La adopción del bitcóin en El Salvador un año atrás dejó un vacío legal que permite el movimiento de este criptoactivo sin que las autoridades fiscales lo regulen. Una fuente dentro de la Fiscalía General, cuyo trabajo es investigar casos de lavado de dinero, reconoció que el ministerio público no tiene mecanismos para rastrear esta moneda digital. La FGR no reporta investigaciones de lavado de dinero en bitcoines, una moneda a la que se le ha invertido millones de las finanzas públicas y que vive su caída más importante. Y mientras tanto, El Salvador ha decidido salir del Grupo de Acción Financiera del Caribe, según organizaciones, como una medida para evitar controles.
Foto FACTUM/Gerson Nájera
La Ley Bitcoin no trajo el bitcóin a El Salvador. Este ya se movía sin restricción en la playa El Zonte, en La Libertad, al menos desde 2019. Esta ley, aprobada en junio de 2021, tampoco llegó para regular el movimiento del criptoactivo en el país. Un año después de haber sido autorizada como moneda de curso legal, el anonimato en las transacciones representa un problema para las oficinas fiscales que deberían darle seguimiento: la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República (FGR). Ninguna de estas tenía investigaciones activas sobre el uso del criptoactivo, al menos, hasta febrero pasado.
“Ni previa ni actualmente hay investigaciones en bitcóin. La Fiscalía no tiene mecanismos para rastrearlos. Ahorita podrían estar lavando dinero y la FGR no tiene cómo averiguar. Varios fiscales preguntaron al jefe de lavado y a los técnicos informáticos de la Fiscalía para saber cómo se iba a investigar el bitcóin cuando fue adoptado, pero nadie pudo responder y solamente generó dudas de pasillo”, afirmó una fuente dentro de la Fiscalía General, cuyo trabajo es investigar casos de lavado de dinero, quien por miedo a perder su trabajo aceptó hablar bajo anonimato.
Esta revista solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la FGR las estadísticas de las investigaciones relacionadas con criptomonedas. Esa oficina contestó que “no es posible entregar dicha información porque esta no se encuentra en el sistema institucional”. Que no existe. El sistema encargado de recopilar esta información se llama Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP). Este resguarda y reúne las estadísticas de todas las investigaciones hechas en todo el país. Cada fiscal está obligado a actualizar esta información al menos una vez al mes.
“Recuerden que si no está en el SIGAP, no existe”, es una frase que fuentes fiscales comentan que se utiliza para remarcar la importancia de que toda la información de las investigaciones quede alojada en el sistema estadístico. Esta revista intentó comunicarse con el Director Anticorrupción de FGR, Francisco Vides, y con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, por medio de los teléfonos directos de su oficina y por mensaje a través del contacto de prensa, sin tener respuesta.
El anonimato de las transacciones y la descentralización, en la que no existe una entidad que regule, permite que cualquiera envíe o reciba bitcoines sin importar la cantidad. Y posibilita que un usuario pueda comprar sin justificar o sin dejar un registro en el aumento patrimonial. Incluso deja abierta la puerta para introducir bitcoines y regalarlos a una comunidad entera sin que el Estado pueda rastrear y confirmar el origen de esos fondos.
No ocurre lo mismo con los dólares. Los bancos están obligados a reportar a la UIF si personas naturales u organizaciones realizan operaciones o transacciones de efectivo que excedan los diez mil dólares, según el artículo 9 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. El anonimato y la falta de un ente regulador que caracterizan al bitcóin, en cambio, dificultan que autoridades fiscales puedan verificar estas transacciones.
Para Rommel Rodríguez, economista y coordinador del área de macroeconomía de la Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE), las decisiones políticas que se tomaron en torno la aprobación de la Ley Bitcoin, como la nacionalización casi exprés para los extranjeros que posean bitcoines y el amparo para que este criptoactivo no esté sujeto a impuestos, convierte a El Salvador en un paraíso fiscal para quienes usan bitcóin. Ni la Ley Bitcoin, ni la normativa técnica para facilitar la aplicación de esta ley contemplan mecanismos para rastrear o determinar el origen del criptoactivo.
Según Rodríguez, el meollo de esto se encuentra en el artículo 5 de la Ley Bitcoin que dice: “Los intercambios en bitcóin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal”.
Un hombre descansa en uno de los kioscos de Chivo, la billetera bitcóin creada en El Salvador para retirar efectivo. Foto FACTUM/Natalia Alberto
Athena, la empresa encargada de crear Chivo Wallet, la billetera salvadoreña, ha reconocido que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo que vigila que los países combatan el blanqueo de capitales, podría incrementar su monitoreo de los bancos, negocios e instituciones financieras salvadoreñas ante la adopción del bitcóin. La empresa, en otras palabras, ha reconocido que la moneda digital enciende alertas en los economistas por la susceptibilidad al lavado de dinero.
Esas alertas llegaron hasta Washington. En junio pasado, representantes de organizaciones civiles salvadoreñas, que solicitaron no ser mencionadas por miedo a represalias, presentaron a funcionarios del gobierno de Estados Unidos denuncias y documentos que señalan la preocupación ante lo que consideran una falta de independencia de la UIF y su capacidad para realizar investigaciones relacionadas al lavado de dinero con bitcoines.
“Estamos denunciando que la UIF está totalmente tomada por Casa Presidencial, ya que debería de ser un ente independiente, pero hasta este momento nadie está haciendo la investigación sobre el lavado dinero y financiación del terrorismo, o si lo hace está viciado”, comentó uno de los asistentes a la reunión con funcionarios estadounidenses.
Para marzo pasado, El Salvador tenía programada la visita del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que llegaría a constatar si se estaban cumpliendo las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero y activos, pero el país ha sido removido de la lista de países miembro. En diciembre de 2021, El Salvador se adhirió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Ambos organismos se desprenden del GAFI y vigilan el cumplimiento de las mismas recomendaciones, pero las agendas de trabajo pueden variar dependiendo de las demandas de la región.
“Si El Salvador no pasaba el examen in situ que hace GAFIC hay consecuencias como que pasaba a una lista intermedia antes de llegar a una lista negra en la que se encuentran países como Cuba, Irán, Corea del Norte. El Salvador no tenía que renunciar a la GAFIC para ser parte de GAFILAT. Hay países como México que están en ambos. Esta fue una maniobra de la Fiscalía para evitar la visita y evitar rendir cuentas”, señaló uno de los integrantes de las organizaciones que viajó a Estados Unidos, donde el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una iniciativa para investigar el uso de la criptomoneda en el país centroamericano.
Después de la aprobación del bitcóin como moneda de curso legal, el expresidente del Banco Central de Reserva y actual presidente de la Fundación para El Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Óscar Cabrera, presentó un informe en el que expuso cómo la Ley Bitcoin traía el riesgo de facilitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo: “Hay un vacío. Aunque sí hay normativas en el sistema financiero, esta es extremadamente limitada. Los capítulos de lavado de dinero y activos son un copybook (cuaderno de copias) de otras normativas y no necesariamente están actualizados para el uso de los criptoactivos; como tampoco por el lado de las empresas y hogares salvadoreños hay normativas”, declaró Cabrera.
En la Playa El Zonte, los promotores de Bitcoin Beach regalaron a los habitantes de la comunidad $37 para fomentar el uso de la criptomoneda en la economía local. Algunos jóvenes han aprendido a utilizar la plataforma y realizar transferencias entre diferentes billeteras virtuales, aunque reconocen que no siempre perciben ganancias. Foto FACTUM/Gerson Nájera
David Gerard, periodista especializado en criptomonedas que ha escrito dos libros al respecto, menciona que la razón por la que el bitcóin es más vulnerable al lavado de dinero es porque este permite su intercambio fuera del sistema financiero tradicional.
“Binance – la plataforma más grande de intercambio de criptomonedas- supuestamente ha permitido que el lavado de dinero se lleve a cabo durante mucho tiempo en su plataforma, por ejemplo”, señaló Gerard y agregó: “El método habitual es el ´salto de cadena´, donde se puede mover bitcoins a un intercambio, usarlos para comprar ethereum, mover eso a otro intercambio y comprar tether, mover eso a otro intercambio y comprar bitcoins, luego ver si puede encontrar una manera para hacer que esos bitcoins parezcan dinero limpio y no criminal, y cambiarlos a dólares u otra moneda”.
Cuando habla de salto de cadena, se refiere a un tipo de transacciones en la que se arranca comprando en una criptomoneda inicial, como podría ser el bitcóin, a través de plataformas similares a Binance, para luego convertirlo a otra moneda para cambiar la identificación inicial. Se pueden revisar las génesis de estas operaciones a través de un Blockchain Explorer; pero mientras más saltos de cadena se den, se dificulta el rastro.
El artículo 43 de la normativa técnica para facilitar la aplicación del bitcóin es el único dentro del marco legal que se refiere al control que se debe tener a la hora de cambiar bitcoines a dólares. En este artículo, el Estado le delega esta responsabilidad a casas de cambios y exchanges de bitcóin, y deja fuera a las personas naturales y al Estado mismo. La normativa señala que se debe incluir documentación que permita identificar a los clientes, pero no provee una guía operativa para garantizar la veracidad de los datos. Rodríguez ve un vacío en este artículo debido a que no menciona los pasos con los que se comprobará esta información.
“Entre nosotros los economistas vemos que es bien complicado. No imposible, pero sí muy difícil de operativizar, porque recordemos que el bitcóin fue creado bajo una filosofía de transacciones descentralizadas que no están sujetas a esquemas de regulación. Es como tratar de meterlo en la camisa de fuerza que es la legislación del sistema financiero tradicional, cuando la idea del bitcóin es salirse de estas regulaciones”, comentó Rodríguez.
El edén del bitcóin está en El Zonte
En la Playa El Zonte, no todos los comerciantes están de acuerdo con la circulación del bitcóin. Aseguran que este criptoactivo genera pérdidas por ser una moneda fluctuante. Algunos locales han colocado rótulos donde expresan que no aceptan la moneda. Foto FACTUM/Gerson Nájera.
El Zonte es una comunidad ubicada en la playas de La Libertad. Era conocida por sus buenas olas para surfear. Los extranjeros solían pasearse con sus tablas de surf, pero en el último año no solo llegaron a conocer las olas, sino también el experimento bitcóin en el que se convirtió esa pequeña localidad. Bitcoin Beach, el proyecto con el que empezó el experimento, demuestra cómo, incluso antes de la aprobación de la Ley Bitcoin, operaciones que con dólares que estarían sujetas a controles fiscales encontraban un vacío legal al realizarse con la criptomoneda, permitiendo su uso sin ningún tipo de control estatal.
Por ejemplo, teniendo como referencia el precio de referencia del 21 de octubre de 2021, cuando nueve bitcoines equivalían a $594 mil dólares, se determinó que esa es la cantidad de bitcoines que contenía la billetera publicada en la página de Bitcoin Beach desde 2019, bajo el concepto de donaciones para la escuela de Surf Katherine Díaz, una surfista que murió dos años después de la apertura de la billetera. Según la Ley de Asociaciones y Fundaciones y el Código Tributario, las organizaciones deben de estar registradas para recibir dinero en concepto de donaciones. Esta ley tampoco no contempla al bitcóin.
Si alguien quisiera ir a un banco a retirar o depositar esa cantidad de dinero, deberá declarar el origen de estos fondos; de los contrario, se le notificará a la Unidad de Investigación Financiera de la FGR y se comenzará una investigación, según el artículo 9 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos. Además, según la ley, si alguien intentara construir una casa con esa cantidad de dinero, deberá justificar este ingreso y el aumento de su patrimonio en la declaración de renta. De no hacerlo, se enfrentará a una investigación por lavado de dinero. Esto no ocurre con las transacciones con bitcóin.
Detalle del análisis realizado a la billetera de Bitcoin Beach.
La revisión a la billetera de Bitcoin Beach se hizo a través de un seguimiento al registro en el blockchain, o cadena de bloques, donde se registran las transferencias de bitcóin a través de una red de transacciones que son verificadas, custodiadas y registradas por mineros que registran estos movimientos en una base de datos pública. La información registrada en esta cadena no se puede borrar, ni modificar. A esta información se puede acceder mediante una llave pública en forma de dirección URL o código QR. Para realizar las donaciones, Bitcoin Beach proporcionó una llave pública en su página web. Fue así como se pudo revisar las transacciones hechas a esa billetera.
El blockchain es un registro de transacciones, de compra o venta, que incluyen el monto de la transacción y el identificador de quien la compró o la vendió en forma de una dirección de billetera electrónica. Para que todos los actores en el ecosistema que usa un blockchain estén enterados de todas las transacciones y puedan asegurarse que no se ha realizado dos veces o no se ha gastado el mismo dinero dos veces, este registro está abierto y distribuido para todos los que quieran hacer una copia.
Óscar Salguero, un ingeniero en software, explica el blockchain comparándolo con el sistema de registros de una tienda. “Imaginá que querés llevar un registro detallado de lo que has comprado y vendido. Para ello, comprás un bloque de recibos o facturas. Cada una tiene un orden y anotás el número de la factura anterior a cada una que vas creando. Así, la factura número dos apunta a la factura número uno y la número tres a la número dos, creando una cadena de facturas. Cada vez que vendés, anotás el monto vendido en una factura y así podés tener el registro de lo que has vendido. De igual forma llevás un registro de lo que has comprado a tus proveedores. De esa forma, cada una de estas facturas es un bloque y has creado una cadena de ellas, cada uno identificado por una firma única llamado hash”, dice Salguero.
Mario Gómez, especialista en informática, explica que a pesar de que el bitcóin permite el anonimato de sus usuarios, sí es posible hacer seguimientos y rastreos a los registros en la cadena de bloques a través de un llave pública, que se puede visualizar a través de un código URL. Esta puede enlazar las entradas, salidas y movimientos hechas desde una billetera. En este caso, la billetera de Bitcoin Beach.
En la Playa El Zonte, el bitcóin entró en circulación desde 2019. Algunos vendedores ambulantes abrieron su billetera digital con tal de vender sus productos a los extranjeros que visitan la playa. Foto FACTUM/Gerson Nájera
La empresa Bitcoin Beach S.A de C.V fue registrada en el Centro Nacional de Registros (CNR) el 14 julio de 2021 por Jorge Valenzuela Franco y Hervin Ulises Palma Moya. Dos años después de que fueran hechos los primeros movimientos en su billetera electrónica y cuatro meses previo a que comenzaran a recibir donaciones para la construcción de un centro de alto rendimiento. La ley tampoco establece si se debe o cómo se deben seguir procesos para rendir cuentas sobre aumentos en patrimonio o justificar el origen de los fondos cuando se trata de operaciones realizadas con bitcóin.
Bitcoin Beach es una empresa, pero no se mantiene de la venta de bienes y servicios, sino de donaciones, según alega Jorge Valenzuela, un miembro de esta iniciativa que titubeó y se rio de manera nerviosa cuando dijo: “Nos mantenemos de donaciones de persona a persona. Así como: «Ey, te voy a donar un bitcoin»”. El artículo 146 del Código Tributario obliga a las empresas a informar de toda donación que se efectúe, expresando la identificación y Número de Identificación Tributaria del donante y el monto de la donación.
De esta manera, con el altruismo de personas que van y conocen el proyecto como base de financiamiento, manifiestan haber movido más de 20 bitcoines en la zona, de acuerdo con lo que Bitcoin Beach ha publicado en su página web. Para el 21 de octubre de 2021, 20 bitcoines equivalían a 1.3 millones de dólares. Todo en donaciones.
Los orígenes de Bitcoin Beach tampoco fueron empresariales, sino más similares a los de una oenegé. Si bien es cierto que Valenzuela y Palma son los propietarios legales de Bitcoin Beach, en la práctica esta iniciativa nació con un surfista californiano llamado Michael Peterson, quien llegó a El Salvador en 2005 como misionero evangélico. Peterson fundó El Salvador Missionary Fellowship, que luego, en 2014, se convirtió en Missionsake, una organización que se dedica a ofrecer retiros espirituales en las casas de playa de Peterson, ubicadas en El Zonte y Punta Mango. La cuenta de LinkedIn de Trey Sklar, presidente de la junta directiva, menciona que Missionsake fue la organización madre de Bitcoin Beach.
Según personas que viven en la comunidad, Peterson no llegó a El Zonte con bitcoines. Cuando él llegó, era solamente una zona reconocida por sus olas; una comunidad visitada por surfistas extranjeros como él. Sin embargo, en 2019, Peterson introdujo el bitcóin a la comunidad. ¿Cómo obtuvo el capital semilla? Esa es una incógnita que se niega a revelar. Sin embargo, el equipo de Bitcoin Beach habla de cinco grandes financistas secretos que vieron las necesidades de la comunidad y decidieron donar.
En la práctica, los bitcoines se mueven igual en esta comunidad que como lo hacían antes de que se aprobara la criptmoneda como moneda de curso legal. La mayor diferencia está en la visibilidad que le ha dado la Ley Bitcoin a El Zonte.
El colapso y los miles comprados por Bukele
Desde noviembre de 2021 a junio de 2022, el bitcóin perdió alrededor del 70% de sus valor en una caída histórica a la que se le llamó Crypto Crash, llevando el precio de esta criptomoneda a uno de sus puntos más bajos desde diciembre de 2020. Esta pérdida obligó a poner los ojos en El Salvador, el único país del mundo en el que el criptoactivo es moneda de curso legal. En el lapso de un año, el Gobierno dice haber invertido $200 millones de las finanzas públicas en 2301 bitcoines, de acuerdo a los anuncios de compra en la cuenta de Twitter del presidente salvadoreño.
El presidente Nayib Bukele durante su participación en el cierre de la semana del bitcóin realizada en noviembre de 2021 en El Salvador. Foto: Casa Presidencial
En enero de 2022, el presidente Nayib Bukele se mofó de las compras de bitcoines que realizaba, en respuesta a un artículo que le señalaba ser el único jefe de Estado que compraba la criptomoneda. Dentro de ese artículo se retoma un tweet en el que el presidente afirmaba que todos los bitcoines se compraban desde su teléfono.
Durante una entrevista televisiva, en respuesta a la caída de bitcóin en el cripto crush, el ministro de hacienda, Alejandra Zelaya, aseguró que para el Gobierno no ha habido pérdidas y que el riesgo que esta criptomoneda representa en la economía salvadoreña es extremadamente mínimo”: “Lo he dicho reiteradamente: una supuesta pérdida de 40 millones de dólares no se ha dado porque no hemos vendido las monedas”, dijo Zelaya. Una contradicción si se toma en cuenta que el Gobierno dijo haber construido un hospital para mascotas con las ganancias del bitcóin.
La única información que se ha tenido sobre las compras de bitcoines hechas por el Gobierno de El Salvador son las anunciadas por el presidente Bukele desde su cuenta de Twitter. No es posible comprobar si es cierto lo que dice ni seguir el rastro de las transacciones a través de una llave pública. Se solicitó, vía Ley de Acceso a la Información Pública, las llaves públicas de las billeteras con las que se hicieron estas compras a la Presidencia, al Ministerio de Hacienda, y al Banco Central de Reserva. Todos respondieron que ninguno de los tres tenía competencia sobre estas.
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