Expertos nos vuelven a recordar las injusticias que se cometen a diario contra las mujeres embarazadas en nuestro país. El caso más reciente es el pedido del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para que se ponga en libertad y se indemnice a tres mujeres que fueron encarceladas. Ellas fueron detenidas arbitrariamente y encarceladas por sufrir durante sus embarazos emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. Grupos de mujeres que denuncian esa situación indican que “estos casos son referentes emblemáticos de una problemática estructural que afecta a miles de mujeres salvadoreñas”.
Según los expertos de las Naciones Unidas, a estas mujeres se les violaron sus derechos de presunción de inocencia, debido respeto al proceso y acceso a la justicia. Dos de los casos de aborto fueron partos extrahospitalarios y uno de los embarazos fue producto de violación continuada y amenazas por parte del agresor. Estas víctimas se tornan, en nuestro medio, en criminales.
El Salvador es uno de los pocos países de América donde el aborto está penado en todas sus circunstancias. Esa ley castiga a la que en la mayoría de los casos es víctima. Se acaba de conocer el caso de una mujer que fue asesinada por su pareja por no querer abortar. O sea, se les castiga por abortar y por no abortar.
Muchos de esos embarazos se dan por el ejercicio de la sexualidad en un ambiente de violencia y abuso sexual, por falta de una correcta educación sexual y de una marcada desigualdad de género en las relaciones de pareja.
En El Salvador, dos de cada tres mujeres mayores de 15 años reportan haber sufrido violencia física, sexual o psicológica a lo largo de su vida. Gran preocupación causa la temprana edad en que las jóvenes inician su actividad sexual. Más del 10 por ciento de las menores de 15 años tienen experiencia sexual. Ello preocupa porque está por debajo de la edad legal de consentimiento sexual y, en muchos casos, está asociada a situaciones de abuso sexual, violación, estupro e incluso matrimonio forzado. Los embarazos de mujeres menores de 15 años también están asociados a una mayor mortalidad materna e hijos con menor peso al nacer.
La ley pone en circunstancias muy difíciles a los funcionarios de hospitales que tienen que denunciar o correr el riesgo de ser castigados por encubrimiento. Pero también, sea por esas leyes, por miedo o por costumbres y creencias, muchos de los proveedores del sistema de salud no realizan bien su función. Según una encuesta a adolescentes sobre uso de servicios de salud sexual y reproductiva, la mitad de los adolescentes aseguró que los proveedores médicos piden autorización de los padres, contrariamente a lo indicado por el protocolo de salud, y el 11 por ciento de los adolescentes señaló que esos profesionales no son respetuosos con ellos. Ello lleva a que los jóvenes, escasamente, reciban consejería sobre su derecho a la toma de decisiones libres e informadas acerca de su vida sexual y reproductiva y reciban una información limitada y discrecional sobre métodos anticonceptivos.
El embarazo adolescente añade a la cifra de jóvenes que no trabajan ni estudian (NINI): más de 60,000 adolescentes (19 por ciento) entre 15 y 19 años tienen un hijo o están embarazadas. El embarazo explica más del 50 por ciento de los casos de las mujeres menores de 24 años que son NINI.
Lo anterior tiene un costo muy alto para las mujeres, para sus familias y para el país. Para las mujeres y sus familias, los costos ―algunos ya señalados― son obvios, altos y delicados en muchos frentes. Estos casos son mayores en áreas rurales, entre los más pobres y entre los adolescentes con menor nivel de educación. El embarazo, hijo o aborto les marca la vida. El 70 por ciento de las mujeres inactivas no participa laboralmente por dedicarse a las tareas del hogar.
Para el país, los costos se dan en muchos aspectos: los costos del cuidado médico, incluido el psicológico, para esas mujeres e hijos; la pérdida en el crecimiento económico por la escasa participación laboral de la mujer en su pleno potencial y la violencia ―incluidos los feminicidios― son quizás los de mayor impacto. Más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar no está en el mercado laboral. Se calcula un impacto positivo de 9 por ciento en el PBI si las mujeres presentaran una tasa de participación laboral similar a la de los hombres. El Salvador tiene la segunda tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina, el 75 por ciento de las cuales corresponde a feminicidios.
El presidente Nayib Bukele ha mencionado los derechos de las mujeres en varias ocasiones y empezó su gobierno enfatizando la igualdad de género al nombrar un gabinete compuesto por un 50 por ciento de mujeres. Ahora tiene la oportunidad de buscar mayor justicia, hacer prevalecer los derechos, cambiar la legislación y ejecutar políticas que apoyen los derechos de las mujeres, y, en específico, sus derechos sexuales y reproductivos.
Algunos ejemplos de lo que el gobierno podría hacer incluyen, para empezar, apoyar los casos y buscar justicia para las mujeres señaladas por los expertos de las Naciones Unidas. Apoyar el cambio a la ley que criminaliza el aborto en todos los casos. Fortalecer el sistema de justicia para lograr mayor eficiencia en los casos de feminicidio (más del 90 por ciento de los cuales está sin resolución). Incorporar una educación sexual y reproductiva amplia y que incluya la igualdad de género en las relaciones, la importancia de un ambiente sin violencia y abuso sexual, y en general los derechos de las mujeres, en los planes de estudio escolares. Empezar políticas e incentivos para el cuidado de niños que permitan mayor libertad a las mujeres. Incrementar las políticas de apoyo a las mujeres en la búsqueda de sus derechos y mejorar la calidad de atención en salud hacia ellas.
*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública. Ha sido director y gerente de varias instituciones en El Salvador y experto en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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