Ser mujer y lograr justicia contra el poder no hace rima en este lugar

Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí;
sin embargo, estoy aquí;
resucitando.

María Elena Walsh, poetisa y cantautora argentina

Los aparatos de justicia de Guatemala y El Salvador que están encargados de velar por que se cumplan los sistemas de protección para las familias tienen dos factores en común: la revictimización y la impunidad. Cuando el victimario es un funcionario, el proceso para acceder a la justicia puede volverse un sueño imposible, o, en otros casos, una pesadilla. Literal.

Cuando son dos mujeres extranjeras las que buscan que se cumplan las leyes de un país que no es el suyo, la burocracia judicial logra abrirle cancha a la desesperanza.

Esa es mi conclusión personal después de investigar en los últimos seis meses dos casos de violencia intrafamiliar en los que los procesados son dos hombres con cargos importantes en la administración pública. Específicamente, me refiero al expresidente del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) Erick Dexahí Romero Mena y al ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.

Desde lejos he visto a la exesposa de Romero Mena y a la aún esposa de Bidegain portando en sus hombros carteras de canastas típicas, de las que están de moda, en las que guardan un puñado de hojas ordenadas de expedientes judiciales de las denuncias que han interpuesto en los juzgados de ambos países. Se han hecho expertas en leyes de familia.

Amenazas de muerte, maltrato físico, retención de los pasaportes de sus hijos, acoso de sus abogados y espionaje telefónico son las acusaciones que recaen sobre los funcionarios arropados por el gobierno de Bukele, según documentos judiciales. Los procesos, que se han extendido entre cinco y 10 años, se asemejan a una cuerda tensa que corre el riesgo de romperse en los juzgados, donde las investigaciones y las diligencias se dilatan en el tiempo sin prestar atención al impacto emocional que les provocan a las víctimas.

Testificar los hechos, una y otra vez, frente a desconocidos en sitios donde no existen garantías para la confidencialidad. La Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República se encasquillan en un sistema que alarga los juicios y en el que las víctimas temen por su vida y se sienten intimidadas de alcanzar las resoluciones que les regresen la tranquilidad.

En momentos oscuros para la democracia, en los que la arraigada cultura machista socava el escaso acceso a la justicia de nuestros países, mi oficio me permite destapar casos como los mencionados, que, aunque parezca trillado, son un reflejo de nuestra sociedad. En medio de condiciones adversas, esquivando mensajes sexistas en redes sociales y amenazas gubernamentales, sigo haciendo mi trabajo bajo la premisa de que solo la investigación periodística nos permitirá conocer el verdadero rostro de nuestros funcionarios.

Desde el 10 de diciembre de 2021 tengo un nuevo ángel que me acompaña, mi papá, por lo que todo va a estar bien, siempre.


*Loida Avelar es periodista con catorce años de experiencia. Se ha especializado en investigaciones en el área social. Ha sido catedrática universitaria e integrante del programa Balboa para jóvenes periodistas iberoamericanos

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