Para enfrentar la emergencia no es necesario sacrificar ni la libertad de prensa, la rendición de cuentas y menos la separación de poderes. Es ingenuo pensar que los políticos no están considerando la crisis como oportunidad electoral.
Tres periodistas de Revista Factum explican los sucesos que han llevado a que, a mediados del mes de abril de 2020, en plena pandemia del COVID-19, El Salvador entrara en una crisis democrática, una crisis que tiene tres caras: la sanitaria, la económica y la democrática.
Más de 50 personas guardan cuarentena en un hotel de Santa Elena. Todos llevan más de 30 días aislados. El viernes 17, varios de ellos se envalentonaron y gritaron desde sus ventanas que querían respuestas. Temían haber quedado en el olvido.
Charlamos con un referente del periodismo latinoamericano, el argentino Diego Fonseca, escritor, editor y periodista freelance. Diego se conectó –vía Instagram Live– desde su residencia en Igualada, la localidad ubicada al oeste de Barcelona.
Revista Factum inició un ciclo de charlas en Instagram LIVE que conecta a periodistas de distintas partes del mundo. Esta semana nos enfocamos en Nueva York y el drama que ahí se vive por el Covid-19.
Desde la red pública, y pese a la propaganda oficial, médicos y enfermeras se quejan de dos aspectos: falta de insumos para protegerse y la ausencia de protocolos definidos para saber qué hacer ante un posible contagio por el Sars-Cov-2.
Ninguna entidad obligada a dar cumplimiento a la LAIP debe mantenerse al margen, ni debería suspender las consultas, peticiones o solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas, so pretexto de la situación de emergencia.
La Sala de lo Constitucional reiteró la prohibición de detener a quienes incumplan la cuarentena domiciliaria. Bukele anunció en Twitter que no acatará el fallo del máximo tribunal de El Salvador.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho plantean que el Gobierno, sin tener las facultades, pretende restringir derechos constitucionales.
En el INJUVE, la mezcla de personas que llegaron desde Europa y Centroamérica, más la falta de información de las pruebas, ha provocado incertidumbre y una cuarentena obligatoria de 45 días.
Gobierno aprobó un nuevo decreto que limita garantías constitucionales -algo que corresponde a la Asamblea- en un día en el que personal médico del hospital Zacamil entró en cuarentena por falta de un protocolo para atender la pandemia.
Los incentivos económicos al sector empresarial no pueden darse si no hay protección al empleo asalariado y un tránsito de la economía informal de subsistencia a una economía solidaria más productiva.
Arena y FMLN consideran innecesario un nuevo decreto que limite los derechos constitucionales pues restringir la movilidad ciudadana y ordenar cuarentenas ya están contemplados en la emergencia.
La nueva propuesta de régimen de excepción presentada por el gobierno, que será debatida este domingo por la Asamblea, incluye la posibilidad de establecer toques de queda.
«La crítica tanto interna como internacional es algo que él (Bukele) desprecia y por eso reacciona de la manera intolerante», dijo a Factum José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
