El legislativo estadounidense se encuentra en plena discusión para la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2018, que incluye apoyos de 10.5 millones de dólares para la Fiscalía salvadoreña, 6 millones para la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, y 5.5 millones para la MACCIH hondureña. El Senado ha puesto más candados para garantizar que los gobiernos centroamericanos apoyen los esfuerzos anticorrupción en sus países como condición para acceder a nuevas líneas de crédito en la banca multinacional. (*)
Senador Thad Cochran, presidente del comité de adjudicaciones del Senado, Foto FACTUM/Comité de adjudicaciones del Senado, tomada de Flickr con licencia Creative Commons
La cámara alta del Congreso estadounidense mandó un ultimátum a los gobiernos del presidente guatemalteco Jimmy Morales y del hondureño Juan Orlando Hernández: si no apoyan la lucha anticorrupción abanderada por la CICIG y MACCIH, sus países podrían quedarse sin acceso a líneas de crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al menos al apoyo de los funcionarios estadounidense, cuyo voto suele ser vital en ambas instituciones.
“El secretario del Tesoro instruirá a los directores ejecutivos de los Estados Unidos en el Banco Mundial y en el BID votar en contra de cualquier crédito, préstamo o garantía y otros financiamientos, excepto cuando se trate de subsanar necesidades humanitarias urgentes, para gobiernos centrales de países cuyos funcionarios actúen para obstruir la justicia o de otras maneras impidan las funciones de la CICIG, del comisionado de CICIG, de MACCIH o del jefe de MACCIH”, dice el proyecto de ley de presupuesto aprobado el jueves anterior por el comité de adjudicaciones del Senado.
Con este lenguaje, la cámara alta va incluso un paso adelante de lo propuesto por la cámara de representantes, que la semana pasada aprobó un anteproyecto de ley presupuestaria que protege los fondos para CICIG y MACCIH de cualquier recorte de fondos destinados a Guatemala y Honduras.
Factum consultó en Washington a dos funcionarios que conocen cómo funciona la política en torno a la aprobación de préstamos y líneas de crédito en las multinacionales. Ambos hablaron con condición de anonimato para hacerlo con libertad. Uno, centroamericano, aseguró que el voto de Estados Unidos, y sobre todo la presión política que es capaz de ejercer sobre otros socios, es fundamental a la hora de aprobación y diseño de políticas crediticias e incluso de empréstitos específicos. Otro matizó y dijo que ya ha habido casos en que otros países se asociaron para tomar decisiones y sobrepasar la voluntad de Washington.
La provisión del Senado es la última de una serie de decisiones y mensajes políticos lanzados desde Washington hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo al gobierno de Morales, que el mes pasado declaró persona non grata al colombiano Iván Velásquez, el jefe de CICIG. La comisión y el Ministerio Público de Guatemala han pedido al congreso de ese país que estudie levantar la inmunidad constitucional al presidente para investigarlo por delitos relacionados con el supuesto financiamiento ilegal de su campaña.
El mensaje también llega a Honduras, donde el presidente Hernández ha sido objeto de señalamientos por intentar minimizar las capacidades investigativas de MACCIH.
“El comité reconoce que la habilidad de MACCIH para llevar a cabo su misión con éxito depende de la voluntad del gobierno de Honduras de cooperar a plenitud con las investigaciones y acusaciones penales impulsadas por la misión junto a la fiscalía general, lo que incluye proveer el acceso a documentos y otra información, echar a andar reformas a los sistemas electorales y judiciales recomendadas por MACCIH…”, advierte el comité de adjudicaciones del Senado.
El llamado de atención también abarca a El Salvador: “El comité sigue preocupado por el alcance con el que ha permeado la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica, debido, en parte, a la debilidad de sus respectivos sistemas judiciales y a sus culturas de impunidad”.
Cámara baja ya había blindado fondos para CICIG y MACCIH
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayer por unanimidad una enmienda que protege los fondos designados para apoyar el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Norma Torres, congresista demócrata por el Estado de California, presentó una enmienda a la ley de presupuesto que el Congreso discute actualmente en Washington y que contempla condiciones para el desembolso de ayuda económica a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica.
En 2015, el Senado aprobó, en el marco del presupuesto general para 2016, un paquete de ayuda de 750 millones de dólares, cuyos desembolsos estarían sujetos al cumplimiento que los tres países hicieran de 16 condiciones relacionadas con el combate a la corrupción. Para 2017, la cantidad se redujo a 650 millones de dólares y en el presupuesto para 2018 la propuesta es de 615 millones de dólares.
Una de las condiciones aprobadas en 2015 y vigentes hasta la fecha, en los casos de Guatemala y Honduras, es que los gobiernos apoyen el funcionamiento de CICIG y MACCIH.
Las condicionantes, en general, están relacionadas con la capacidad de los gobiernos del salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el guatemalteco Morales y el hondureño Juan Orlando Hernández de mostrar avances en políticas públicas relacionadas con la transparencia, la persecución del crimen organizado, la disciplina fiscal y la regulación de flujos migratorios.
Desde la semana pasada, tras la pausa veraniega, el Congreso estudia el presupuesto para 2018 y, para el caso centroamericano, el Departamento de Estado prepara las certificaciones que debe de emitir, tras el análisis del cumplimiento de los condicionantes en cada país, para que el Congreso apruebe los desembolsos.
Jimmy Morales, presidente de Guatemala. Foto FACTUM/Archivo.
En la discusión de este año, y a petición de la congresista Torres, la cámara baja decidió blindar a la CICIG y a la MACCIH en caso de que el Departamento de Estado decida condicionar o limitar la asistencia al Triángulo Norte.
La enmienda introducida por Torres a la ley H.R 3354, que es la legislación presupuestaria de este año, “asegura que las condiciones a la asistencia de Estados Unidos no aplicarán ni a la CICIG ni a la MACCIH”, dice un comunicado emitido por la oficina de la congresista.
“El Congreso continuará apoyando a estas instituciones y mi enmienda asegurará que nuestro apoyo no esté sujeto a condiciones o demoras”, dijo Torres.
Jimmy Morales y El Salvador en la mira
Esta nueva muestra de apoyo a la CICIG ha vuelto a leerse en Washington como un mensaje claro al gobierno del presidente Morales, quien en las últimas semanas intentó deshacerse del colombiano Iván Velásquez, jefe de la comisión, e incluso lo declaró como persona non grata en Guatemala. El órgano judicial, sin embargo, declaró ilegal la declaratoria del presidente y Naciones Unidas, bayo cuyo mandato ejerce CICIG, certificó al colombiano en el puesto.
Las acciones de Morales se dieron como reacción a una investigación impulsada por la CICIG y el Ministerio Público (MP) a las finanzas electorales del partido político que lo llevó a la presidencia, el FCN Nación. Ambas instancias también investigan al hijo y al hermano del mandatario.
A finales del mes pasado, en el marco de la investigación por las finanzas partidarias, la CICIG y el MP pidieron al Congreso guatemalteco que levante la inmunidad a Morales para someterlo a un proceso penal. La petición está en estudio.
Torres se refirió a la polémica entre la CICIG y Morales. “Lamentablemente, los acontecimientos recientes en Guatemala han generado dudas sobre si el presidente Morales está cumpliendo con el compromiso de cooperar con la CICIG”, mencionó.
En el caso de Honduras, el apoyo a la MACCIH también llega luego de controversias públicas entre el peruano Juan Mayor Jiménez, jefe de la misión, y miembros de la clase política hondureña a los que ha señalado de obstaculizar la lucha contra la corrupción en ese país. MACCIH es auspiciada por la Organización de Estados Americanos.
Para El Salvador, el examen tampoco será fácil en Washington, según fuentes diplomáticas consultadas por Factum en la capital estadounidense y en San Salvador. El gobierno del presidente Sánchez Cerén llega con una mancha importante a esta ronda de evaluación: el apoyo que su partido dio en julio pasado a reformas legislativas que debilitaron la Ley de Extinción de Dominio. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador luego adversó esas reformas.
Cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el FMLN gracias a su alianza con el partido GANA, aprobó las enmiendas, la embajadora estadounidense en El Salvador, Jean Manes, expresó en público su disconformidad y recordó que Washington se preparaba para estudiar las ayudas. La decisión legislativa, advirtió Manes, podría traer “consecuencias”.
Factum consultó a dos funcionarios en Washington sobre la posibilidad de que la enmienda aprobada ayer implique que el Departamento de Estado o el mismo Congreso se dispongan a condicionar las ayudas al Triángulo Norte. Ambas fuentes, que hablaron con condición de anonimato para poder hacerlo con libertad, dijeron que era muy pronto para saberlo, pero coincidieron en que, dadas las circunstancias actuales en Centroamérica, es una posibilidad real.
(*) Esta nota fue actualizada a las 7:42 p.m. (hora salvadoreña) del lunes 11 de septiembre de 2017.
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