Valentine es pobre y vive en una zona rural apartada. Cuando quedó embarazada, su pareja la abandonó y la despidieron del trabajo. Sin apoyo ni recursos económicos, no pudo acceder a controles prenatales para monitorear el desarrollo del embarazo. Un día sintió dolor y fue al hospital, donde le informaron que estaba a punto de parir. Allí, se limitaron a ponerle una inyección y prescribirle unas medicinas que debía comprar en la farmacia. Pero Valentine no tenía dinero para comprarlas, así que regresó a su casa y comenzó ella sola la labor de parto. Desafortunadamente, durante el transcurso de este, el bebé falleció.
La historia es terrible, pero el sufrimiento para Valentine no terminó ahí. Tras el parto, fue reportada a la Policía por sus vecinos, acusada de infanticidio y sentenciada a prisión perpetua en un juicio en el que no siempre tuvo representación legal, a pesar de tener derecho a ello.
Hasta aquí, podría parecer que Valentine es una de las 147 mujeres que, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, han sido condenadas en El Salvador tras complicaciones médicas en el embarazo. Sin embargo, Valentine forma parte de otro grupo, el de las 367 mujeres de Ruanda, un país de África Oriental, que fueron encarceladas por haber experimentado emergencias obstétricas, tales como partos antes de tiempo, partos fuera del hospital o abortos involuntarios.
Tanto en Ruanda como en El Salvador, y en otros países de América Latina, las mujeres que son criminalizadas por haber perdido su embarazo tienen muchas características comunes: por lo general son pobres, no han podido estudiar, viven en zonas rurales y se enfrentan sin ningún apoyo a los prejuicios del personal de salud y de los operadores de justicia. Estos últimos rápidamente asumen que ellas provocaron la interrupción del embarazo, en lugar de investigar los hechos.
La historia de Valentine no es muy diferente a las que conocemos de El Salvador: Imelda, Teodora, Evelyn, Alba Lorena, María del Tránsito y un largo y desafortunado etcétera. Incluso su final se parece. En 2018, tras una intervención de Women’s Link ante la corte que revisaba la condena de Valentine, esta fue radicalmente reducida de prisión perpetua a diez años. En abril de 2019, Valentine y otras 366 mujeres que se encontraban encarceladas por la misma razón recibieron un perdón presidencial con el que se les otorgó la libertad. En El Salvador, también 25 mujeres de las 48 que integran el grupo conocido como “Las 17”, condenadas por “delitos” relacionados con el embarazo, han recibido conmutaciones de pena, indultos, revisiones de sentencia, beneficios penitenciarios o han podido salir libres, todo gracias a la lucha de las organizaciones locales de mujeres.
Si bien estos mecanismos representan la libertad para estas mujeres y el reencuentro con sus familias, no son medidas suficientes. Hay que ir a la raíz del problema. Si las mujeres no tienen información sobre cómo planificar sus embarazos y acceso a anticonceptivos, si no se reduce la violencia sexual, si no pueden acudir a controles prenatales y acceder a partos seguros, seguirán enfrentándose a la cárcel.
En todo el mundo, es necesario que se deje de ver la salud de las mujeres con una lente de criminalización. En Women’s Link proponemos hacerlo, en cambio, con una perspectiva de derechos humanos. De Ruanda a El Salvador, se necesitan médicos, jueces y juezas y sociedades que no caigan en prejuicios sobre las mujeres, que valoren adecuadamente el contexto en el que viven y que exijan que se les garanticen mejores servicios de salud para proteger su vida y su integridad cuando están embarazadas. Ellas, en todo el mundo, merecen mejores servicios de salud, no cárcel.
*Para proteger su identidad y su seguridad, el nombre de Valentine es ficticio.
*Mariana Ardila Trujillo es abogada de Women’s Link Worldwide, una organización internacional que busca avanzar los derechos de niñas y mujeres en cortes y tribunales, donde lidera, entre otras, acciones para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en América Latina y el Caribe. Tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos.
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