El plan socioeconómico que urgirá tras la emergencia

La pandemia ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente problemas estructurales de nuestros regímenes de bienestar, distintos a los vinculados con la delincuencia; pero también, la manera altamente desigual con la cual se distribuyen estos costos.

En esta crisis, la cotidianidad de la población se ha configurado en torno a diferentes privilegios y exclusiones en el disfrute de derechos fundamentales vinculados al funcionamiento del mundo del trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la convivencia. Si bien estos problemas reflejan desigualdades históricas, la pausa social y económica que el mundo ha tenido que hacer por el COVID-19 brinda una oportunidad única para repensar las dinámicas distributivas del modelo de desarrollo y transitar hacia esquemas más equitativos.

¿Cómo hacerlo? A través del aprovechamiento social de los recursos canalizados para el desarrollo de medidas de recuperación y rescate económico. Esto implica, entre muchas cosas, que las políticas comprendan los siguientes aspectos que voy a apuntar.

La heterogeneidad de las capacidades del sector privado, su perfil de vulnerabilidad frente a la crisis del COVID-19 y la diversidad de apoyos requeridos. Cuando hablamos del sector privado no estamos hablando de las gremiales empresariales. Hay muchos empresarios que no están afiliados y, de los que sí lo están, no todos tienen la misma representación dentro de la cúpula de las gremiales.

Los incentivos económicos al sector empresarial no solo deben pensarse en función de la protección de la capacidad exportadora del país (y de grandes empresas que generalmente son las que cuentan con esta), sino, más bien, en torno al logro de dos objetivos de alto impacto social: 1) la protección del empleo asalariado (ya sea generado por grandes empresas con uso intensivo de mano de obra, como de las micro y pequeñas empresas del sector formal) y 2) el tránsito de los ocupados en la economía informal de subsistencia (como alusión a las actividades económicas que solo generan ingresos para el día a día) hacia modelos de negocio de economía solidaria más productivos e insertos en la economía formal. No hay que repetir los errores de los rescates económicos implementados con la crisis económica mundial del 2007-2008. La búsqueda de la equidad no pasa por privatizar ganancias y socializar pérdidas mientras se deja a quienes solo tienen su fuerza laboral para subsistir que la usen en procesos de baja productividad.

La importancia de fortalecer el mercado interno desde una perspectiva territorial, a partir del desarrollo multiescalado de cadenas de valor inclusivas capaces de dar oportunidades de acceso a mercado, conocimiento y créditos concesionales a las unidades productivas más pequeñas que promuevan la generación de empleo de calidad en los territorios.

La centralidad de la garantía al derecho a la salud no solo en tiempos de crisis y de invertir con una visión de largo plazo en el desarrollo de un sistema público capaz de atender, de forma territorialmente desconcentrada, la carga epidemiológica dual del país ante el volumen de consultas por enfermedades transmisibles y la muerte por enfermedades no transmisibles. Asimismo, habrá que dotar al sistema de salud de herramientas para tratar no solo problemas físicos, sino también mentales.

La urgencia de resolver los problemas de acceso y calidad de los servicios de agua y saneamiento en las viviendas, las escuelas, los mercados y otros espacios de vida, y que afectan en mayor medida a la población de más bajos ingresos. La crisis hídrica del país no ha desaparecido. Incluso se ha profundizado. El lavado de manos mundialmente aclamado ha reafirmado el valor social del agua como un bien público necesario para la preservación de la vida.

La profundidad de la brecha digital, desde la perspectiva del rezago de la población en el acceso, el uso y la apropiación del internet y otras tecnologías digitales básicas, según su edad, área geográfica e ingresos. Si bien, no existe certeza absoluta sobre cómo será el mundo post COVID-19, una de las tendencias portadoras a futuro que aún se mantiene es el de la digitalización acelerada de la sociedad. Más allá de pensar en qué tramites se hacen de manera digital y cuáles no, se necesitan soluciones para reducir la cantidad de población que no accede con frecuencia a internet, no sabe cómo usar diferentes tecnologías digitales y no posee los conocimientos necesarios para aprovecharlas como generadoras de capital económico, cultural y social.

Las dinámicas transnacionales de una población con un perfil migratorio históricamente estructurado en torno a la emigración internacional. La protección del bienestar de la población nacional pasa por encontrar vías en las cuales se puedan canalizar apoyos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el exterior y que por su condición migratoria no son sujetos aplicables a las políticas de protección social implementadas en los países de destino. Estos apoyos no necesariamente deben adoptar la forma de transferencias monetarias; pueden ser mecanismos de interlocución con organizaciones de asistencia social de los países de destino para la gestión de apoyos u oportunidades de desarrollo económico vinculadas con las promovidas en el territorio nacional.

El establecimiento de un registro único de personas con información socioeconómica de toda la población del país, como un instrumento para la asignación articulada de diferentes apoyos de asistencia social, como las transferencias en dinero o en especie brindadas en momentos de emergencia. Si bien se han construido diferentes bases de datos para la entrega focalizada de diferentes prestaciones no contributivas de protección social ―como la del Registro Único de Participantes de la extinta Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia o el Registro de Beneficiarios del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo del Ministerio de Economía―, estas operan de manera fragmentada y ninguna tiene el cien por ciento de la información requerida para identificar sin errores (ya sea de inclusión o exclusión) a los beneficiarios de la transferencia de los 300 dólares.

En ese contexto, la Secretaría de Innovación, en el marco de la implementación de la Agenda Digital Nacional El Salvador 2020-2030, puede promover la interconectividad de diferentes registros administrativos que operan de manera personalizada (vía Documento Único de Identidad, Número de Identificación Tributaria y partida de nacimiento, en los casos de menores de 18 años) y facilitar la incorporación de información faltante a través de una adecuada coordinación con los gobiernos locales. La construcción y actualización de este registro puede convertirse en un punto de quiebre en la gestión de la política social del país, ya que facilitaría la identificación de las condiciones de vulnerabilidad de los individuos y sus hogares; y la generación de propuestas de política pública para tratarlas oportunamente.

La puesta en marcha de políticas públicas que integren estas consideraciones requerirá una amplia movilización de recursos financieros en el corto y largo plazo. La deuda de 2 mil millones de dólares aprobada por la Asamblea Legislativa, en el marco de la crisis del COVID-19 solo representa un capital semilla que necesita articularse estratégicamente con la ejecución presupuestaria del Estado no solo del año fiscal en curso, sino que también de los venideros.

La contraloría sobre los recursos públicos no solo debe darse en función del robo o la malversación; sino también en función de qué políticas públicas se financian y quiénes son sus beneficiarios. En el diseño de la estrategia de salida de la crisis y el mundo posterior a la crisis, se debería abogar por que existan espacios de diálogo, información y conocimiento a partir de los cuales se pueda fortalecer la capacidad redistributiva del Estado.

*Adriana Velásquez es relacionista internacional con estudios de Maestría en Ciencia Política y de Maestría en Ciencias Sociales. Labora como consultora internacional en políticas públicas de desarrollo pro igualdad para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ha realizado diferentes investigaciones para el SICA, el PNUD, la UNESCO, la UCA, la Universidad Don Bosco, FUNDAUNGO y FLACSO El Salvador.