¿Quién pierde si El Salvador se convierte en un país de asilo?

El pasado 20 de septiembre, el gobierno de Nayib Bukele firmó un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para que El Salvador sea un país receptor de refugiados. El acuerdo implica que, luego de un proceso de determinación, Estados Unidos podría enviar a personas que han llegado a su territorio, huyendo de la violencia, hacia uno de los países más peligrosos de la región: El Salvador. Surge una serie de preguntas al respecto: ¿Puede El Salvador proteger a extranjeros que huyen de la violencia?, ¿tendrá el país la capacidad de darles una vida digna a esas personas?, ¿de qué manera afecta o beneficia a los salvadoreños?, ¿quiénes son los que pierden con esta medida?

La motivación de Estados Unidos con este acuerdo no es proteger a aquel que llega su territorio en busca de ayuda. Más bien, es hacer más complejo, e incluso imposible, el sistema de asilo en ese país. Donald Trump ha llevado a cabo una serie de políticas con ese propósito, aun en contra de sus obligaciones internacionales. En respuesta, algunos de sus intentos han sido llevados a cortes judiciales, e incluso bloqueados, por organizaciones de la sociedad civil en su país. El sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos no permite hacer a Trump lo que puede hacer con El Salvador: imponer su voluntad. Trump encontró en El Salvador un sistema débil e incapaz de contradecirlo.

La primera preocupación que surge es: El Salvador no es un país seguro, ni siquiera para sus propios ciudadanos. El mismo día en que el país asumió ser un país de asilo se cometieron 19 homicidios. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2016 había al menos 71,500 desplazados internos a causa de la violencia. Hasta la fecha, El Salvador aún no tenido la plena voluntad ni la capacidad de responder a esta crisis.

Para el 2018, de acuerdo con el informe de Tendencias Globales del ACNUR, había 119,271 solicitudes de asilo de salvadoreños alrededor del mundo que se encontraban en trámite. A esa cifra se agregan los 32,564 salvadoreños que para 2018 ya habían recibido la condición de refugiado. Estas cifras nos convierten en el segundo país en América Latina con mayor número de personas huyendo de la violencia.

Una de de las apuestas principales del gobierno de Nayib Bukele es reducir la inseguridad. Hemos visto el despliegue policial y militar en las calles, como parte del Plan Control Territorial. Afortunadamente, también hemos visto una reducción significativa en el número de homicios cometidos desde que inició su periodo. Sin embargo, podríamos cometer un grave error al desestimar las causas estructurales de la violencia. La violencia no es una mancha que se remueve solo si se restriega la superficie con fuerza; es una mancha que ha compenetrado el tejido social durante décadas. Construir un país libre de violencia, donde las personas puedan tener, al menos, niveles dignos de garantías de derechos humanos, puede tomarnos otras décadas más. Aceptar que Estados Unidos envíe refugiados a un país con alarmantes condiciones de inseguridad, sin certeza de la situación en el largo plazo, podría ser una condena de muerte para estas personas.

El siguiente punto es: ¿Tiene El Salvador la capacidad técnica para ser un país de asilo? Contrario a lo que podríamos pensar, El Salvador sí ha recibido refugiados anteriormente. En 2018, de acuerdo con las estadísticas proveídas por los Estados, y publicadas por el ACNUR, en el país hubo 34 refugiados y 11 solicitantes de asilo (solicitudes en proceso). La mayoría de ellos provenientes de Honduras y Nicaragua. Sin embargo, esta cifra no es comparable con los 151,835 refugiados y solicitantes de asilo salvadoreños que han huido del país.

Actualmente, El Salvador no cuenta con la capacidad técnica ni recursos suficientes para procesar de manera oportuna las solicitudes. Tampoco tiene la capacidad de atender las necesidades humanitarias de los refugiados y, mucho menos, para reintegrarlos localmente. Recibir a refugiados es una gran responsabilidad que implica poder darles asistencia humanitaria y psicosocial, oportunidades laborales, acceso al sistema de salud e incluso la oportunidad de realizarse profesionalmente. Estas necesidades ni siquiera están cubiertas para los salvadoreños.

El acuerdo firmado puede abrir el debate sobre la importancia de fortalecer el sistema de asilo del país. Esta es una una obligación internacional que El Salvador adquirió al adherirse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Actualmente, es una deuda pendiente. Sin embargo, ese fortalecimiento debería estar orientado a beneficiar a los refugiados que naturalmente llegan al país, mas no para impedir que las personas que lo necesiten busquen lugares más seguros. El objetivo debe ser siempre buscar el interés superior de los refugiados; es decir, la opción que garantice la mayor cantidad de sus derechos.

La siguiente pregunta es: ¿De qué manera afecta a los salvadoreños? A pesar de que El Salvador recibe algunos refugiados, sigue siendo un país expulsor. Decir que El Salvador tiene las condiciones para proteger refugiados perjudicaría a los salvadoreños que huyen de la violencia. Espeficamente, podría perjudicar a los 119,271 que aún podrían tener sus solicitudes en proceso, los que se han sumado a esa cifra y los que tendrán que huir más adelante. ¿Cómo alguien puede justificar ante una corte de asilo que huye de El Salvador, cuando este país dice que puede proteger refugiados?

Recibir la condición de refugiado para salvadoreños ya es un proceso difícil. A muchos de ellos les niegan la protección, aun cuando presentan pruebas suficientes. Donald Trump ha sugerido en numerosas ocaciones que los solicitantes de asilo no huyen verdaderamente de la violencia, sino que solo tratan de aprovecharse del sistema. Este acuerdo alimentaría aún más esta retórica, poniendo en riesgo que más salvadoreños sean deportados a un país que no puede protegerlos y a comunidades donde sufren persecusión real.

El acuerdo también podría afectar a la comunidad salvadoreña amparada bajo el TPS. Los salvadoreños con TPS han trabajado arduamente para regularizar su estatus en Estados Unidos. Uno de los argumentos que ha respaldado esta lucha, y que llevó a la extensión del TPS hasta enero de 2020, es que El Salvador no cuenta con las condiciones para recibir a los salvadoreños. De acuerdo con una nota publicada por La Prensa Gráfica el pasado 25 de septiembre, manifestantes con TPS lograron expresar al presidente Bukele sus exigencias sobre no aceptar que El Salvador sea un país que recibe refugiados. La nota agrega que Celia Martínez, coordinadora de la Alianza Nacional TPS en Nueva York, exigió a Bukele no generar contradicciones con las apelaciones judiciales que la comunidad TPS ha presentado.

“Ni Honduras, El Salvador, México y Guatemala son países seguros”, se leía en una pancarta sostenida por una centroamericana con TPS que acompañó la manifestación en Nueva York. Continuar con el acuerdo de que El Salvador sea un país que recibe refugiados es una preocupación que trasciende fronteras. Un acuerdo de este tipo pone en riesgo a personas de otros países que serían enviadas a El Salvador. Podría afectar a los 151,835 refugiados y solicitantes de asilo salvadoreños que han huido del país y podría invalidar la lucha de los 195,000 salvadoreños con TPS y a sus familias.

La política de relaciones exteriores del gobierno salvadoreño con Estados Unidos no puede basarse en transar con vidas humanas.

*Karla Castillo es salvadoreña. Estudia Administración Pública en Cornell University, New York. Trabajó en la Agencia de la ONU para los Refugiados y colaboró con la organización Border Angels, en la frontera sur de Estados Unidos. Esta columna refleja exclusivamente su opinión individual.