Universalizar las pensiones en El Salvador, ¿es posible?

Han pasado más de siete meses desde que el presidente Nayib Bukele anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de reforma al sistema de pensiones. Desde entonces, poco se ha conocido sobre el tema, pues no se ha comunicado si se tratará de una reforma estructural o solo modificará algunos parámetros del sistema. Tampoco se han dado a conocer las medidas particulares que impulsará o los espacios para socializar el anteproyecto de manera transparente.

Como he señalado en espacios anteriores, uno de los problemas medulares del sistema de pensiones (y que deberá atender urgentemente la próxima reforma) radica en su baja cobertura: históricamente, solo uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras cotiza al sistema, lo que implica que la mayor parte de la fuerza laboral se encuentra al margen de la seguridad social. Al cumplir la edad de retiro, el sistema de pensiones salvadoreño se vuelve más excluyente, pues solo uno de cada seis adultos mayores logra pensionarse.

Ante esta realidad, desde 2010 el Estado salvadoreño empezó a otorgar la pensión básica universal, programa no contributivo que entrega una pensión mínima a personas de 70 años o más que carecen de ingresos y que residen en asentamientos bajo condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Si bien estos programas no contributivos no son la solución permanente a todos los problemas del sistema de pensiones, existe basta evidencia académica y empírica que corrobora que su implementación contribuye a reducir la pobreza y mejorar la seguridad económica en la vejez.

Los sistemas no contributivos son un primer paso hacia la universalización de la cobertura previsional, si son adecuadamente focalizados. Su extensión en el tiempo es importante para que más personas cuenten con un ingreso previsional que supla parcialmente la exclusión del sistema de pensiones contributivo. Sin embargo, a la fecha, solo el 5 por ciento de la población meta potencial cuenta con este beneficio.

¿Es posible extender la pensión básica universal a más personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que otorgar una pensión mínima (que contribuya a superar la línea de pobreza extrema) a 100,000 adultos mayores de 70 años en situación de pobreza implicaría una erogación anual de 76 millones de dólares. En la medida que se cuente con criterios de focalización robustos, este pilar de protección social podría contribuir paulatinamente a reducir los índices de pobreza a nivel nacional y saldar una deuda histórica en materia de política social.

¿Existen los espacios fiscales en el país para impulsar y sostener esta medida en el tiempo? Depende en gran medida de las prioridades de la política pública de cada gobierno de turno.

Las pasadas administraciones mostraron poco interés en extender la cobertura previsional. Tanto la privatización del sistema de pensiones ocurrida en 1998 como la reforma ejecutada en 2017 se posicionaron mediáticamente como la panacea previsional; no obstante, solo enquistaron aún más la exclusión social del sistema de pensiones.

La actual administración tiene la oportunidad de dar los primeros pasos para ejecutar una reforma integral que extienda la cobertura previsional para los adultos mayores que carecen de una pensión. Si bien las finanzas públicas del país afrontan un escenario complejo y retador, hemos visto cómo en menos de un año el gobierno ha erogado más de 100 millones de dólares para adquirir bitcoins, suficiente para extender la pensión básica universal en el escenario analizado por la OIT.

¿Qué hubiera pasado si este dinero se hubiera invertido en impulsar la pensión básica universal u otros pilares de seguridad social? ¿Por qué la protección social universal nunca ha sido una prioridad para los gobiernos de turno? ¿Será justo que se promuevan reformas para elevar pensiones de quienes ya cuentan con una, sin atender de manera paralela la pobreza de más de 100,000 adultos mayores excluidos del sistema? La universalización gradual de las pensiones es posible, siempre y cuando las decisiones adquieran tanto una dimensión técnica como de derechos humanos, se cuente con los recursos necesarios para financiarlas y exista voluntad política en reducir la desigualdad. Todas y todos merecemos una vejez digna.


*Carlos Eduardo Argueta es economista, estadístico e investigador. Licenciado en Economía y máster en Estadística Aplicada a la Investigación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador). Cuenta con publicaciones académicas en temas sobre mercado de trabajo, sistemas de pensiones, migración y retorno, análisis de opinión pública y macroeconomía aplicada. Becario UCA 2016-2018 y becario Sur Place/Conacyt 2020-2022. Actualmente estudia la Maestría en Economía (con especialización en Teoría y Método de la Economía) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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