El índice de homicidios como medición de la violencia permite evaluar políticas públicas en materia de seguridad exponiendo su éxito o fracaso. Pero también permite ubicar el tema en la lista de prioridades de un gobierno y su interpretación puede llevarlo a ser una prioridad o a invisibilizarlo por completo, siendo por ello un indicador importante, pero no el único, si lo que se quiere es apostarle a la seguridad ciudadana.
Recientemente, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la República dieron a conocer el dato de homicidios del año 2022, indicando 495 homicidios, con una “tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes. En el año 2021, esa cifra fue de 1,147 asesinatos y una tasa de 18.1”, según el ministerio.
Este dato por sí solo representa una buena noticia para el país, pero la seguridad ciudadana es una determinación más compleja, especialmente para más de la mitad de la población —las mujeres—, pues la dimensión de la seguridad ciudadana implica ejercer derechos y libertades sin que se afecte su sobrevivencia, sus medios de vida o su dignidad. Para las mujeres que enfrentan múltiples amenazas y riesgos como la violencia sexual, la violencia en las relaciones de familia, la violencia en el ámbito laboral o digital, la inequidad en prácticamente todos los indicadores de desarrollo, el índice de homicidios puede ser insuficiente o hasta engañoso para declarar que las mujeres están seguras.
La violencia contra las mujeres mantiene prácticas de violencia por medios sexuales, violencia física con buena medida en las relaciones familiares y que han permanecido inalteradas por largo tiempo, superando cualquier altibajo de muertes violentas. Es necesario trabajar otros indicadores más integrales que permitan evidenciar, entre otros, que el hogar suele ser un lugar de alto riesgo en el que el Estado debe intervenir para la seguridad de las mujeres; que son las mujeres jóvenes las que pueden tener menores condiciones para acceder a la justicia; que el ámbito del trabajo es un espacio de amplia discriminación por motivos de sexo; que hay horarios, lugares y medios de mayor incidencia para victimizarlas. Para ello, un buen ejercicio se realiza desde el Sistema Nacional de Datos, Estadística e Información de Violencia contra las Mujeres, a través de sus informes semestrales y anuales —este último aún pendiente para 2022—. Con esta información podría avanzarse en sistemas de alerta temprana al identificar el riesgo feminicida.
Pero es necesario entender que la seguridad es mucho más que no morir.
Para considerar como seguro un entorno, no solo se deben exponer sus manifestaciones como muertes violentas, sino condiciones y circunstancias que afectan los fenómenos criminales. Un país donde las mujeres son asesinadas a manos de sus parejas, con crueles escenas de ensañamiento, incluso desaparición, y con afectaciones a largo plazo para las familias, no es posible sostener un discurso triunfalista sobre seguridad, más que identificar las amenazas, asociarlas a determinadas personas y estigmatizarlas. Es necesario concentrarse en la fuente de la inseguridad, considerando intervenciones diferenciales basadas en evidencia. No se interviene de la misma forma un exacerbado machismo que el crimen organizado.
Para este proceso, son necesarias dos condiciones: una agenda sensible a la igualdad como elemento de desarrollo, y dotar de capacidad de relato y memoria de la experiencia de las mujeres. Cuando las decisiones de política pública, los presupuestos o las acciones públicas no están intervenidas desde la clave de igualdad y no discriminación por motivos de sexo y se obstaculiza, minimiza o justifica la violencia contra las mujeres, la misoginia y el machismo no son considerados como criterios de peligrosidad. Por ejemplo, en el otorgamiento de permisos de portación de armas, sencillamente se les condena a un vivir bajo un riesgo latente.
Las muertes violentas desagregadas por sexo es un dato que se omite en el mencionado balance anual de las autoridades de seguridad, a pesar de que es un elemento indispensable para evaluar y atender las amenazas que sufre particularmente esta población. Se insiste desde diversas disciplinas en analizar los fenómenos de manera diferencial. Por ejemplo, las muertes violentas de hombres y de mujeres. Pues aunque exista una equivalencia humana y todas las vidas importan, existen determinantes sociales que predisponen o alteran el impacto en unas poblaciones y no en otras. Por ello, estas diferencias deben tomarse en cuenta en el diseño de políticas públicas si se quiere atender de manera exitosa.
Aun cuando confiemos en los datos informados —no disponibles— y sea notoria la disminución de muertes violentas, incluso en tal disminución el comportamiento es diferente. A falta de una estadística oficial disponible y de acceso ciudadano sobre la violencia feminicida en el año que recién cierra, un monitoreo periodístico realizado desde ORMUSA con fuentes de prensa escrita y otros medios de comunicación para el año 2022 mostró que hasta el 22 de diciembre al menos 18 mujeres fueron asesinadas en contexto de relaciones de pareja o confianza. Y en 2021 el mismo ejercicio reveló 17 mujeres. Es decir, que el impacto de la política de seguridad promovida no ha logrado hacer cambios en la realidad de las inseguridades que enfrentan las mujeres en las relaciones de confianza, por ejemplo.
Por ello, analizar las amenazas propias de cada población implica desagregar desde múltiples factores y variables que van moldeando hipótesis y contribuyen a un diseño más asertivo de las políticas de seguridad. Mientras menos sensible sea un sistema de indicadores para identificar los hechos y condiciones de la criminalidad que sufren las mujeres u otras poblaciones en situación de desventaja y discriminación social, más se contribuye a sostener inalteradas sus condiciones de inseguridad.
*Silvia Juárez es salvadoreña, feminista y defensora de derechos humanos.
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