El empresario Sigfrido cubrió los gastos del diputado Reyes

Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa, no pudo justificar unos $200,000 en más de una docena de irregularidades en su patrimonio que le encontró la Sección de Probidad. Pero su nueva vida como empresario le podría ahorrar la pena de someterse a un juicio por enriquecimiento ilícito.

Foto FACTUM/Archivo

El exdiputado Sigfrido Reyes no pudo justificar más de $200,000 que percibió como ingresos entre 2006 y 2015 y cuya procedencia no aclaró ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Estos dineros, de los que se desconoce su origen -o bien las explicaciones de Reyes sobre los mismos no fueron suficientes-, pueden ser el motivo para que los magistrados de la corte decidan enviarlo a un juicio civil por enriquecimiento ilícito.

La bondadosa disponibilidad financiera que alcanzó Reyes en sus últimos tres años como diputado, más los ingresos de su esposa, cubren los fondos que no alcanzó a justificar con documentos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen el dilema de ser rigurosos y enviar al exdiputado a juicio por no justificar el dinero o ser flexibles y reconocer que sus ingresos familiares, hacia 2015, fueron mayores que el monto que le señalan.

Reyes es un prominente político del FMLN. En la actualidad integra la Comisión Política del partido y en sus períodos como diputado se convirtió en el primer presidente de la Asamblea Legislativa en representación de la izquierda. En una primera ocasión compartió la presidencia parlamentaria con el diputado Ciro Cruz Zepeda, del PCN, en la legislatura de 2009-2012. Y en el siguiente período Sigfrido Reyes fue el presidente del congreso durante tres años hasta 2015.

Frido, como lo conocen en el FMLN, ha sido un crítico agudo de las resoluciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Incluso, durante su período en la presidencia del congreso, montó acciones jurídicas ante la Corte Centroamericana de Justicia para legitimar la elección que hizo la Asamblea Legislativa del abogado Ovidio Bonilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Su acometida no tuvo resultados positivos y Bonilla fue desechado por una decisión de los magistrados. El exdiputado, en medio de su proceso de examen por Probidad, solicitó que cuatro magistrados de la sala no conozcan ni decidan sobre su caso porque, en palabras de Reyes, existe una “enemistad manifiesta” con ellos.

El monto de dinero sin justificar que ahora se le señala a Sigfrido Reyes es una mínima fracción de los $1,357,579 que en un principio Probidad no encontró información de su origen. El proyecto de resolución sobre el caso del actual dirigente del FMLN -cuya copia tiene en su poder Revista Factum– da cuenta de que el exdiputado logró desvanecer anomalías financieras por $1,150,178. Reyes tuvo que acudir a bancos y otras instituciones para que se emitieran copias y certificaciones de depósitos, pagos de deudas, traspasos de vehículos, compraventa de inmuebles y las inversiones en sus empresas.

La Corte Suprema de Justicia, a petición de Reyes, dio un plazo de 90 días continuos desde noviembre de 2017 para aclarar las anomalías. Se trataba de 47 irregularidades patrimoniales del exdiputado que en ese momento no tenían respuesta. Para febrero de 2018, el expresidente de la Asamblea Legislativa pudo explicar 29 señalamientos. Pero los otros 18 son los que le pesan ahora, por $207,400, y son los que lo tienen al filo del juicio por enriquecimiento ilícito. La mayor parte de ese dinero irregular para Probidad proviene de depósitos a su cuenta bancaria y de pago de deudas.

Sigfrido Reyes (centro) en sus días como presidente de la Asamblea Legislativa. Foto Presidencia Asamblea, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

Las explicaciones que no han podido justificar ese monto pasan porque esos dineros, le dijo el exdiputado a la Sección de Probidad, fueron producto de ingresos por viáticos, bonificaciones, honorarios y donaciones. Sigfrido Reyes se caracterizó en la presidencia de la Asamblea Legislativa como un diputado que hizo uso hasta donde le alcanzó de las misiones oficiales al exterior. 37 viajes, 20 países visitados y casi ocho meses acumulados fuera del país fueron parte de la gestión de Reyes entre 2012 y 2015, según el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. El exdiputado pudo haber recibido, en promedio, unos $96,000 solo en concepto de viáticos y otros gastos, de acuerdo con los cálculos del reglamento existente para viajes de la Asamblea Legislativa.

Reyes además fue parte de los legisladores que recibieron religiosamente sus bonos de medio año y el navideño, equivalentes cada uno a un salario mensual completo. Pero Probidad, según su proyecto de resolución, consideró que esas explicaciones no fueron suficientes para justificar el monto por el que podría ser enjuiciado en una cámara de lo Civil.

Aunque Reyes tiene un as bajo la manga: su nueva vida empresarial, que comenzó en los últimos tres años en que se desempeñó como presidente de la Asamblea Legislativa, entre 2012 y 2015, le facilita declarar ingresos de decenas de miles de dólares donde antes solo había números en negativo. De hecho, las legislaturas de Sigfrido Reyes que terminaron en 2009 y en 2012 arrojaron balances con saldos negativos en sus ingresos. Por ejemplo, el análisis de Probidad determinó que Reyes concluyó el período 2006-2009 con unos $1,200 menos. Y el siguiente período de 2009-2012, peor aún, Probidad observó que el exdiputado terminó con casi $7,800 menos en sus bolsillos.

En cambio, la legislatura de 2012-2015, que coincidió con la llegada de Sigfrido Reyes a la presidencia del congreso salvadoreño, le significó una gran prosperidad financiera en comparación con los períodos pasados. Reyes, ya convertido en empresario, culminó su última diputación con un superávit de casi $160,000 en su patrimonio, según Probidad. Dinero disponible a favor de Reyes gracias, en gran parte, a una sociedad empresarial que forjó desde años atrás con uno de sus amigos y asesores dentro de la Asamblea Legislativa: Byron Larrazábal Arévalo.

La disponibilidad financiera de Sigfrido Reyes hacia 2015, si bien no es suficiente para cubrir los $207,400 señalados por Probidad, se complementa con la de su esposa: Susi Melba Rodríguez. Entre 2006 y 2015, Rodríguez terminó con superávits de entre $100,000 y $160,000. Esos montos, sumados, superan la cifra señalada como irregular por Probidad. De hecho, la sección de la corte no es ajena a ese conocimiento. En el proyecto de resolución, luego de la aclaración acerca de que la disponibilidad financiera de Reyes cubre el monto anómalo, Probidad sugiere una redacción específica en el caso de que la Corte Plena considere “que no existen indicios de enriquecimiento ilícito”.

“Pudiéndose justificar el total de irregularidades encontradas con el monto de los ingresos arrojados por el análisis de disponibilidad, no queda cantidad alguna pendiente de descargo, por lo que esta corte debe de concluir estableciendo que no existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte del licenciado Othón Sigfrido Reyes Morales”, es la redacción que propone Probidad si los magistrados deciden que Sigfrido Reyes como empresario puede cubrir cualquier ingreso que no pudo comprobar como diputado.

Se buscó conversar con Sigfrido Reyes, quien ahora preside el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones para El Salvador (PROESA) y es embajador en misión especial para la promoción de exportaciones e inversiones. Se trató de hacer un enlace telefónico, pero no fue posible. En su cuenta de WhatsApp se le formularon varias preguntas. Una de ellas fue “¿qué ocurrió para que usted pasara de tener déficits en sus balances patrimoniales de 2009 y 2012 a tener superávits en 2015?”. Reyes leyó los mensajes, pero no los respondió.

El empresario

Sigfrido Reyes entabló una relación de amistad con Byron Larrazábal Arévalo desde la primera década de los años dos mil. Los dos montaron varias sociedades. Una de ellas fue Terrein, S.A. de C.V., que se vio involucrada en la compra de terrenos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada por precios preferenciales que le concedió la autónoma estatal a la empresa del entonces presidente de la Asamblea Legislativa.

La empresa también hizo inversiones en terrenos en Acajutla, departamento de Sonsonate, para desarrollar proyectos urbanísticos con respaldo del Fondo Social para la Vivienda, otra autónoma. Y también tuvieron otros proyectos como la Eco-Residencial Las Violetas. De hecho, uno de esos lotes de Terrein fue comprado por Reyes y fue consignado por Probidad en su informe preliminar. A finales de 2014, el periódico La Prensa Gráfica reveló que Reyes y Larrázabal no solo eran socios comerciales, sino que había una relación laboral dentro de la Asamblea Legislativa: Larrazábal era el asesor personal de Reyes.

El asesor y socio del presidente estuvo a cargo del proyecto de rehabilitación de la Villa Dueñas, una infraestructura que adquirió la Asamblea Legislativa en el período de Sigfrido Reyes y que hoy tiene el nombre de Centro Cívico Cultural Legislativo. Cuando se descubrió por la investigación periodística las relaciones de conflicto de interés entre Larrázabal y Reyes, el asesor renunció a su cargo en el congreso.

Foto OEA, tomada de Flickr, con licencia Creative Commons.

Pero la relación entre Larrazábal y su socio continuó. Y el conflicto de intereses que se fue descubriendo era peor. La Prensa Gráfica, en abril de 2015, reveló la forma en cómo Sigfrido Reyes promovió y llegó a manipular a la Asamblea Legislativa para que se aprobara un decreto con el que se le devolvieron terrenos embargados por el Estado a solo siete personas, entre ellas la exesposa de Byron Larrazábal, su amigo y socio.

Los terrenos, ubicados la mayoría en el departamento de Chalatenango, habían sido embargados a personas que hicieron préstamos al gobierno para dedicar sus tierras a la plantación de maderas preciosas. Por coincidencia, Reyes y Larrazábal ya habían fundado desde 2013 otra empresa llamada Eko Lime, dedicada a la silvicultura y a la explotación de maderas preciosas y rústicas, con base de operaciones en Chalatenango. Esa misma empresa de Reyes y Larrazábal estuvo involucrada en una compra de 11 terrenos en Sonsonate que le hicieron de forma directa a Asmael Arturo Bercián Rivera, conocido como el Coronel Bercián. Una publicación de El Faro reveló que la persona con que hicieron negocios Reyes y Larrazábal tiene expedientes judiciales y policiales que lo vinculan al tráfico de cocaína en las últimas décadas.

Reyes, hacia 2015, lejos de su pasado guerrillero en el norte y en el occidente de El Salvador, logró consolidar sociedades que hicieron inversiones fuertes sobre terrenos para distintas finalidades. Varios negocios fueron prósperos y la prueba se cifra en el superávit de decenas de miles de dólares a favor del exdiputado cuando terminó su período en la Asamblea Legislativa.

Frido fue elegido en 2015 por sus correligionarios como miembro nacional de la Comisión Política, el principal organismo de dirección del partido. La elección interna para las autoridades partidarias se hizo con una sola nómina de candidatos, sin contendientes de por medio, y con un padrón recortado de unos 20,000 afiliados. Esta misma dirección de la que forma parte Reyes resultó siendo rechazada por sus mismos electores en marzo de 2018, para las elecciones de diputados y alcaldes. El FMLN perdió municipios importantes y simbólicos -por su población históricamente inclinada a la izquierda- y cayó con estrépito en el número de diputados en la Asamblea Legislativa. De 31 escaños que obtuvo en 2015, el partido que gobierna El Salvador en la actualidad terminó con 23. Esa cantidad de diputados no le es suficiente al FMLN para ser contención de aprobaciones con mayoría calificada en el congreso, como por ejemplo elecciones de magistrados, el fiscal general, procuradores, el presupuesto general de la nación y desembolsos de préstamos internacionales para el gobierno.

La debacle partidaria, a los ojos de exdirigentes de la izquierda como Francisco Jovel, se debió a un alejamiento de la dirigencia con las bases efemelenistas y también a las nuevas aspiraciones personales de los líderes del partido. El desencanto se tradujo en cientos de miles de votos perdidos para el FMLN en las últimas elecciones. Un porcentaje de simpatizantes del FMLN ahora apuntan a otros movimientos o a cruzarse de brazos para las próximas elecciones presidenciales de 2019 y no dar su voto al partido. Sigfrido Reyes es miembro de esa dirigencia que, según Jovel, deberá renunciar de forma inmediata después de las elecciones de 2019, sea cual sea el resultado.

Aunque no quiso responder a las preguntas de Factum, Reyes, en una entrevista de 2017 al programa República de canal 33, aseguró que no tenía preocupaciones por las investigaciones de la Sección de Probidad sobre sus finanzas. Dijo tener “la virtud del ahorro” y que, al contrario, desde su perspectiva, sería sospechoso descubrir que a un funcionario no le incremente su patrimonio luego de ejercer un cargo público.

Ese crecimiento económico -a base de negocios con conflictos de intereses- es lo que puede salvar al expresidente de la Asamblea Legislativa de un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Al menos la Sección de Probidad ha dejado la puerta abierta a una decisión de ese estilo por parte de los magistrados. Sin embargo, las irregularidades, como tales, no fueron justificadas a plenitud por el funcionario. Son $207,400 de los que no hay un origen claro.

Reyes también es investigado desde febrero de 2017 por la Fiscalía General de la República. De forma específica por la Unidad de Investigación Financiera, bajo la línea de un presunto lavado de dinero.

Los enemigos

Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le dieron duros reveses a Reyes y a las aprobaciones de decretos, reformas, elecciones de funcionarios -y hasta créditos para el gobierno- fueron declarados por el exdiputado como enemigos manifiestos. Reyes no quiere que José Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González tomen decisiones sobre su caso.

El exdiputado envío el 9 de marzo de 2018 un escrito en el que solicitó al pleno de la Corte Suprema de Justicia que se separe a los magistrados de su proceso con Probidad. Reyes en ese texto recordó que, según él, tiene motivos para hacer su petición. “El presente incidente de recusación es promovido ante la evidente enemistad manifiesta que tengo con los recusados”, escribió al pleno de la Corte Suprema, y dijo que esos cuatro magistrados “no resolverían con objetividad e imparcialidad judicial” un caso que lo involucre.

En su planteamiento, Reyes sin embargo se refiere -en casi todo momento- a declaraciones que él ha emitido en contra de resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Incluso, dice que sus “declaraciones adversativas” no han sido aisladas y que también ha promovido acciones legales contra los cuatro magistrados porque él ha considerado que se han desempeñado al margen de la ley. Para el exdiputado, “no hay duda” de que esas acciones los colocan a él y a los magistrados “como fuertes adversarios a nivel institucional y político” y que, por lo tanto, eso crea una “animadversión mutua”.

En 2017, Reyes quiso recusar a los magistrados Jaime y Blanco, pero no tuvo éxito. Sobre este nuevo pedido, la respuesta de la corte en pleno aún se desconoce. Mientras tanto, el proyecto de resolución está listo. Esta vez con dos vertientes para discutir: Reyes se salvará gracias a su disponibilidad financiera como nuevo empresario o será llamado a una cámara de lo Civil para que justifique los $207,400 en irregularidades que no pudo desvanecer ante Probidad.