Al eliminar el beneficio migratorio conocido como DACA, el presidente de los Estados Unidos volvió a mandar a las sombras a decenas de miles de jóvenes indocumentados que habían pasado por un estricto monitoreo de seguridad para obtener sus permisos temporales de trabajo. Trump, además, ha negado a muchos de esos jóvenes, residentes en condados y barrios con fuerte presencia latina, la posibilidad de un futuro en el que pandillas como la MS-13 o el Barrio 18 no sean una opción.
Foto FACTUM/Gage Skidmore, con licencia Creative Commons.
Son cerca de las 11 de la mañana del martes 5 de septiembre. El parque Lafayette de Washington, ubicado justo a las espaldas de la Casa Blanca, está cerrado desde temprano. El Servicio Secreto, encargado de cuidar al presidente de los Estados Unidos, prefirió restringir el paso para evitar que la protesta callejera programada para este día llegue hasta los portones norte de la residencia presidencial.
La administración Trump está por anunciar el fin de DACA (acrónimo del Deffered Action for Childhood Arrivals), el beneficio migratorio establecido por Barack Obama que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos desde muy pequeños en compañía de sus padres, también indocumentados. Aquí se les llama dreamers -soñadores en español- en referencia al Dream Act, un intento fallido de legislación que, en 2001, intentaba protegerlos.
DACA es, en esencia, un programa que difiere la deportación de jóvenes indocumentados que no habían cumplido 16 años al ser instalada la medida en junio de 2012, que podían mostrar estudios continuados en la Unión y que no tenían récord criminal. El beneficio, que también otorga permisos de trabajo, es renovable cada dos años; en cada renovación, los aplicantes deben volver a probar que cumplen todos los requisitos.
Decenas de activistas, dreamers y migrantes de origen latino, sobre todo centroamericanos, han venido hasta el parque Lafayette a mostrar indignación con Trump. El anuncio del fin de DACA, no obstante, ha ocurrido a unos dos kilómetros, en la sede del Departamento de Justicia. Ahí, el fiscal general, Jeff Sessions, hizo de portavoz de la administración para comunicar la decisión.
Con claridad y desde el principio, Sessions dijo que el programa DACA quedaba rescindido y luego reiteró algo que su jefe, el presidente Trump, ya había tuiteado: la administración dejará vivo el programa seis meses para que sea el Congreso de los Estados Unidos el que encuentre una solución al problema de los dreamers.
La solución parlamentaria ha sido un imposible político desde abril de 2001, la primera vez que una ley específica para favorecer a estos jóvenes murió en el Senado por falta de apoyo. Entonces los republicanos no eran mayoría. Hoy, el partido de Trump y su ala más conservadora dominan el Senado y la Cámara de Representantes. Con ellos a cargo, pensar en que la solución está en el Congreso es un absurdo político.
Sessions es un reconocido detractor de los migrantes que pueblan Estados Unidos -el guerrero antiinmigrante lo ha llamado The Washington Post– y durante sus años como funcionario del estado de Alabama primero y como senador federal después, bloqueó al menos dos intentos de pasar el Dream Act y cualquier posibilidad de reforma migratoria integral. Ayer, durante el anuncio, leyó:
“Esta decisión no fue tomada a la ligera. El Departamento de Justicia ha evaluado cuidadosamente la constitucionalidad de este programa y ha determinado que riñe con nuestras leyes migratorias vigentes…”, dijo el fiscal general. Primer problema: Sessions no tiene atribuciones legales para determinar si una ley vulnera o no la Constitución de los Estados Unidos; esa es atribución del órgano judicial en esta república que reconoce la separación de poderes.
Foto de Steve Rhodes, tomada de Flickr, con licencia de Creative Commons.
Lo de Sessions, dice Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN, en inglés), es una excusa “imprudente”, orientada simplemente a satisfacer a la base electoral a la que Donald Trump prometió eliminar los programas puestos en marcha por Barack Obama, su predecesor, con énfasis en los que benefician a poblaciones migrantes.
DACA, de hecho, no ha sido cuestionada frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington, aunque varios estados gobernados por republicanos amenazaron con hacerlo si Trump no terminaba con el programa. En 2013, un juez distrital desechó una demanda interpuesta por agentes migratorios. Es decir, nadie más que Donald Trump, Jeff Sessions y algunos de sus subalternos han llegado a la conclusión de que DACA es inconstitucional.
El fiscal general estadounidense, que en julio de este año visitó El Salvador para apoyar la lucha del gobierno de Salvador Sánchez Cerén contra las pandillas MS-13 y Barrio 18, también dijo que DACA es “una amnistía ejecutiva unilateral” que, entre otros efectos, “ha contribuido al aumento de (llegadas) de menores indocumentados y ha tenido consecuencias humanas terribles. También ha negado trabajos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos trabajos vayan a los ilegales (sic)”.
Hay muy poco de verdad en esas palabras de Sessions. No hay ninguna prueba estadística que relacione la puesta en marcha de DACA con el aumento en la llegada de menores sin compañía (UAC, en inglés). De hecho, las condiciones impuestas para obtener el beneficio, puesto en marcha en junio de 2012 -dos años antes del pico en la llegada de los UAC-, son bastante claras: solo aplica a los menores que llegaron antes de esa fecha.
Trump también dijo al referirse a la anulación del beneficio migratorio: “La puesta en marcha temporal de DACA, por parte de la administración Obama, luego de que el Congreso en repetidas ocasiones rechazó este enfoque de amnistía, también ayudó a propagar una crisis humanitaria: la llegada masiva de menores indocumentados sin compañía de Centroamérica, incluidos, en algunos casos, jóvenes que se convertirían en miembros de pandillas violentas… como la MS-13”.
Otra mentira, según Abel Núñez, de CARECEN. “Esta decisión es una muestra más de las tendencias xenófobas de esta administración y lo que están argumentando es una mentira completa. Los jóvenes que se inscribieron a DACA pasaron por muchas verificaciones, por chequeos que hizo el gobierno que certifica que no son criminales”, dice.
En junio de este año, durante una audiencia especial en el Senado, Carla Provost, la jefa interina de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), confirmó que la relación entre los menores indocumentados y la MS-13 es marginal. De todos los UAC que llegaron a la Unión Americana en los últimos cinco años, solo el 0.029 % podría haber tenido una relación -confirmada o posible- con la pandilla centroamericana al momento de cruzar la frontera, según se deduce de las estadísticas presentadas por la funcionaria.
Núñez, como otros activistas e incluso funcionarios federales y locales consultados por Factum, piensan que al descontinuar DACA la administración Trump está negando a decenas de miles de jóvenes oportunidades de empleo y educación que los han mantenido alejados de los ciclos de violencia y marginalidad de los que se nutren pandillas como la MS-13 y el Barrio 18.
“Los recipientes del DACA no eran miembros de pandillas y eso lo habían comprobado a las autoridades. El beneficio, por el contrario, aseguró en muchas formas el bienestar de las comunidades latinas haciendo de (ellos) jóvenes muy productivos que movían la economía”, considera el director de CARECEN.
“Denles acceso a mejores trabajos”
Es 8 de diciembre de 2014. Los efectos de la primera gran oleada de niños migrantes indocumentados, que abarrotó durante el verano de este año (de junio a agosto) los puestos fronterizos de Texas y Arizona, ya se sienten en las comunidades con importantes poblaciones latinas que empiezan a recibir a los jóvenes. Una de ellas es la del condado de Montgomery, en Maryland, en las afueras de Washington, DC. Esta mañana hay, en Rockville, capital del condado, una reunión al respecto.
Funcionarios locales discuten qué harán para atender, desde sus escuelas e instituciones, a estos jóvenes que no hablan inglés y que llegan, en su mayoría, de El Salvador, Guatemala y Honduras, tres de los países más violentos del mundo ese año.
Durante cuatro horas, el consejo ejecutivo del condado de Montgomery, convocado por la consejera Nancy Navarro, escucha propuestas, testimonios, experiencias. Al final habla Diego Uriburu, directivo de la organización Identity y quien ha trabajado con menores migrantes vulnerables en el área metropolitana de Washington durante más de una década.
“Busquen mejorar el acceso a educación, a mejores trabajos… Rompan el ciclo de marginalidad… Sin eso podrán solo trabajar en McDonald’s, en talleres automotrices, si acaso pueden trabajar”, recomienda Uriburu.
Esa posibilidad de acceso a mejores trabajos y más educación es la que abrió DACA para muchos jóvenes migrantes que, a diferencia de los recién llegados, llevan viviendo en Estados Unidos desde que eran muy pequeños.
Esa posibilidad se abrió, por ejemplo, para Evelyn y Sandy Hernández Centeno, dos hermanas salvadoreñas originarias de Ereguayquín, Usulután, que vinieron sin documentos a los Estados Unidos cuando tenían trece y ocho años, respectivamente. En octubre de 2012, tras aplicar a DACA, las dos jóvenes tuvieron amparo legal por primera vez desde que llegaron y, con ello, la posibilidad de seguir sus estudios en universidades de Virginia.
Ya con un documento legal, las hermanas Hernández Centeno se atrevieron a soñar en 2012. Evelyn terminó su carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales y Sandy empezó a estudiar medicina con la idea de trabajar en Médicos sin Fronteras. Un futuro diferente, alejado de los círculos de marginalidad y violencia; de las vidas en que los proyectos profesionales suelen terminar, solo y si acaso, tras el mostrador de una hamburguesería.
DACA, dice un trabajador social del condado de Montgomery que lleva una década trabajando con la comunidad centroamericana, dio a muchos jóvenes latinos la posibilidad de conseguir trabajos más allá de la construcción o la jardinería, en la que se emplean la mayoría de indocumentados en el área y en general en los Estados Unidos.
En su editorial del 6 de septiembre, el Washington Post describe así a los dreamers, jóvenes como Evelyn y Sandy: “Hablan inglés; la mayoría asisten a la escuela, la universidad o son parte de la fuerza laboral; y decenas de miles de ellos están trabajando para obtener una licenciatura o un título superior. Muchos tienen carros y pagan impuestos. Muchos han comprado casas y apartamentos; varios cientos de ellos incluso han empezado sus propias empresas”, dice el Post.
El fiscal Sessions también dijo, durante su anuncio, que los dreamers estaban apropiándose de los trabajos de los estadounidenses. Otra mentira, asegura el periódico de la capital: “De hecho, el desempleo ha disminuido drásticamente durante los cinco años en que los dreamers han sido elegibles para obtener permisos de trabajo”.
Abel Núñez, de CARECEN, insiste en que todos los argumentos de la administración Trump son excusas o simples mentiras que esconden la intención real de decisiones como la de eliminar DACA, la muy probable de eliminar el año próximo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para salvadoreños y hondureños; esa intención, dice el activista, es alimentar los instintos xenófobos de la base electoral que llevó al magnate neoyorquino a la presidencia, la de los blancos empobrecidos, los ultraconservadores y los nativistas.
El Washington Post coincide: “Aventando carne roja a la base nativista y radical, el señor Sessions alegó, falsamente, que DACA es una amnistía inconstitucional”.
DACA ha brindado protección legal y evitado la deportación de unos 800,000 jóvenes indocumentados, la mayoría de origen latinoamericano (unos 40,000 de ellos salvadoreños). Y, al decir de activistas que han trabajado con muchos de ellos, les dio oportunidades de salir de los ciclos económicos y de violencia social que históricamente los orilló a la marginalidad o incluso a enrolarse en actividades criminales y en pandillas.
Jeff Sessions, fiscal general de los Estados Unidos. Foto de Gage Skidmore, tomada de Flickr con licencia de Creative Commons.
A la administración Trump ya policías locales y otros funcionarios federales le han dicho, desde audiencias en el Senado por ejemplo, que terminar con programas como DACA o atacar legalmente a las ciudades y condados que ofrecen protecciones a los indocumentados no hace más que entorpecer los planes que se han mostrado efectivos para reducir la efectividad e influencia de pandillas como la MS-13.
Poco parece importarle eso a la administración. Todo, al final, parece seguir un guion político: satisfacer a la base nativista y radical de la que habla el Washington Post. Eso implica, como lo prometió Donald Trump en campaña, atacar al migrante, orillarlo, devolverlo a las sombras. “La nación, por ende, debe establecer y hacer respetar el límite de cuántos migrantes admitirá cada año, y eso significa que no todos pueden ser aceptados”, ha dicho el fiscal Sessions, el “guerrero antiinmigrante”.
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