El ascenso del juez que aprobó matrimonios de niñas con sus violadores

Ramón Iván García avaló como presidente de una cámara de lo penal de Cojutepeque que niñas convivieran en matrimonio con sus violadores. La Sala de lo Penal revirtió varias de sus resoluciones. La Asamblea Legislativa de 2015-2018 lo nombró magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, hasta el 30 de junio de 2021. A semanas para terminar su período, la corte impuesta por el régimen de Nayib Bukele lo elevó a magistrado propietario y también lo colocó como enlace con la Sección de Probidad, la que investiga las riquezas no justificadas de los funcionarios salvadoreños. García recién renunció a este último cargo.

El magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ramón Iván García fue designado el 3 de mayo de 2021 como titular en la Sala de lo Contencioso Administrativo y también como enlace entre el pleno y la Sección de Probidad. García recién renunció a este último cargo y solo accedió a ser propietario en la sala.

El ascenso de suplente a titular de este magistrado es tan relevante como su pasado reciente en una cámara de lo penal en Cojutepeque. García, como presidente de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, reafirmó en los últimos cinco años sentencias de inocencia para violadores que se habían casado con sus víctimas y que tenían hijos con ellas.

El nombre del magistrado también es relevante en el pasado reciente por otra situación: en la investigación por corrupción contra el exfiscal general Luis Martínez, a la espera de un juicio por supuestos actos de corrupción, se descubrieron mensajes de Ramón Iván García al exfiscal general en los que el magistrado pedía favorecer a acusados de delitos.

Pero ni las resoluciones favorables sobre los matrimonios entre violadores y sus víctimas menores de edad ni los hallazgos en las investigaciones contra el exfiscal Martínez han movido al Órgano Judicial a repensar en la posición de García. Por el contrario, la recién instalada Corte de facto lo ascendió de suplente a titular y, por unos días, le delegaron participar en la Comisión de Probidad, que revisa  y propone qué funcionarios deben ser enviados a juicio por enriquecimiento ilícito.

Las resoluciones de García tampoco fueron de importancia para la Asamblea Legislativa de 2015-2018, que fue cogobernada por los partidos FMLN y GANA. Estos lo nombraron magistrado suplente de la CSJ en 2016. Y ahora el magistrado es titular en una de las cuatro salas de la corte impuesta por Bukele el 1 de mayo pasado.

La Sala de lo Penal revirtió las resoluciones de la cámara de García. La prensa constató las decisiones que tomó el magistrado de confirmar los fallos de juzgados de Sentencia de Cojutepeque que declaraban inocentes a hombres de haber violado a sus víctimas, menores de edad, pues se habían casado con ellas. Las apelaciones de la Fiscalía General pedían a la cámara presidida el magistrado García que anulara esas absoluciones por no atender leyes especiales como la Protección a la Niñez y la Adolescencia y la de una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, así como convenios internacionales ratificados por El Salvador ante las Naciones Unidas sobre la atención a la niñez. La cámara de García, sin embargo, dio la razón a jueces que liberaban a los violadores y formó la jurisprudencia, en Cojutepeque, acerca de que un hombre podía ser liberado de cargos de violación si se casaba y tenía hijos con la niña víctima.

La Corte Plena decidió no castigar a García por sus decisiones, con la explicación de respetar la independencia judicial, según se desprende de la discusión que tuvieron los magistrados el 9 de febrero de 2021.  Las investigaciones de la corte tampoco avanzaron sobre su relación con el exfiscal Martínez.

Tras el quiebre de la CSJ el 1 de mayo pasado, cuando la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, la corte sufrió una reestructuración. Luego del terremoto, García resultó con funciones de interés. Y aunque su período está por finalizar el 30 de junio próximo, el magistrado es candidato para la corte durante nueve años más, hasta 2030.

Violadores inocentes

La Sala de lo Penal de la CSJ anuló en 2019 una de las absoluciones confirmadas por la cámara del magistrado Ramón Iván García. La víctima, una niña de entre diez y once años, empezó a convivir con un hombre mayor de edad con el permiso de su mamá. La relación comenzó en agosto de 2015 y para 2016 la niña ya tenía un hijo con el acusado. El caso fue reportado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna) y este a su vez fue tomado por la Fiscalía, que acusó al hombre de violación continuada contra la niña.

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque absolvió al acusado bajo el argumento de que en la comunidad donde habitaba la pareja existe la costumbre de que los hombres mayores toman como pareja a las menores de edad para casarse con ellas, por lo que es una práctica que no es vista como inmoral ni ilegal dentro de ese círculo social.

La Fiscalía apeló a la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, la que presidía García, y expuso que el juzgado que absolvió de violación al acusado ignoró el derecho a la igualdad y no discriminación de la víctima, así como otros contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Ramón Iván García, el magistrado presidente de la cámara, respondió que ese argumento de la Fiscalía “es un punto que no tiene trascendencia”.

La cámara de García ratificó la absolución para el acusado de violación. La Sala de lo Penal, dos años después de aquel fallo, resolvió que tanto el juzgado como la cámara del magistrado cometieron errores en la estructura de sus resoluciones. La sala anuló todo el proceso contra el acusado de violación y ordenó que se reanudara en otro juzgado de Sentencia. En su resolución, la sala se mostró sorprendida por el desdén de García al calificar que los intereses superiores de las niñas son puntos sin “trascendencia” a la hora de valorar los casos de violación continuada en circunstancias en las que había hijos de por medio y matrimonio.

Factum preguntó al  recién ascendido magistrado si mantenía la posición de sus fallos que fueron anulados por la Sala de lo Penal. Su respuesta en dos ocasiones fue una invitación a leer sus resoluciones en la cámara de segunda instancia. Es decir que García sigue firme en sus resoluciones que ratificaron inocencia para acusados de violación tras casarse con sus víctimas.

Parte de la base legal con la que estos tribunales declararon inocentes a los acusados de violación contra niñas radicó en el Código de Familia salvadoreño. Antes de 2017, este código dictaba que uno de los impedimentos para contraer matrimonio en El Salvador era ser menor de dieciocho años, con la excepción de que las personas menores de edad sí podían casarse si tenían un hijo en común con sus parejas o que, en el caso de las mujeres, estuvieran embarazadas.

El artículo 14 del Código de Familia, que habla de los impedimentos para contraer matrimonio y que tenía la excepción para los menores de edad con hijos o embarazadas, abrió la ventana para que casos que resolvieron tribunales y cámaras salvadoreñas, como las de Cojutepeque, dejaran en libertad a acusados de violación contra niñas, siempre y cuando tuvieran hijos o estuvieran casados con ellas.

De hecho, el magistrado García, en una resolución sobre otro caso de violación que también terminó en libertad para el acusado, fue tajante. “Si a la fiscal, o a quien sea que no esté de acuerdo con que los menores contraigan una relación matrimonial de hecho o de derecho, porque según ellos vulnera la indemnidad sexual de los menores, antes que abocarse al derecho punitivo, debería propugnar una reforma en la que se prohíba explícitamente cualquier tipo de relación en la que se involucren menores de edad”, recomendó García en el escrito de la cámara.

Ese caso también era sobre un acusado de violación contra una niña. El reo estaba esperando juicio e intentó casarse con la menor de edad mientras estaba en prisión. Para ello, tuvieron el permiso del Juzgado Segundo de Instrucción de Cojutepeque. La niña, que tenía un hijo con su violador, aseguraba que quería casarse con él y que tenía consentimiento de sus padres, pues el acusado proveía toda la manutención económica. La boda en la cárcel no se pudo consumar, pero la cámara del magistrado García dejó en libertad al reo. El razonamiento fue que había que darle el derecho a la niña de formar su familia y su libertad para procrear un hijo.

La Fiscalía recordó que la Asamblea Legislativa había aprobado reformas penales desde 2004 para castigar con mayor dureza a violadores de menores de edad. Por ejemplo, las leyes salvadoreñas, sin ninguna excepción, establecieron desde entonces que cualquier relación sexual con menores de quince años se considera una violación sexual. Y estas reformas y nuevos criterios jurídicos estaban sobre cualquier ley que los contradijera. La excepción del artículo 14 del Código de Familia que sirvió como salvoconducto para los violadores tampoco tenía validez sobre otras leyes nuevas, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina) y todos los convenios internacionales sobre los derechos de la niñez firmados por El Salvador, como argumentó la Fiscalía para revocar la inocencia de los acusados en estos casos.

Si para los tribunales y las cámaras como la del magistrado García las leyes de protección para los niños y las niñas no eran trascendentes, como se recogió en sus resoluciones, sí lo fueron para la Sala de lo Penal, que a pedido de los fiscales anuló los procesos. Los fiscales que llevaron aquellos casos y que lograron anular las decisiones de los jueces y magistrados como Ramón Iván García no quisieron dar declaraciones para este reportaje, ante los nuevos cambios de dirección en la Fiscalía General bajo el régimen de Nayib Bukele.

La jurisprudencia que marcó la Sala de lo Penal con sus resoluciones detuvo las declaraciones de inocencia para violadores de niñas. También la Asamblea Legislativa hizo lo suyo: le tomó la palabra al magistrado García. En agosto de 2017, luego de repetidos fallos judiciales de inocencia a favor de violadores, la mayoría de los legisladores acordó reformar el artículo 14 del Código de Familia y decretó que ninguna persona menor de dieciocho años puede casarse en El Salvador, sin excepciones.

Un juez sin juicio

La Sección de Investigación Judicial de la CSJ empezó a indagar a García luego de que trascendieran públicamente sus fallos a favor de los violadores que se casaban con sus víctimas, pero recientemente el pleno de magistrados decidió que el caso no debía avanzar, para no interferir en la independencia judicial y porque no podían ser árbitros de las decisiones de una cámara de lo penal. Los magistrados, en una reunión que tuvieron a principios de 2021, acordaron cerrar el caso de García, ya que solo podían intervenir en las conductas administrativas de los jueces, pero no jurisdiccionales. Es decir, los magistrados no pueden, según ellos, verificar si una decisión de un juzgado o una cámara se hizo con apego al derecho, pues eso significa vulnerar la independencia judicial.

Pero el pleno de la corte no solo exoneró a García de responsabilidades. Los magistrados, en una sesión que tuvieron el 9 de febrero de 2021, dejaron plasmada su opinión acerca de haberle abierto un expediente de investigación a su colega.

La magistrada Elsy Dueñas, recién designada por los diputados de Bukele para la Sala de lo Constitucional, reclamó en esa sesión que el trámite de esa investigación interna contra García, contra el otro magistrado de la cámara de Cojutepeque, Santiago Alvarado Ponce, y contra el juez de Sentencia de esa misma ciudad, Wilfredo Sagastume Henríquez, duró cuatro años y que todo ese tiempo los funcionarios denunciados se mantuvieron “en zozobra”.

El magistrado Roberto Carlos Calderón dijo que el precedente del caso de García era “nefasto” tras recalcar que el expediente se abrió por una noticia periodística y porque incluso el juez Sagastume Henríquez murió, según su familia, tras abrirse el expediente en su contra.

La magistrada Dueñas volvió a intervenir durante el abordaje del caso de García y dijo que estos casos deben resolverse, a favor de los denunciados, a la brevedad, ya que afectan el prestigio y los ánimos de las familias de los jueces denunciados. Asimismo, el magistrado Calderón dijo que debía quedar establecido en la resolución que nunca se debió abrir un expediente por las decisiones que tomó el juez de Sentencia de Cojutepeque y la cámara de segunda instancia.

García, como presidente de una de las cámaras que ratificó la inocencia de violadores de niñas si se casaban con ellas, ahora es magistrado titular en la Sala de lo Contencioso Administrativo y por unos días tuvo la instrucción de las investigaciones sobre riquezas indebidas de funcionarios del estado salvadoreño. Llegó a sustituir a Elsy Dueñas de Avilés, quien, al igual que Óscar López Jerez, fue trasladada ilegalmente a la Sala de lo Constitucional.

Sus otros antecedentes

El magistrado García aparece en las investigaciones contra el exfiscal general Luis Martínez, acusado de delitos de corrupción durante su período. La Fiscalía General encontró mensajes del magistrado en el teléfono celular de Martínez en los que intercedía por una traficante de niños y por el exdiputado del PCN Wílver Rivera, quien fue condenado por lavado de dinero.

En el caso de la traficante de menores de edad, García le pidió al exfiscal en 2015 que solicitara un proceso abreviado para ella. Es decir, una especie de juicio sumario en el que la acusada pudiera confesar su responsabilidad para recibir una condena menos fuerte. “Se me había olvidado decirle que aquella amiga nos hizo el contacto con el diputado Wílver, la apañaron con un niño y está procesada por tráfico de personas”, dice el mensaje de García que recibió el exfiscal a las 7:38 de la noche del 15 de enero de 2015, según la investigación de la Fiscalía que consignó entonces el periódico La Prensa Gráfica.

El siguiente mensaje de texto de García para el exfiscal Martínez, con un minuto de diferencia según el reporte del periódico, fue también para pedirle otro favor. “¡Ah! y no olvide que el mismo trato se prometió al diputado… que está pidiendo cacao… creo que el tiempo actual podría ser propicio”, escribió en referencia a Wílver Rivera. Este exdiputado fue suplente del actual legislador del PCN Reynaldo Cardoza, simpatizante del régimen de Bukele y quien fue investigado por la Sección de Probidad de la CSJ.

El exdiputado Rivera era procesado en aquel momento por lavar más de 8 millones de dólares para el narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián. Rivera terminó condenado a quince años de prisión por ese delito, pero bajo la gestión del sucesor del exfiscal Martínez, el exfiscal Douglas Meléndez.

La investigación de Martínez no se amplió al magistrado por estos mensajes y hasta la fecha, al menos dentro de la Corte Suprema, no hay indagaciones en curso sobre la comunicación y los favores pedidos por García al exfiscal.

Por el contrario, hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos dirigida por Apolonio Tobar resolvió a favor de García una denuncia contra el presidente de la CSJ, Armando Pineda, contra la Sección de Investigación Judicial de la CSJ y contra la Fiscalía por violaciones a su “independencia e imparcialidad judicial”. El 21 de octubre de 2020, Tobar dictaminó desde la procuraduría que contra las decisiones de García y su compañero en la cámara de Cojutepeque, Santiago Alvarado Ponce, hubo “injerencias indebidas” por parte de la CSJ y de la Fiscalía, y recomendó que se archivara la investigación contra ambos.

García terminó blindado por la Procuraduría de Derechos Humanos y por los mismos magistrados de la Corte Suprema, que desestimaron las denuncias en su contra.

Candidato por nueve años más

El magistrado de cámara García fue llamado en 2016 por la Asamblea Legislativa para ser sustituto de un magistrado suplente de la CSJ. En medio de sus resoluciones que liberaban a acusados de violación contra niñas, los diputados gobernados por una alianza entre el FMLN y GANA, dos partidos en los que militó el actual gobernante Nayib Bukele, eligieron a García para sustituir a Armando Antonio Serrano.

En la legislatura de 2015 a 2018, cogobernada por Lorena Peña del FMLN y Guillermo Gallegos de GANA, García llegó a la CSJ como suplente. Su período finalizará el próximo 30 de junio de 2021. Pero antes de que concluya su gestión, García fue llamado por el nuevo pleno impuesto por Bukele desde el 1 de mayo para ser titular en la Sala de lo Contencioso Administrativo y como comisionado de Probidad. Aunque el último cargo fue rechazado por García unos días después. Fuentes dentro de la corte aseguran que el magistrado desistió de asumir la instrucción de las investigaciones de Probidad porque dijo estar siendo “atacado” tras sus nuevas asignaciones.

Pero más allá de su nuevo cargo como magistrado propietario y su fugaz paso como comisionado ante Probidad, García tiene la oportunidad de ser nombrado por la Asamblea de Bukele para otros nueve años más como magistrado de la CSJ, ya que logró ser calificado para la lista de elegibles por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Es candidato junto a otros 29 para integrar la CSJ desde este año hasta 2030 y esa decisión la tomará la Asamblea dirigida por los legisladores del gobernante.

El CNJ, en sus entrevistas, nunca preguntó a García por sus decisiones en la cámara penal de Cojutepeque, ni por su aparición pidiendo favores para procesados en la investigación contra el exfiscal general Martínez. El consejo de la judicatura lo eligió por encima de otros aspirantes como la misma presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, que revirtió sus decisiones de liberar a acusados de violación contra niñas.

García tuvo una nota global de 8.59 en su evaluación ante el CNJ para ser candidato a magistrado de la corte, por su perfil académico y profesional y el desempeño que tuvo en la entrevista, según los consejeros. Por ese 8.59 de nota, fue uno de los promedios más altos que resultaron seleccionados. El magistrado fue elogiado por los consejeros el 14 de abril pasado, cuando se llevó a cabo la deliberación pública.

El magistrado Ramón Iván García durante su entrevista, en marzo de 2021, para convertirse en candidato a magistrado de la Corte Suprema. FOTO FACTUM/Cortesía

La consejera Doris Castillo resaltó el currículo académico de García, que incluye un doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y opinó que por eso debía ser tomado en cuenta, así como por su trayectoria en la carrera judicial por más de 29 años. Otra consejera, Gloria Elizabeth Álvarez, dijo: “El doctor Ramón Iván, además de los cursos y maestrías que han mencionado, también ha recibido cursos sobre delitos de corrupción y delitos conexos, sobre criminalidad organizada, sobre cibercrimen y evidencia electrónica, así como también ha recibido cursos sobre gestión judicial y de ética judicial”. Y la consejera María Petrona Chávez destacó que, como García fue nombrado magistrado suplente de la CSJ y que es magistrado de una cámara penal, tiene los méritos suficientes para integrar la lista de elegibles.

Alcides Funes Teos, otro de los consejeros, recordó que en la entrevista que le hicieron a García, la nota que recibió el magistrado fue “dentro de la ponderación de excelente”. El consejero Carlos Wilfredo García habló de la “alta trayectoria” del magistrado. “Estamos hablando de alguien preparado en materia de derecho constitucional, miembro de la mesa judicial (…) muy preparado”, dijo el consejero García. Y el consejero Santos Treminio dijo que García es “un juez con carácter e independencia, que en su momento le han traído algunos señalamientos, pero que de acuerdo a su actuar y de acuerdo a su conocimiento los ha ido librando”.

La presidenta del CNJ, María Antonieta Josa, halagó a García porque, a su juicio, el magistrado superó “una sobrecarga” de trabajo judicial. Josa dijo que García ha tenido “tesón”, que él representa el esfuerzo de muchos abogados que han tenido dificultades en la judicatura y que, por todo ello, el magistrado logró sobrepasar los filtros de selección. La votación del CNJ fue unánime. Siete consejeros levantaron sus manos el 14 de abril de 2021 para seleccionarlo como candidato a magistrado de la CSJ.

Ninguno de los consejeros advirtió en esa deliberación pública, en concreto, los casos de los matrimonios entre niñas y sus violadores que García avaló en la cámara de Cojutepeque, ni tampoco hablaron de los mensajes pidiendo favores para procesados que este magistrado envió al exfiscal Luis Martínez, acusado por corrupción.

En el proceso de selección del CNJ quedó fuera la actual magistrada Doris Luz Rivas, quien fue presidenta de la Sala de lo Penal. Fue la sala de Rivas la que rectificó los casos de matrimonios entre niñas y sus violadores que García absolvió desde la cámara de Cojutepeque.