No habrá resultados diferentes haciendo más de lo mismo

El presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad han dado a conocer esta semana su plan de seguridad, acompañados de un gran despliegue publicitario y mediático, al estilo de la mano dura de Francisco Flores en 2003 o de las medidas extraordinarias de seguridad en 2015, con la administración de Salvador Sánchez Cerén. Pero la semejanza con administraciones no parece ser solo en la estrategia publicitaria, sino también en la vacuidad de sus propuestas.

A juzgar por las acciones dadas a conocer esta semana, no hay novedades, como tampoco parece haber, al menos por hoy, una política criminal integral que articule estrategias en el ámbito de la prevención, el control del delito y la rehabilitación.

Y a juzgar por lo visto en estos primeros días, el cambio de paradigma ofrecido durante la campaña en el abordaje de la seguridad parece ser una falsa promesa. Las medidas anunciadas hasta hoy son todas acciones que se vienen realizando desde hace algún tiempo, la mayoría de ellas con resultados cuestionables y poco sostenibles. Varias de estas medidas, como el bloqueo de las señales y el uso de dinero electrónico en los centros penales, o la dotación de insumos para la policía, están reguladas legalmente o son, como mínimo, obligaciones inherentes de las instituciones de seguridad.

La probabilidad de caer en la inercia de hacer más de lo mismo es aún mayor cuando al frente de la seguridad son colocadas personas que desconocen el tema o que, en todo caso, son los mismos que lideraron las fórmulas fracasadas en el pasado.

En el caso de la PNC, no podemos esperar un cambio de paradigma o nuevas ideas en seguridad cuando al frente de la policía se nombran oficiales que han sido parte de la vieja guardia, cuya doctrina y marco de actuación se ha regido por enfoques militaristas, autoritarios y represivos, que han mostrado a lo largo de dos décadas ser inefectivos y contraproducentes en la reducción de la criminalidad. Peor aún, los cambios y movimientos de personal policial anunciados en la cúpula y en las áreas de inteligencia podrían estar anunciando la instalación de un esquema de prácticas extralegales que se inició durante la administración anterior. El riesgo de desviaciones en este ámbito parece ser alto, principalmente cuando no parece haber instancias de control externo con capacidad de poner paro a las extralimitaciones o actuaciones al margen de la ley, en un entorno en el que hay demasiadas señales de un ejercicio arbitrario del poder.

Tampoco parece ser novedosa y menos aún constitucional la participación protagónica de la Fuerza Armada en los planes de seguridad. Durante los últimos 26 años, militares han realizado tareas de seguridad pública, sin resultados concretos, aun cuando se ha violado la excepcionalidad que establece la Constitución respecto a su involucramiento en este ámbito. Su mayor participación en la seguridad interna solo ha derivado en un aumento de violaciones a los derechos humanos y en la erosión de la imagen favorable que en la opinión pública ha mantenido el ejército durante la posguerra.

Finalmente, reducir el plan de seguridad al combate unilateral de las pandillas es solo una receta más para el fracaso, tal y como lo ha demostrado la evidencia empírica durante décadas de mano dura.

La compleja criminalidad que aqueja al país es producida por diversos actores legales e ilegales como el crimen organizado, las pandillas, las redes de corrupción y enriquecimiento ilícito y los grupos de exterminio, que en no pocas ocasiones han operado con la aquiescencia de actores estatales o, en el peor de los casos, desde dentro del Estado.

El abordaje y las estrategias para la prevención y control de las diferentes formas de criminalidad no pueden ser las mismas, en tanto se deben atender las particulares causas y expresiones de cada fenómeno criminal. En el caso de las pandillas, pese a su evolución criminal, sigue siendo un fenómeno con fuertes raíces sociales surgido de la falta de oportunidades y la exclusión social, tal y como se postula en el Plan Cuscatlán. Su imbricación en el tejido social y comunitario requiere de intervenciones multinivel que incorpore, además de la aplicación de la ley, el uso de mecanismos de justicia restaurativa y políticas sociales que favorezcan la recuperación sostenible de los territorios bajo su control.

La gravedad de la situación de criminalidad e inseguridad que aqueja a El Salvador es insostenible. La viabilidad futura del país está fuertemente condicionada por la adopción de medidas efectivas de prevención y reducción de la criminalidad. El tiempo para el populismo punitivo, las falsas salidas y la utilización electoral de la criminalidad se agotó. No podemos esperar resultados distintos haciendo más de lo mismo. La nueva forma de hacer política pasa por hacer lo que ninguno de los gobiernos de la posguerra hizo, esto es, formular, ejecutar y evaluar una política criminal integral que atienda las diferentes causas y consecuencias del fenómeno criminal, y que involucre el compromiso y la participación de diferentes sectores bajo el liderazgo del Ejecutivo.