Tenemos una deuda tan grande que parece de ciencia ficción. A julio de este año, la deuda pública de El Salvador superó los 33,500 millones de dólares. Eso es casi el 90% de todo lo que el país produce en un año.
Traducido: si usted y yo trabajáramos un año entero, sin gastar en comida, salud, transporte o escuela, ni un solo centavo, igual no alcanzaría para pagar lo que el Estado debe. Y eso es solo la deuda pública.
Está también la deuda de pensiones, que ya pasó los 10,900 millones de dólares. Eso significa que quienes han trabajado toda su vida, quienes cotizaron con la esperanza de tener una vejez digna, han estado financiando un sistema que se tragó su dinero, sin que nadie les preguntara si estaban de acuerdo. Mes a mes, los gobiernos —este y los anteriores— han usado esos ahorros para tapar agujeros, para gastar más de lo que tienen. Lo que debería ser un colchón, hoy es un pozo sin fondo.
El problema no es técnico. El problema es humano. Significa que miles de salvadoreños que ya llegaron a su retiro o que siguen cotizando para llegar a jubilarse, recibirán pensiones de miseria -si es que reciben. Significa que la gente que dio todo su esfuerzo, que aportó a este país con trabajo, recibirá como pago el abandono.
Y mientras tanto, la promesa del cambio, como todas las que nos han dado, se deshizo en humo. El gobierno actual dijo que haría las cosas diferente, pero la realidad es otra: se está endeudando más rápido que cualquiera de sus predecesores, y lo hace sin mostrar la menor intención de corregir el rumbo. A eso hay que sumarle una certeza: este gobierno, como los anteriores, es profundamente corrupto.
Lo que cambia es el uniforme, no la práctica. Casa Presidencial, desde la posguerra, ha sido una escuela de mafiosos que hoy, para el dolor de los creyentes que han comenzado a reconocer la realidad, ha alcanzado la perfección en el arte del hurto.
La crisis es tan evidente que este gobierno –reticente a asumir sus errores– tuvo que renunciar al capricho, la terquedad y la opacidad con la que sostuvo al Bitcoin, a cambio de que el Fondo Monetario Internacional le entregara un bote salvavidas insuficiente para evitar que nos hundamos.
En apenas siete meses de este año, la Asamblea aprobó más préstamos que en todo 2024. Se gobierna con deuda. Se paga una tarjeta con otra tarjeta. Y todos sabemos cómo termina eso: con intereses impagables, con más aprietos, con menos futuro. El país ya lo debemos: le pertenece a nuestros acreedores.
Y lo más indignante: la gente no ve mejoras. Los hospitales siguen sin medicinas, las escuelas públicas siguen cayéndose a pedazos, la inseguridad laboral sigue ahogando a miles. La brecha entre ricos y pobres permanece intacta. Entonces, ¿a dónde fue a parar tanto dinero? La respuesta es dolorosa: a propaganda, a proyectos faraónicos sin transparencia, y a sostener un régimen que concentra poder mientras vacía las arcas del país.
Este nivel de deuda es una bomba de tiempo. No se trata de números en un Excel: se trata de nuestra vida cotidiana. Porque la deuda se paga con más impuestos, con servicios más caros, con recortes a los servicios públicos, con menos oportunidades para nuestros hijos. La deuda se paga con jóvenes que emigran porque aquí no hay futuro. La deuda se paga con pensionados condenados a sobrevivir con migajas.
La única obra que de verdad están levantando es la deuda. Un monumento invisible que crece cada día y que, cuando se nos venga encima, no tendrá corte de cinta ni fuegos artificiales. Solo ruinas.
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