Es junio, y además de asistir al inicio de un periodo presidencial que nunca tuvo que ocurrir, El Salvador está al borde de una elección que también debería importarle: la de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué? Porque si no ha muerto, la justicia está a punto de hacerlo.
A la justicia le pasa lo mismo que a la democracia y a los seguros contra accidentes: nos acordamos de ella únicamente cuando la necesitamos, cuando un Estado represor, por ejemplo, decide arbitrariamente que algún ciudadano vaya la cárcel sin un juicio, sin defensa, sin acusación. O cuando te despiden arbitrariamente.
En los últimos meses,se han multiplicado los casos donde ciudadanas han sido despojadas de sus lugares de trabajo, donde a los ciudadanos les quitan sus carretones, donde muchos se quedan sin nada y no tienen a quién recurrir.
Esa impotencia se llama injusticia.
La justicia debería estar a cargo de los juzgados, las cámaras, la Corte Suprema en instancia final. De jueces, juezas y magistrados independientes. Pero la realidad es muy diferente: a los olvidados por la justicia les toca mendigar benevolencia en las redes sociales.
En los próximos meses acaban su periodo siete magistrados de la Corte Suprema, lo que significa la posibilidad de repetir una Corte controlada exclusivamente por Nuevas Ideas. No hay que olvidar que en mayo de 2021, en su primera legislatura, el partido presidencial dio un golpe a la Sala de lo Constitucional e impuso a cinco magistrados, algunos con el descaro de haber sido empleados de Casa Presidencial.
El proceso de elección está en marcha y no tenemos ninguna señal de que eso que manda la Constitución, que los jueces sean independientes, vaya a ser siquiera considerado.
El proceso, de hecho, ya empezó a oler mal.
El pasado jueves, en la asociación que se encarga de organizar una elección entre abogados para presentar candidatos a la Asamblea Legislativa, se intentó aprobar una segunda prórroga al plazo para inscribir candidaturas. Esta no fue aprobada, pero la intención fue clara: reabrir la convocatoria a última hora, aunque no sabemos para quién.
En el otro frente, el del Consejo Nacional de la Judicatura, ya conocemos a quienes quieren llegar a la Corte. Algunas son caras muy conocidas, como el actual presidente impuesto del Órgano Judicial, quien busca reengancharse en la Corte sin justicia; como dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que no dudaron en inscribir la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele; un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ha sido artífice del ocultamiento sistemático de información y está en la lista de actores corruptos de Estados Unidos; y la procuradora de derechos humanos y su antecesor, quienes han guardado un cobarde silencio ante los abusos del régimen de excepción.
La oferta de estos candidatos no parece tener otro camino: ser los mayordomos de los designios presidenciales.
La Constitución exige a los diputados elegir personas de moralidad y competencia notorias. El presidente de facto ha demostrado que prefiere otra cosa: lealtad y sumisión notorias. Y el problema, aunque no guste admitirlo, no está en el aire; es una realidad para las vendedoras, para los jóvenes, para quienes viven fuera de los sueños, para quienes se atrevan a pensar diferente. Esta elección no solo es cosa de abogados.
En 2023, durante una entrevista, el ex juez español Santiago Torres, famoso por procesar a corruptos en Marbella, dijo una frase que deberíamos tener presente: “Un juez es la última frontera de los derechos de los ciudadanos… Es el bisturí que utiliza el derecho para defender a los ciudadanos. Si el bisturí está contaminado, lo único que sirve es para transmitir más enfermedades”.
Nuestra vida, nuestra justicia, es lo que está en juego.
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