización de la disidencia política, parece inverosímil que aún existan personas —algunas de ellas autodenominadas intelectuales— que consideren que no estamos viviendo una dictadura. La tenemos desde el 1 de mayo de 2021. Otra cosa muy distinta es que la profundización de esta dictadura no se haya hecho evidente hasta los últimos meses, producto de la caída de su popularidad y del despertar de la prensa y la comunidad internacional, que ya no ven a Bukele como un presidente “cool” sino como un vulgar dictador.
Son seis años de grandes retrocesos. Cuatro de ellos los hemos vivido bajo una dictadura, y uno de esos años es inconstitucional. Seis años que podrían convertirse en quince, veinte o incluso treinta, porque lo más probable es que este régimen termine de destruir la Constitución para permitir la reelección indefinida, tal como hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Son seis años de destrucción de la transparencia, la cultura y la disidencia. Seis años que parecen una eternidad.
La eliminación de las pandillas como estructuras organizadas representa un enorme alivio para la sociedad; nadie en su sano juicio podría oponerse a su desaparición. Sin embargo, una cosa es el justo desmantelamiento de las maras y otra muy distinta es el precio que se ha pagado por detener este flagelo. La población le ha dado un cheque en blanco a Bukele en agradecimiento por la seguridad física de la que ahora goza. Pero, al mismo tiempo, empieza a percatarse de que otorgar poder absoluto a una sola persona es contraproducente para el país.
Siempre hubo señales, y ahora la gente observa con estupor cómo el poder absoluto no solo corrompe la institucionalidad y la democracia de una nación, sino que también permite la persecución política y la criminalización de derechos, como el de la protesta. Poco a poco, la gente, al igual que la prensa internacional, irá despertando, pero quizá ya sea demasiado tarde.
*Alfonso Fajardo nació en San Salvador, en 1975. Es abogado y poeta. Miembro fundador del Taller Literario TALEGA. Su cuenta de Twitter es: @AlfonsoFajardoC.
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