Familiares de víctimas de la masacre del Mozote tuvieron que dar nuevas muestras de sangre para pruebas de ADN. Las que habían dado en 2017 se deterioraron. La Procuraduría de Derechos Humanos y Tutela Legal señalan que Medicina Legal no explicó adecuadamente a los familiares de las víctimas porqué repitió las pruebas. El IML aduce que todo era parte de un proceso normal de control de calidad para asegurar la fiabilidad de los resultados, pero reconoce que hubo un deterioro en las muestras.
Foto FACTUM/Archivo
Patricia Márquez dio una muestra de su sangre al Instituto de Medicina Legal (IML) en febrero de 2017. Quería saber si entre las osamentas encontradas en una exhumación a finales de 2016 estaban los restos de su padre José María Márquez, víctima de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Todavía no tiene una respuesta. A finales de noviembre pasado la llamaron para comunicarle que la sangre que dio tres años atrás estaba “muy vieja y deteriorada” y que debía repetir el proceso.
En 2017 le explicaron que Medicina Legal haría pruebas de ADN y desde entonces no tuvo ninguna noticia sobre los resultados. Hasta la última semana de noviembre de 2019, cuando la convocaron a una reunión en San Miguel, en la que participó personal del IML, de la Fiscalía y de la delegación de Morazán de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ella esperaba que ese día le entregaran los restos de su padre para sepultarlos durante la conmemoración del 38 aniversario de la masacre perpetrada en 1981. Pero no. La reunión era para decirle que necesitaban sacarle nuevas muestras de sangre.
Patricia Márquez no sabe la razón de la repetición de pruebas, pero aceptó que el doctor Óscar Armando Quijano, jefe del Departamento de Antropología Forense, le tomara una nueva muestra. Tampoco tiene certeza de cuándo les entregarán los resultados. “Dijeron que los iban a dar luego”, aseguró la mujer.
La Asociación Tutela Legal “María Julia Hernández” denunció inicialmente la “pérdida de muestras de ADN por parte del IML de osamentas de El Mozote”. Después, consultado vía telefónica por Revista Factum, el abogado de Tutela Legal Wilfredo Medrano matizó el señalamiento: “No podría hablar de pérdida de pruebas de ADN”, sino más bien de un mal procedimiento.
Medicina Legal negó el extravío de pruebas, pero no ha sabido explicar por qué necesitó nuevas muestras de sangre de los familiares de las víctimas. El Instituto dijo en un comunicado que contaba con “todas las muestras de referencia extraídas a los familiares de las víctimas, en conformidad a los requerimientos fiscales o del juez de la causa”. Además, aseguró que se mantuvo “la cadena de custodia correspondiente, que las muestras estaban bajo un sistema de almacenamiento y conservación de evidencia”.
El Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” se pronuncia sobre noticia relacionada a procedimientos científicos implementados en el caso
“El Mozote y Lugares Aledaños” pic.twitter.com/2qhAcLpxpG— CorteSupremaSV (@CorteSupremaSV) 5 de diciembre de 2019
Medrano, representante legal de las víctimas, puso énfasis en dos puntos. Primero, señaló que si las muestras de sangre ya no servían es porque en Medicina Legal no las resguardaron adecuadamente, o porque fueron tomadas mal desde un inicio; y, segundo, cuestionó que el IML revictimizó a los familiares que llegaron a la reunión pensando que irían por los restos de sus familiares. “Pero no, llegaron para decirles que iban a sacar nuevas pruebas y no ha habido transparencia sobre qué pasó con las muestras anteriores”, señaló el abogado.
Pedro Martínez, director del IML, dijo a Revista Factum que se trata de un mal entendido. Repitió que jamás se perdieron pruebas y que las nuevas muestras solicitadas a los familiares eran necesarias para hacer un proceso de “control de calidad” . Sin embargo, terminó reconociendo que en parte de las muestras tomadas en 2017 existía un “deterioro” y que eso los obligó a pedir nuevas.
Muestras en “condiciones no óptimas”
Julio César Larrama Barahona, jefe fiscal de la Unidad de Crímenes Históricos en El Salvador, explicó, por su parte, que Medicina Legal buscó el apoyo de la Fiscalía para interceder con los familiares. Según él, tuvieron una reunión previa con Medicina Legal en San Salvador, en la que estuvo Boris Alberto Cornejo Moreno, coordinador del Departamento de genética; y el jefe del Departamento de Antropología Forense, quienes les explicaron que necesitaban sacar nuevas muestras de sangre porque las que tenían “no estaban en condiciones óptimas para hacer el estudio de comparación”.
¿Qué significaba que no estaban en condiciones óptimas? Larrama no supo explicarlo. “Eso escapa de la esfera jurídica porque es un procedimiento técnico. Cómo las resguardan es un procedimiento eminentemente técnico”, dijo el fiscal.
La masacre del Mozote y sitios aledaños es un caso que está en un proceso judicial inédito en el que jefes militares de la época enfrentan a la justicia. ¿La falta de identificación no afecta el proceso? “Como estamos todavía en una fase de instrucción, esperaría que cuando esta fase termine los familiares ya hayan podido enterrar los restos de las víctimas, y tener todas las pruebas para pasar a la siguiente fase del proceso. A nivel jurídico, no afecta; a nivel personal, depende de cada persona”, declaró Larrama.
El procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, consideró que el comunicado del IML no dejó claro qué fue lo que ocurrió con las muestras tomadas en 2017. La Procuraduría de Derechos Humanos solicitó a Medicina Legal una explicación ampliada de 10 preguntas puntuales porque “en el supuesto de que hubo un mal manejo de la evidencia, esto estaría en contra de los derechos humanos de las víctimas y porque parecería ser una actitud deliberada para afectar el proceso que se lleva a cabo en San Francisco Gotera”.
La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y presidenta del Consejo Directivo de Medicina Legal, Doris Luz Rivas, no concordó con Tobar y aseguró que buscaría subsanar todas las dudas alrededor del caso. El pasado miércoles, la funcionaria se reunió con el director del IML, quien un día después envió el informe de ampliación solicitado por la Procuraduría.
Vista de las una de las zonas en El Mozote donde hubo exhumaciones para recuperar a víctimas de la masacre de diciembre de 1981. FOTO FACTUM/ Salvador Meléndez
La defensa de Medicina Legal
Aunque el director del IML terminó reconociendo el deterioro de las muestras, matizó que la culpa no fue de Medicina Legal, sino del juzgado no dio el aval para hacer la comparación de ADN hasta el 9 de abril de 2019. Martínez hizo un relato de las fechas claves: según él, el 22 de septiembre de 2017, el Departamento de Antropología Forense envió un informe sobre los avances obtenidos al Juez de Paz de Meanguera, Morazán, quien llevaba la causa entonces. En ese informe expresaron que ya contaban con las muestras extraídas a los restos óseos para ser enviadas y procesadas por el Departamento de Biología Forense. Pero necesitaban de un requerimiento de la Fiscalía o del juez competente para iniciar el análisis comparativo de ADN. No obtuvieron respuesta.
El IML envió una segunda notificación el 19 de noviembre de 2017. De nuevo, el Instituto jamás recibió respuesta con la autorización expresa requerida para remitir las muestras a Biología Forense. Luego no mandó nada más y esperó con las muestras exhumadas ya analizadas, y sin procesar las muestras sanguíneas. Mientras los familiares no tenían idea de lo que pasaba.
Según Martínez, ese es el procedimiento interno para remitir las muestras óseas (huesos y/o dientes) exhumadas y empezar la comparación con las muestras de sangre de los familiares, “de conformidad al Artículo 102-E de la Ley Orgánica Judicial”, que detalla quién podrá requerir o solicitar los servicios del Instituto; aunque no explica el procedimiento, el director del Instituto aseguró que “no se hace ningún tipo de peritaje sin una orden judicial o fiscal” y que “es como está establecido en su manual de procedimientos”. “Ya con las muestras óseas remitidas a Biología Forense continúa con la siguiente etapa con las muestras tomadas a los familiares de las víctimas en febrero de 2017, a las que se extrae el ADN o perfil genético”
¿Podían haber sacado el perfil genético de los familiares antes? “No”, repite Martínez. Un año y cinco meses después, según el director, recibieron la autorización, fue “remitida según Oficio 126 del 3 de abril del 2019 suscrita por Alicia Jeanneth Alvarenga Hernández, Juez Segundo de Primera Instancia Suplente y recibida en el IML el 9 de abril del 2019”. En el documento oficial girado por Ruth Evelyn Soto Valdez, la coordinadora de biología forense, al juzgado de instrucción de San Francisco Gotera, se da cuenta que el “oficio 126”, que “hace referencia a someter a análisis de ADN lo restos recuperados”, es del 27 de marzo de 2019.
Días más días menos en recibir la orden del juzgado, según documentos oficiales del IML, las muestras óseas se enviaron al Departamento de Biología Forense el 10 de abril de 2019, para verificar el parentesco entre los perfiles genéticos.
El análisis inició el 7 de mayo y se extendió hasta los últimos días de octubre. Como remarcó Martínez, Soto reconoció al juzgado el 28 de octubre que tuvieron dificultades en obtener perfiles genéticos completos de las muestras por lo que recomendaban citar de nuevo a los familiares para que proporcionaran “muestras de fluido biológico, con los cuales se realicen nuevamente los análisis, para poder corroborar los resultados que hasta el momento han sido obtenidos.”
¿En qué consistían las dificultades? No se explicaba en la carta a Guzmán Urquilla. Pero en documentos del IML se matiza que probablemente era “por la calidad de las muestras, debido a que no fueron procesadas inmediatamente posterior a su obtención en febrero de 2017”.
Eso mismo reconoce Martínez: la calidad de las muestras se vio afectada por el tiempo que tardó el juzgado en girar la orden de análisis. Un documento interno del IML resume que el deterioro de un muestra puede deberse a múltiples factores: “calidad de la muestra, tiempo de resguardo transcurrido, entre otros”, aunque no ahonda en el caso específico de la pruebas de El Mozote.
— ¿Las muestras de fluidos biológicos de los familiares presentaban deterioro?, preguntamos a Martínez.
— Se podría (decir) que sí, pero por el hecho de que el juez se tardó en emitir la orden de procesamiento dos años…. Dos años y un mes.
— ¿No podían procesar las muestras sanguíneas antes?
— No había una orden judicial.
— Ya con la orden del juzgado y las nuevas muestras de sangre, ¿Cuándo se podría tener una respuesta a los familiares de las víctimas?
— De los 29 casos, hay resultados periciales forenses de ocho osamentas. Estos resultados ya fueron enviados al juez de la causa, el 10 de diciembre. Ya será el juez que defina cuando serán entregados.
—¿Y de los 21 restantes?
— En unos dos o tres meses.
Exhumaciones, parte de la reparación
Como parte de las acciones de reparación a los familiares de las víctimas de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre 2012, el Estado salvadoreño está obligado a exhumar los restos de las víctimas directas de la masacre.
En enero de 2014, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que se retomarían las exhumaciones del caso en cumplimiento del fallo internacional. Serían necesarios tres años para que el proceso iniciara, porque dependían del reinicio del caso, que fue abierto por el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, el 30 de septiembre de 2016.
Una vez superados los escollos jurídicos, a finales de 2016, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el IML y un grupo de arqueólogos canadienses integraron tres equipos que trabajaron en en la zona para la exhumación de restos humanos. Entonces el IML exhumó 29 osamentas de pobladores de los caseríos Cerro Pando, El Mozote y La Joya. 25 familiares de las víctimas de la masacre dieron muestras de sangre para que fueran comparadas con las osamentas encontradas y determinar a quién pertenecían, en febrero de 2017. Patricia Márquez fue una de ellas.
“Desde que pasaron las exhumacionesya pasaron tres años, los equipos de Argentina y Canadá hicieron los estudios pertinentes y ya dieron los restos. Generalmente el proceso de entrega de osamentas es más rápido cuando lo hace el EAAF”, dice Medrano. Para él, lo que ha pasado evidencia la falta de capacidad técnica de Medicina Legal: “¡Con que se ha podido encontrar ADN en restos de dinosaurios, cómo no se puede hacer en restos de hace menos de 40 años! Yo creo que en el IML no hay capacidad para hacer análisis en restos de larga data y esto que ha pasado es muestra de ello”.
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1 Responses to “Nadie responde por el deterioro de las evidencias del Mozote”
Que pena que Medrano crea que se puede sacar ADN de los fosiles de dinosaurios, alguien le podría explicar que las películas de Hollywood son ciencia ficción??? URGE!!!