Representantes de tres agencias policiales federales no pudieron ofrecer al comité judicial del Senado en Washington evidencia concluyente de que haya alguna relación, más allá de casos aislados, entre los grupos de menores indocumentados sin compañía que han llegado a Estados Unidos desde 2012 y el reciente incremento de crímenes atribuidos a la MS-13 en varias ciudades de la Unión.
Foto FACTUM/Archivo
Se llama John Kennedy, pero no es el presidente mítico, es un senador republicano de Luisiana, uno muy conservador, muy antiinmigrante. Él fue uno de los que mejor encarnó, en una audiencia senatorial realizada en Washington el miércoles 21 de junio sobre la MS-13, el afán de su partido por relacionar a las comunidades migrantes con el crimen.
“¿Qué papel juegan las ciudades santuario en todo esto?”, preguntó Kennedy al panel de testigos, que incluía a Matthew Albance, director asociado de la oficina federal encargada de las deportaciones de indocumentados. El senador quería meter a la discusión una idea fundamental en la retórica de la administración Trump: si las policías locales no colaboran con la Agencia de Migración (ICE, en inglés) en deportar indocumentados, la seguridad ciudadana sufre en los Estados Unidos.
En su primera respuesta, Albance fue diplomático, pero terminó cediendo al interrogatorio tenaz del Senador Kennedy. Con el rostro ya enrojecido, Albance se quejó de que en ciudades como San Francisco, Chicago y Nueva York los cuerpos locales de policía no lo dejan interrogar a indocumentados detenidos a los que ICE atribuye vínculos con la MS-13.
“Les pedimos que nos den acceso y custodia de ese interno”, protestó Albance.
“Déjeme entender… La mayoría de los pandilleros están tatuados… Sabemos que son malos.. ¿No lo dejan entrar?”, lanzó Kennedy una generalización que pasa de largo por políticas locales que se cuidan mucho de identificar a criminales particulares con comunidades enteras o cosas tan básicas para policías y fiscales locales como la certeza de que los pandilleros llevan años escondiendo sus tatuajes.
“Es correcto, señor”, contestó Albance.
“Wow”, zanjó el senador antes de cerrar su micrófono.
Luego fue su colega republicano, el senador Ben Sasse de Nebraska, quien recogió la batuta para arremeter contra los gobiernos locales que protegen a los indocumentados…
La mayoría de senadores republicanos estaban ahí para intentar añadir pólvora a un discurso que se hace cada vez más común entre la clase política estadounidense y algunos medios de comunicación masivos en este país, ese según el cual crímenes brutales recientes atribuidos a la MS-13 pueden relacionarse directamente con la llegada masiva de migrantes, sobre todo la de jóvenes entre 12 y 17 años procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica.
“Lo que es más problemático es que el incremento reciente de la violencia de la pandilla MS-13 es el hecho de que la organización tiene una nueva estrategia, más perturbadora: apuntar a los menores indocumentados sin compañía”, dijo al principio de la audiencia el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa y presidente del comité.
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De todos los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los últimos 5 años, solo el 0.029 % podría haber tenido o tener una relación con la MS-13 al momento de la llegada a Estados Unidos.
Carla Provost, jefa interina de la CBP y una de las testigos entrevistadas por los senadores, confirmó, de hecho, que la cifra de UAC a quienes los agentes fronterizos han detectado posibles vínculos con pandillas es de unos 159 en el universo de 188,685 menores detenidos y referidos a hogares sustitutos entre 2012 y 2017, y de esos solo 56 podrían tener nexos con la MS.
Es decir, de todos los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en los últimos 5 años, solo el 0.029 % podría haber tenido o tener una relación con la MS-13 al momento de la llegada a Estados Unidos -la jefa Provost habló de “afiliación confirmada o posible” al referirse a estos vínculos.
Provost y otros de los funcionarios que atestiguaron confirmaron, además, que el Gobierno federal de los Estados Unidos no tiene forma inmediata de saber si los menores con posibles filiaciones pandilleras que fueron detenidos en las fronteras, y luego enviados a hogares de conocidos o familiares -sponsors- mientras esperan el desarrollo de sus casos migratorios, siguen activos en las pandillas o, mucho menos, si terminan involucrados en delitos.
Cuando los senadores preguntaron a los otros funcionarios presentes si había forma de saber cuántos de los UAC han estado relacionados con crímenes atribuidos a la MS-13, la respuesta, con pequeños matices, fue la misma: no hay estadísticas al respecto.
Parece haber más información en los condados de la costa este en los que hay presencia fuerte de la MS-13 desde hace al menos dos décadas. Según el Washington Post, 42 de 17,700 menores reubicados en Washington, DC y en ciudades aledañas de Maryland y Virginia han estado envueltos con “actos de violencia relacionados a la MS-13” en los últimos tres años. De nuevo, la cifra representa apenas el 0.237% del total.
De los 42 casos confirmados por el Post en documentos judiciales o con autoridades locales, 19 han sido acusados de homicidios u homicidio tentado y cuatro son víctimas de violencia.
Los funcionarios entrevistados el miércoles pasado en el Senado son representantes de las agencias federales que tienen contacto y responsabilidades administrativas en el trato a los UAC.
Debido a una reforma legal de 2008, Estados Unidos no puede deportar inmediatamente a los UAC, sino que debe enviarlos a HHS para que luego otra oficina, la de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés) los entregue a hogares sustitutos -en general familiares o conocidos. Si la Patrulla Fronteriza determina que un menor es sospechoso de pertenencia o vinculación a la MS-13 elabora un informe que traslada a DHS.
El senador Grassley, al hablar de todo esto, utilizó un lenguaje acorde a la narrativa de la administración Trump que equipara a las comunidades migrantes centroamericanas con las actividades criminales de la MS-13. “Su estatus ilegal y su herencia centroamericana por sí sola los hace sujetos vulnerables a los esfuerzos de reclutamiento de la MS-13”.
La marginalidad social y económica de los UAC, que las hace más propensos a ser reclutados por la pandilla en Estados Unidos, es algo en lo que sí coinciden otros protagonistas en esta discusión.
Decenas de trabajadores sociales y autoridades locales consultadas por Revista Factum desde 2014 coinciden con que los UAC son, en efecto, vulnerables al reclutamiento, como lo han sido, en general, los menores centroamericanos que huyen de comunidades dominadas por las pandillas en sus países y llegan a Estados Unidos en condiciones adversas, que incluyen hogares desintegrados y, sí, presencia de la MS-13 o el Barrio 18 en barrios y escuelas.
Desde la década de 2000, cuando aumentó la presencia de pandillas en condados aledaños a Washington, DC o Nueva York, autoridades de algunos condados empezaron a ejecutar programas especiales que incluían fondos para prevenir el reclutamiento. En lugares como el condado de Montgomery, en Maryland, esos programas tuvieron éxito, tanto que fueron clave para que autoridades federales de DOJ lograran condenas judiciales que mermaron a la pandilla durante casi una década.
Menores migrantes en un albergue de Texas, Estados Unidos, en 2014. Foto de Revista Factum/Archivo.
La tormenta perfecta
Está claro que, a partir de 2015, la actividad de la MS-13 ha aumentado en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, donde una serie de asesinatos violentos ocurridos en la zona metropolitana de Boston, en Long Island y en los suburbios de Washington, DC hablan de un resurgimiento de la pandilla luego de años de ostracismo.
La aparición de cuerpos desmembrados en predios y parques suburbiales ha coincidido, además, con el recrudecimiento de la violencia de las pandillas MS-13 y Barrio 18 en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, debido en parte a los vaivenes de una tregua pactada entre la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014).
Y coincidió, también, con el crecimiento en los flujos migratorios de UAC provocados en gran medida por el deterioro de las condiciones de vida y la violencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Ha sido una tormenta perfecta.
En 2016, Revista Factum publicó una investigación que daba cuenta de los intentos de expansión de la MS-13 y expuso el caso de un pandillero conocido como “Chucky”, quien a finales de 2015 convocó una reunión en Richmond, Virginia, para decir a líderes de clica de la costa este, sobre todo de Massachusetts, que había recibido órdenes de líderes en El Salvador de aumentar el reclutamiento y expandir la MS.
Luego de esa reunión, “Chucky” ordenó a una clica el asesinato de un pandillero que se negaba a seguir sus órdenes. No está claro si ese homicidio se consumó.
Cuando “Chucky” tuvo esa reunión en 2015 el grueso de los UAC empezaba a llegar a las comunidades de la costa este y no hay ninguna evidencia de que alguno de ellos hay participado en reuniones de líderes pandilleros. La relación de “Chucky” con los líderes en El Salvador era directa, no a través de recién llegados.
Ninguna agencia federal, de hecho, ha probado aún en la opinión pública o en una corte judicial que entre los UAC sospechosos de tener vínculos con la MS-13 que han llegado a comunidades estadounidenses entre 2012 y 2017 haya alguno que forme parte de la jerarquía pandillera.
Agentes fronterizos remueven las cintas a los zapatos de los menores migrantes detenidos. Foto de Revista Factum/Archivo.
Funcionarios de la administración Trump también han dicho que algunos UAC vienen con órdenes de aumentar la extorsión, los envíos de dinero y de expandir el reclutamiento.
Lo del dinero lleva años sucediendo, y uno de los pocos casos judiciales que ha ofrecido pruebas concretas de esas remesas data de 2010, cuando dos líderes de clicas en Maryland enviaron efectivo destinado a Moisés Humberto Rivera Luna, alias “Viejo Santos” y líder de la clica Normandie.
De hecho, testimonios de pandilleros y agentes federales expuestos en una corte de Maryland por ese caso indican que las primeras órdenes enviadas por el liderazgo salvadoreño para la expansión de la MS-13 en la costa este llegaron entre 2008 y 2010, mucho antes del aumento en los flujos de UAC.
En la audiencia senatorial del miércoles, el senador Al Franken, demócrata de Minnesota, asoció la narrativa de la administración Trump respecto a la MS-13 y los niños migrantes con una estrategia política de los republicanos para alimentar su plataforma antiinmigrante.
“¿Cómo estamos trabajando para crear confianza en las comunidades, más allá de la retórica antiinmigrante de la administración?”, se preguntó Franken. Y luego dijo: “(Trump) está utilizando a los migrantes como chivos expiatorios de sus políticas…”
No hay, por ahora, pruebas contundentes que aten el resurgimiento de la MS-13 en la costa este de Estados Unidos con los flujos de menores indocumentados centroamericanos. La vulnerabilidad de estos menores al reclutamiento en los condados estadounidenses es solo una de las nubes en la tormenta perfecta que alimenta a la pandilla.
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