La reforma que el presidente prometió para octubre de 2021 descansa ahora en que los sindicatos alineados al gobierno se sentarán a discutir cómo debe ser el nuevo sistema previsional salvadoreño. Bukele notificó a los sindicatos su inclusión este 1 de mayo, a través de su ministro de Trabajo, durante un inusual convivio en un hotel de San Salvador para celebrar el Día Internacional del Trabajo.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
Las exigencias de los sindicatos para la elaboración de una reforma profunda al sistema de pensiones de El Salvador plantean retos para el gobierno de Nayib Bukele. Si bien hay sintonía en que el sistema debe pasar del ahorro individual al de reparto (fondo común), no hay certeza sobre otros puntos: pasar la administración de las pensiones a manos del gobierno, un aumento sustancial de las cuotas para los jubilados, pero sin incrementar la cotización del trabajador y sí el aporte de los patronos, y sin poner aún más arriba la edad de jubilación.
Los sindicatos, al menos los alineados al gobierno, podrán debatir esos intereses con el gobierno luego de que se les anunció oficialmente este domingo 1 de mayo que serán incluidos para la elaboración de la reforma al sistema previsional. La noticia les llegó por medio del ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien en nombre de Bukele reunió a los sindicatos en un convivio en el hotel Real Intercontinental, de San Salvador, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. De esta manera, alejados de las calles sobre las que cada año han marchado para mostrar sus exigencias y reivindicaciones laborales, los sindicatos acudieron a la invitación.
“El gobierno no va a presentar una reforma si no va discutida, analizada, trabajada y presentada a la Asamblea Legislativa junto con ustedes la clase trabajadora. Así que anunciamos que a partir de hoy armaremos un cronograma de reuniones con todos sus dirigentes sindicales para que revisemos y planteemos una reforma”, dijo el ministro Castro frente a cientos de representantes de sindicatos que se encuentran afines a las políticas del gobierno de Bukele.
#1M | 🔴Suena el “Himno de la Unidad” en el recinto de un hotel donde el gobierno reunió a sus sindicatos afines. El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, levanta su brazo derecho mientras corea.
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— Revista Factum (@RevistaFactum) May 1, 2022
En el convivio del hotel este domingo se congreraron confederaciones que aglutinan decenas de sindicatos. Al estrado desde donde habló Castro fueron llamados dirigentes como Joselito Acosta, de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador; Jaime Ávalos, de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym); Noé Nerio, del sector de trabajadores azucareros; Melquísedec Castillo, del sector de trabajadores portuarios; Álex Carballo, de los trabajadores de la salud pública; Emilia de Paz, de la Imprenta Nacional; Mari Carmen Molina, de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Salvadoreños; y Ricardo Monge, de los trabajadores del Seguro Social.
Los sindicalistas agradecieron la participación que el gobierno de Bukele les concedió para confeccionar la reforma al sistema de pensiones, que en los anuncios del presidente ya tiene un retraso de casi siete meses, desde que avisó que la enviaría a la Asamblea Legislativa a mediados de octubre de 2021. En noviembre pasado, los sindicalistas afines al gobierno aseguraron que hubo una reunión con el gobierno como un primer acercamiento para conocer sus exigencias. De allí se desprendió que los sindicatos buscan un aumento sustancial de la pensión mínima.
El gobierno no ha dado respuestas específicas a cada una de las peticiones de los gremios sindicales, pero sí tienen un punto en común: la insostenibilidad del sistema de capitalización individual. Por ello, un primer acuerdo incluso antes de sentarse en las reuniones entre gobierno y sindicatos que anunció el ministro Castro es que el sistema podría cambiar del ahorro individual al reparto, que existió antes en El Salvador y que era administrado por el Inpep.
En los debates, según explicó el dirigente Álex Carballo, los sindicatos van a plantear sus puntos sobre las pensiones: un aumento sustancial que pase del 40-45 por ciento de tasa de reemplazo al 70 por ciento, lo que podrá elevar el monto de la pensión mensual para los jubilados. Sin embargo, el reto para el gobierno está en que los sindicatos exigen mejores pensiones, sin aumentar las cuotas de los trabajadores. Carballo dijo luego del convivio que deben ser los patronos los que deben aumentar sus aportes a la cotización mensual del trabajador. Incluso, dijo que pedirán que los salarios más elevados tengan un porcentaje mayor de cotización que el estándar. Otra exigencia que enmarcó Carballo es que el gobierno no debe subir la edad de jubilación.
Con este anuncio, la fecha para que el gobierno presente su reforma al sistema de pensiones se vuelve indefinida. Los sindicatos, en todo caso, deberán dar el visto bueno a lo que resulte de las reuniones con los representantes gubernamentales.
Mientras tanto, el dirigente Ricardo Monge aseguró que los únicos invitados a debatir con el gobierno son los sindicatos que estuvieron en la celebración del gobierno y no los que salieron a las calles a marchar. De hecho, el ministro Castro y los sindicalistas afines volvieron a calificar a los otros grupos de trabajadores que se manifestaron este 1 de mayo en las calles como colaboradores, simpatizantes o familiares de pandilleros.
Los sindicatos de la marcha
Pese a la criminalización de parte de Rolando Castro, ministro de trabajo, en la que amenazó con cárcel a quienes salieran a marchar durante el 1M, algunos sindicatos, empleados públicos y privados se concentraron para conmemorar la fecha y protestar contra las medidas políticas y socioeconómicas del gobierno de Nayib Bukele. Foto FACTUM / Gerson Nájera
La estigmatización y la criminalización de la protesta no detuvo a los otros sindicatos. La Alianza Nacional El Salvador en Paz, integrada por 48 organizaciones, instaló su conmemoración del Día del Trabajo con grupo musical y baile incluido, en la Plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador. Su intención principal era hacer prevalecer su derecho a expresar su pensamiento, distinto al oficial, en medio de una campaña de temor montada por el gobierno para deslegitimar la manifestación. La cantidad de personas que participaron fue menor a la observada en marchas anteriores.
Artistas, movimientos de trabajadores de la policía y de seguridad privada, maestros, despedidos del sector público, veteranos de guerra y sindicalistas bailaron y mostraron públicamente su repudio a la criminalización del movimiento social, al que el gobierno acusó de apoyar a las pandillas, y por el desbaratamiento del Estado de derecho. Los organizadores se apostaron en la plaza histórica desde la noche del sábado 30 de abril; debido a que recibieron una alerta que la alcaldía de San Salvador revocaría el permiso que les extendió para hacer el evento, según les informó un agente del CAM.
Ante el régimen de excepción, un grupo de jóvenes colocaron una guillotina frente al Palacio Nacional. La guillotina era una máquina utilizada para aplicar la pena capital por decapitación. El régimen de excepción condena en redes sociales a jóvenes, y los encarcela en penales, cada vez que son asociados a pandillas, sin que se les haya comprobado un delito. Foto FACTUM / Gerson Nájera
“Los sindicalistas serviles ahorita se están hartando un plato de comida enmotelados. Nosotros, la clase trabajadora legítima, aquí le estamos haciendo huevos bajo el sol. Y le decimos al régimen que no le tenemos miedo”. Esas eran las palabras del maestro de ceremonia que recibía las diferentes marchas en la plaza General Gerardo Barrios. Una de estas partió del parque Cuscatlán y fue convocada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP). Esta fue la más multitudinaria, que en otro año habría sido de miles, pero en esta ocasión, cuando continúa vigente un régimen de excepción por la violencia, fue de cientos.
Sindicalistas queman una caja con los colores alusivos al partido Nuevas Ideas y al seudónimo que en redes sociales con el que se nombra al presidente de la república de El Salvador. Foto FACTUM / Gerson Nájera
“Todos los años lo hemos hecho, como buena ciudadana salvadoreña que soy. No vemos el porqué de no hacerla este año. Es una marcha pacífica”, dijo una anciana que pidió no citar su nombre y que acudió al llamado del BRP. “Las amenazas del ministro de Gobernación fueron en vano, porque la población nunca le va a hacer caso, porque el pueblo sabe cómo estamos con la canasta básica, cómo estamos con el desempleo. La delincuencia sigue. No vemos una mejoría en el país. Por eso salimos a marchar”, agregó la manifestante.
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