Día 33: Gobierno pretende revisar viviendas en busca del Covid-19

El Ejecutivo del presidente Bukele aprobó un nuevo decreto que limita garantías constitucionales -algo que corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa- en un día en el que parte del personal médico del hospital Zacamil entró en cuarentena por falta de protocolo para atender la pandemia. El contagio local ha aumentado, en especial en la zona metropolitana de San Salvador, y ahora los casos confirmados por Covid-19 suben a 149.

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Lunes 13 de abril de 2020.

11:58 p.m. El ministerio de Salud informó de 12 nuevos casos de Covid-19 en El Salvador, diez de ellos por contagio local, encontrados, según la versión oficial, en los municipios de San Salvador (6), Ilopango, Santo Tomás, Santa Tecla y Santa Ana. Hay, de momento, 149 casos confirmados y 6 muertes.

10:58 p.m. El Gobierno anunció un nuevo decreto ejecutivo con medidas drásticas para combatir el Covid-19. El decreto 19, que durará 15 días -vence el 28 de abril y deroga los decretos ejecutivos 14 y 15-, supone nuevas restricciones, algunas incluso por encima de derechos constitucionales, y mantiene la cuarentena domiciliaria obligatoria.

La aprobación del decreto, firmado por el ministro de Salud Francisco Alabí, fue anunciada una hora antes del vencimiento del régimen de excepción, el decreto legislativo que, a petición del Ejecutivo, limitaba algunos derechos consititucionales como la entrada y salidad del país y la posibilidad de reunirse. El decreto 19, sin embargo, limita algunos derechos constitucionales aun sin tener el aval legislativo: el litera «e» del artículo 1 faculta al ministerio de Salud a revisar viviendas, locales y predios «para la evaluación de medidas sanitarias a adoptar para el combate de la pandemia por el Covid-19».

La Constitución de la República, en su artículo 20, establece que «la morada es inviolable y solo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita…»

El decreto también vuelve obligatoria la portación de mascarillas; mantiene la detención para los que violen la cuartentena domiciliaria obligatoria, con la posibilidad de procesamiento penal posterior; y añade el decomiso de los vehículos de las personas que, a juicio del gobierno, sean sorprendidas violando la cuarentena.

7:06 p.m. Veinte personas que trabajan en el hospital Zacamil, entre médicos internos, enfermeras y auxiliares, fueron enviados a cuarentena por haber estado en contacto con una paciente que dio postivo por Covid-19. Este es el cuarto hospital de la red pública tocado por la pandemia, después de que el gobierno trasladara a los primeros pacientes del hospital Saldaña al hospital Amatepec (ISSS) y posteriormente al hospital San Rafael, de Santa Tecla. La creciente cantidad de contagios locales demuestra, según el presidente el Colegio Médico Milton Brizuela, que el SARS-Cov2 ya circula de forma comunitaria. Médicos que laboran en el hospital Zacamil se quejaron de la falta de equipo y protocolo para atender la pandemia.

10:44 a.m. La Fiscalía General de la República acusó penalmente al policía que, el viernes 10 de abril, disparó contra un joven que se negó a pagar una extorsión a cambio de que no lo detuvieran por no acatar la cuarentena. El agente, que ya había sido detenido según la policía, fue acusado de lesiones agravadas. El gobierno, que en un principio trató de minimizar lo ocurrido en San Julián, Sonsonate, -el secretario privado del presidente lo calificó como «un juicio de valor anticipado», terminó aceptando el hecho y prometió también una investigación.

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