Día 31: El Ejecutivo busca legitimar las detenciones ilegales durante la cuarentena

En un eufemismo, el gobierno busca llamar “traslados” a las detenciones ilegales que está realizando de personas que violan la cuarentena. La Sala de lo Constitucional ha ordenado ya al presidente cesar las privaciones de libertad, y la Asamblea ha dicho que nunca fueron autorizadas. La nueva propuesta presentada por el gobierno, que será debatida este domingo por la Asamblea, incluye la posibilidad de establecer toques de queda. 

Foto/Policía Nacional Civil


Sábado 11 de abril de 2020.

El presidente Nayib Bukele presentó este sábado a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para solicitar la aprobación de un nuevo estado de excepción por un plazo de 30 días adicionales al que se ha aplicado desde el pasado 14 de marzo. Dos puntos destacan en esta nueva propuesta del Ejecutivo: la posibilidad de establecer horarios específicos para limitar la movilidad ciudadana -o toques de queda- y la legalización de las detenciones que el gobierno ha hecho por violar la cuarentena domiciliaria obligatoria, decretada el pasado 21 de marzo.

Este es el tercer decreto para la reestricción de derechos constitucionales solicitado por el Ejecutivo durante la atención a la pandemia del Covid-19. El primero fue aprobado el 14 de marzo y el segundo el 29 de marzo, que vencerá el lunes 13 de abril. La principal diferencia entre la nueva propuesta y los decretos anteriores es que este describe un procedimiento de restricción a la movilidad ciudadana que podrá ser aplicada en determinadas “horas del día”, esto con el argumento de proteger la salud del ciudadano y la salud pública.

El incumplimiento de la cuarentena, según la propuesta de decreto, habilitará a las autoridades de salud pública a “trasladar de inmediato a la persona al establecimiento de evaluaciones médicas más cercano de forma voluntaria [o] (…) aún contra su voluntad, en virtud de que su conducta pone en riesgo la salud pública de la generalidad”.

Esta propuesta, así como la ampliación del decreto de emergencia nacional, deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para poder ejecutarse.

De acuerdo con el nuevo decreto presentado por la Presidencia ante la Asamblea, quienes violen la cuarentena sin justificación serán “trasladados” a centros médicos donde serán evaluados. Si presentan síntomas, guardarán una cuarentena obligatoria en el “centro de resguardo” durante 30 días hasta que se les hagan las pruebas de Covid-19. Quienes no presenten síntomas guardarán una cuarentena obligatoria de diez días y luego serán enviados a su casa bajo observación.

Quienes incumplan la cuarentena, sin embargo, podrán pasar más días de los que dice esta ley, a decir del presidente Nayib Bukele. Bukele publicó en su red cuenta de Twitter que quienes sean detenidos por violar la cuarentena no serán prioridad para realizarles las pruebas de Covid-19 por lo que su cuarentena obligatoria se podría prolongar. Algo que también está fuera de la ley, incluso de la nueva que ha propuesto.

El nuevo decreto también contempla que los ciudadanos que sean encontrados en la calle manejando su vehículo automotor sin justificación serán “trasladados” y su vehículo enviado a predios destinados por el Viceministerio de Transporte, es decir, al predio conocido como “Changallo”, en Ilopango.

Esta medida fue anunciada por el presidente en su más reciente cadena nacional el pasado lunes 6 de abril. Durante esa cadena, el presidente ordenó a la fuerza pública ser más estricta con los ciudadanos que fueran encontrados en la calle. “No me va a doler que digan en redes ‘Ay, me decomisaron el carro; ay, me doblaron la muñeca’”, ironizó el presidente.

El gobierno ha detenido ya 1,700 personas entre el 21 de marzo y la noche de este sábado 11 de abril, pero lo ha hecho de forma ilegal, a la luz de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Legislativa. Este 8 de abril, la Sala ordenó al Ejecutivo “abstenerse de aplicar formas de confinamiento o internamiento sanitario forzoso sin base legal”. Sin embargo, la Presidencia busca hacer todo lo contrario y volverlas legales.

La Sala y la Asamblea Legislativa han exhortado al presidente cesar las detenciones por “violar la cuarentena obligatoria” impuesta como una de las medidas extremas para frenar la expansión del Covid-19 en El Salvador.

Siete días después de que la Asamblea diera autorización al Ejecutivo para aplicar el estado de excepción, el 21 de marzo, la Presidencia ordenó una cuarentena obligatoria so pena de que quien la incumpliera sería capturado. Entre esa misma noche y madrugada del siguiente día, la Policía capturó a las primeras cien personas.

Al día siguiente, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, criticó la actuación del Ejecutivo y dijo que eso no era lo acordado. Sin embargo, las detenciones continuaron. Este lunes 6 de abril, contrario a lo solicitado por la Asamblea, el presidente anunció una vuelta de tuerca en la aplicación de la mano dura contra quienes violen la cuarentena y ordenó a la Policía y al Ejército a ser más estrictos. Las detenciones se duplicaron en los siguientes cinco días.

Sin embargo, la ley no se aplica igual para todos. Al día siguiente de la cadena del 6 de abril, Factum publicó un reportaje en el que se demuestra cómo la Policía dejó en libertad al gerente del partido Gana, Ernesto Clavel, después de chocar en un redondel mientras conducía borracho, según los agentes que lo rodearon. El accidente ocurrió el 27 de marzo, es decir, cuando la cuarentena domiciliaria obligatoria ya estaba vigente. Clavel no fue detenido por conducción temeraria ni enviado a un centro de contención por violar la cuarentena.

De las 1,700 personas retenidas, la mayoría ha sido tratada como reos y enviada a “centros de contención”.  En esos lugares pasarán entre 15 a 30 días.

La discusión sobre el decreto enviado por la Presidencia se discutirá este domingo 12 de abril en una sesión plenaria extraordinaria convocada con carácter de urgente por el presidente de la Asamblea, Mario Ponce.


10:46 p.m. El presidente Bukele escribió en su cuenta de Twitter que a partir del 13 de abril será obligatorio del uso de mascarillas. También intentó explicar que las personas que salgan de sus casas deberán tener una razón justificada para hacerlo. El uso obligatorio de mascarillas no está sustentado, de momento, en ningún decreto.

11:36 p.m. El Diario de Hoy publicó una historia de un abuso policial en Sonsonate. Según el reportaje, un policía disparó contra un joven de 19 años después de que este se negara a pagar $50. Ese pago, según el reportaje que recoge testimonios de vecinos y del padre del joven, era a cambio de no ser llevado a un centro de contención por violar la cuarentena domiciliaria.

12:31 a.m. El ministerio de Salud actualizó las cifras del Covid-19 en El Salvador. Después de supuestamente realizar 457 pruebas, el ministerio detectó siete nuevos casos -dos de ellos de contagio local en San Salvador y Jiquilisco-, con lo que la cifra total de casos confirmados se ha elevado a 125. La cifra de fallecidos, según la estadística oficial, es de 6 personas.

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