Cacaopera
cuarenta años para un funeral
Han pasado cuarenta años desde que ocurriera una masacre que llenó de luto a los habitantes del cantón El Tablón, municipio de Cacaopera, en el oriente de El Salvador. Para conmemorar la vida que le fue arrebatada a los miembros de la familia Luna, sobrevivientes del genocidio y pobladores vecinos pudieron, por fin, realizar los actos fúnebres en honor a las víctimas de “La masacre de El Junquillo”.
Llovió la noche anterior. Además de estar deteriorada en su parte pavimentada, la calle de acceso que se dirige al caserío Agua Blanca, del municipio de Cacaopera, Morazán, permanece lodosa; y el trayecto se dificulta más al internarse en el camino de terracería que conduce al cantón El Tablón. La mañana del domingo 15 de agosto de 2021, un grupo de periodistas visitó este rincón de la zona oriental del país hasta localizar una pequeña champa de lámina en la que los miembros de la familia Luna se habían reunido para realizar una velación postergada, una que ha esperado por casi cuarenta años.
En este cantón, el 10 de marzo del año 1981, doña Patrocinia Luna se encontraba en su casa, junto a su hija (Epifania Luna), su nuera (María Asunción Hernandez) y los menores Julia, Cristela, Juan Carlos, Ricardo y Margarito, quien apenas tenía tres meses de haber nacido. Y fue a este grupo de personas a los que la sombra de la guerra arrasó, como a miles más, mientras duró el conflicto armado en El Salvador. Por entonces, pocos imaginaban que los crímenes realizados en contra de la población civil de esta zona irían en escalada. Rutinarios operativos militares encontraron su punto más alto y violento en diciembre de aquel año, cuando también se ejecutó otra masacre que alcanzó mayor notoriedad: la del cantón El Mozote y zonas aledañas.
El caso del operativo en el que fueron asesinados los miembros de la familia Luna ocurrió bajo el contexto de la que fue llamada “La masacre de El Junquillo”, una de las primaras matanzas ejecutadas en el departamento de Morazán. Reportes e informes de la época indican que, entre el 3 y el 11 de marzo de 1981, soldados del destacamento N°6 de Sonsonate acudieron como apoyo a un operativo de “tierra arrasada” realizado en El Junquillo, donde permanecieron “peinando el terreno” alrededor de siete días, con el objetivo de patrullar en conjunto con el Batallón Atlacatl para acabar con grupos insurgentes. De acuerdo con los testimonios de algunos sobrevivientes, los soldados iniciaron esa mañana disparando morteros desde los cerros cercanos; luego, en la tarde, llegaron al cantón e invadieron las casas de los pobladores. La cantidad total de víctimas –en su mayoría mujeres, adultos mayores e infantes– sigue siendo debatida, pues los casos no fueron reportados a ninguna autoridad.
"Ya los tendremos aquí, con nosotros”
Entre las personas que llegaron a acompañar a la familia Luna al velorio del 15 de agosto se percibía una extraña sensación en la que dominaba la tristeza por tener que velar los restos de sus familiares, pero también, como en el caso de Luis, uno de los miembros más jóvenes de la familia, se percibía satisfacción. Él era uno de los jóvenes que más colaboraba y atendía a los dolientes. Su alegría solo se entendía cuando contaba su historia. Su madre, Francisca Luna, era hermana de Juan Carlos y Ricardo. Ella fue una de las personas que más luchó para que se realizaran las exhumaciones y para que se le diera sagrada sepultura a las víctimas de la masacre de El Junquillo. Desde 2017, Francisca participó en reuniones con organizaciones de derechos humanos y con la fiscalía. Fueron reuniones a las que se convocó a personas que tuvieran familiares desaparecidos en el conflicto armado. Se trató de la oportunidad que tanto habían anhelado, pero tuvieron que esperar un poco más. Fue hasta junio de 2019 cuando inició el proceso de exhumación. Luego de recabar y comparar testimonios, encontraron, por fin, los restos de sus familiares asesinados.
Francisca falleció mientras ocurría el proceso de identificación de las víctimas, no sin antes haberle hecho la petición a su hijo de que hiciera todo lo posible hasta enterrar, cuarenta años después, a sus familiares. Y así ocurrió.
Llegado el mediodía, quienes acompañaron a la familia Luna se reunieron en el pequeño cementerio de Cacaopera. Ahí habían llegado vecinos del lugar, un combo musical que mezclaba canciones de cumbia con cantos religiosos y un par de periodistas. En el medio de la entrada había un pequeño montículo con ocho pequeños ataúdes que contenían los restos exhumados. “Hay que esperar una hora más”, comentó un poblador de la zona, pues la creencia popular indica que a las doce del mediodía “el diablo anda bailando cerca” y, a su juicio, habría sido de mal augurio apresurarse.
Mientras tanto, apartado y guardando silencio en una esquina, se encontraba don Mercedes Luna, nieto de doña Patrocinia. Él fue uno de los primeros en llegar al lugar, en 1981, luego de ocurrida la masacre. “Eso fue duro. Acá había y hay gente enterrada en estos terrenos”, afirmó Mercedes. Él y otras personas que llegaron al cantón, luego de la masacre, decidieron enterrar debajo de árboles, como pudieron, a los cuerpos de las víctimas y luego huyeron del caserío. “Ahora, cuarenta años después de tanta espera, ya los tendremos aquí, con nosotros”, declaró Mercedes.
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Un Estado indiferente
El informe de la Comisión de la Verdad –encargada de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en El Salvador– encontró pruebas suficientes que implicaban a efectivos militares en la “Masacre de El Junquillo”, que habría sido cometida por soldados que pertenecían al destacamento N° 6 de Sonsonate, junto al Batallón Atlacatl. Además, dicha masacre es considerada como aquella que para las fuerzas militares abrió la brecha en cuanto a estrategia sistemática de combate a la insurgencia.
El capitán de la Fuerza Armada, Carlos Napoleón Medina Garay, fue mencionado en el reporte de dicha Comisión como el responsable directo de dicho operativo. Luego de la guerra, Medina Garay huyó a Estados Unidos, pero tiempo después fue deportado, acusado de crímenes de lesa humanidad por las autoridades migratorias norteamericanas.
En la actualidad, muchos de los crímenes de guerra permanecen en la impunidad y el gobierno en funciones no ha dado muestras de implicarse en la reparación de las víctimas. Si bien el presidente Nayib Bukele prometió durante su primer año de mandato que generaría un acercamiento directo con los familiares de las víctimas de crímenes cometidos durante el conflicto armado, las acciones adoptadas durante su mandato no han apuntado hacia esa dirección. El caso del Mozote es el único que se encuentra en investigación abierta y Bukele se ha negado a dar acceso a los archivos militares que aportarían información valiosa al respecto.
En el pequeño cementerio de Cacaopera, la tarde el 15 de agosto de 2021, la familia Luna por fin cerró un proceso de duelo que les llevó cuatro décadas. Se abrazaron entre ellos, compartiendo la dicha y alegría de poder decir:
“Acá están. Y al fin descansaran en paz”.