@revistafactum #EditorialFactum | 🔴 El TSE aún está a tiempo de hacer cumplir la ley. Esa que en numerosas ocasiones prohíbe la reelección presidencial inmediata. Y que dice, en el artículo 154, que el periodo presidencial será de cinco años y ni un día más. ➡ Esta debería ser una oportunidad magnífica para que las instituciones democráticas que supuestamente tenemos mostraran independencia y criterio propio. 🔗Visita el #editorial ♬ sonido original – Revista Factum
El Tribunal Supremo Electoral oficializó esta semana el inicio del proceso electoral de 2024, ese que, en teoría, debería servirnos para elegir al sucesor del presidente Bukele. Tal como ordena la Constitución, ese libro que invocamos o pisoteamos según nos conviene.
Pero estas, tal como comenzó a vislumbrarse el 1 de mayo de 2021, cuando una Asamblea de autómatas dio un golpe al sistema judicial, y cuando se confirmó el fraude, en septiembre del mismo año, no serán unas elecciones legales.
No podemos decir que serán las elecciones más sucias de la historia, pero es justo decir que Bukele poco tiene que envidiarle a los represivos militares del PCN que robaron elecciones en los setenta o al brigadier Hernández Martínez que burló la Constitución para enquistarse en el poder.
Esta debería ser una oportunidad magnífica para que las instituciones democráticas que supuestamente tenemos mostraran independencia y criterio propio. Para hacer valer la ley que juraron cumplir cuando tomaron el juramento como funcionarios públicos.
No solo los esbirros de Casa Presidencial que usurpan funciones en la Sala de lo Constitucional; especialmente los jueces electorales, los responsables del Tribunal Supremo Electoral. Hasta la fecha, los magistrados del TSE han hecho oficial las elecciones generales y han abierto las inscripciones para los candidatos.
El TSE aún está a tiempo de hacer cumplir la ley. Esa que en numerosas ocasiones prohíbe la reelección presidencial inmediata. Y que dice, en el artículo 154, que el periodo presidencial será de cinco años y ni un día más.
Pero tal parece que pasaremos cinco años más en el oscurantismo. Porque aunque la ilusión de la seguridad busque hacernos pensar que estamos en el paraíso, El Salvador aún no es consciente de lo que le han quitado a cambio.
Cinco años más donde la nula transparencia seguirá siendo la norma. Donde seguirán ocultos los millones despilfarrados en la pandemia, los millones que nos quitaron para comprar ese fraude llamado bitcóin, los inocentes que mueren en las cárceles o la letra pequeña del acuerdo con Google, ese que nos hará pagar 500 millones que, por supuesto, no tenemos.
El TSE aún está a tiempo de hacer cumplir la ley. El prevaricato, según nuestro Código Penal, es el delito que cometen los jueces que emiten resoluciones contrarias a ley, como avalar una candidatura ilegal. Independencia, decencia y coraje, magistrados.
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