El gobierno salvadoreño tiene la obligación de resarcir los daños psicológicos y costos económicos que han enfrentado los varados a causa de su negligencia. El gobierno los ha discriminado y ha negado que accedan a derechos básicos en su propio país.
Esta columna de opinión tiene la intención de poner sobre la mesa otros elementos que la historia y el presente nos dicen sobre el programa de visas laborales H-2A y que nuestro gobierno no nos está contando.
El Salvador no tiene capacidad ni recursos para procesar de forma oportuna solicitudes de asilo. Recibir a refugiados es una gran responsabilidad que implica suplir necesidades y cumplir derechos que ni siquiera están cubiertos para los salvadoreños.
Recordé que hace un par de semanas, el esposo de una salvadoreña detenida en Texas me llamó alarmado diciéndome que su esposa le pedía, entre llanto, que la sacara de detención. Ella clamaba que “ya no soportaba lo que allí le estaban haciendo”.
