19327 Vistas |  8

Las víctimas de la 202 contradicen el montaje del Gobierno

El Gobierno armó un espectáculo en Twitter después de la privación de libertad de 60 pasajeros de la ruta 202 y de la violación de dos mujeres. Afuera de las redes sociales, en el terreno donde sobreviven las víctimas, hay detalles que ponen en evidencia que el Ejecutivo mintió al decir que había capturado a los responsables. Las víctimas relatan lo ocurrido y el expediente judicial desnuda que no están siendo perseguidos los verdaderos culpables. Las tres personas que el Gobierno acusó en su momento ya fueron puestas en libertad. 

Foto FACTUM/Salvador Meléndez


Su vida, antes del viernes 28 de junio de 2019, era trabajar como costurera en una fábrica en American Park, en La Libertad, para recibir un pago quincenal de $120.  Su vida, después de esa fecha, es encerrarse en una casa, de la que intenta no salir por miedo, para reponerse de  la crueldad. Ella, a quien en este texto llamaremos Berta, es una de las víctimas de la ruta 202.

Ese viernes salió de trabajar a las 6 de la tarde y se fue a esperar el bus en la pasarela de la zona industrial. Dice que no abordó ninguno de los que pasaron porque iban muy llenos. Hasta las 7:20 de la noche que apareció una 202 vacías, solo con el motorista y un cobrador. Como la gente corrió a subirse, ella también lo hizo. El bus se llenó y desde que arrancó en la pasarela, según recuerda, no hizo ninguna otra parada. 

Iba mandando unos mensajes de texto cuando de repente notó que el bus paró en lo oscuro. Berta no podía ver bien lo que pasaba adelante porque iban varias personas de pie. “¿Qué pasa, por qué se para?”, escuchó que preguntaron algunos pasajeros. “Están asaltando el bus”, respondieron otros. El conductor, amenazado por un hombre  armado, había cruzado del carril derecho al carril izquierdo de la carretera que conduce a Santa Ana. La gente se alborotó. Los pasajeros que iban sentados se comenzaron a parar. “Salten, tírense que están asaltando”, les escuchó decir. En lo único que pensó fue en esconder su celular y se levantó. 

El bus empezó a retroceder porque el conductor lo estaba metiendo en un callejón. Mientras, los pasajeros que iban por la puerta se tiraban y se escondían.  Ella también se lanzó del bus y se desplomó encima del monte. Otros pasajeros le cayeron encima. Se levantó, quiso correr, pero ya no pudo. En ese momento apareció otro asaltante quien, con el rostro cubierto con un gorro gris, portaba una escopeta.  Él disparó al aire y exigió que nadie corriera, porque le dispararía a quien lo hiciera. Les dijo que entregaran todo lo que llevaban, y la gente se quedó quieta. Entonces el hombre de la escopeta empezó a quitar bolsones y carteras. 

 “Ya no tenemos más para darles, déjennos ir por favor”, gritó un pasajero. “Vaya, súbanse de regreso”, respondió uno de los dos. La gente corrió: un grupo a la puerta de adelante, y otro a la puerta de atrás.  Berta puso el pie en la primera grada para subir al bus, pero uno de los hombres la tomó del brazo. “Esperate que vos no vas a subir todavía”, le dijo. Ella temblaba y preguntó por qué, pero no obtuvo respuesta. Él la jaló y la llevó a unos tres metros de distancia del bus, donde la violó.  Después le permitió regresar al bus y el conductor comenzó a salir del callejón. Los dos asaltantes se quedaron en ese lugar.

Dos semanas después, las autoridades no han capturado a los responsables.  El mismo 28 de junio, el Gobierno montó un operativo en el terreno y otro en Twitter. Al terreno mandó policías, soldados, helicópteros; y en Twitter alardeó de la búsqueda de los delincuentes. El presidente del país Nayib Bukele llamó “malditos” a los responsables, prometió ir tras ellos, no dejarlos escapar y dejarles caer “todo el peso de la ley”. Pero nada de eso ocurrió. El operativo terminó con la captura de tres hombres jóvenes, dos de ellos vinculados al Barrio 18 y otro a la MS-13, pero ninguno fue acusado por robo o por violación. 

Un autobús permanece estacionado en la estación de servicio de El Congo, lugar donde el motorista de la ruta 202 hizo una parada para avisarles a los pasajeros que los llevaría a todos a denunciar el robo, secuestro y violación de dos mujeres por parte de hombres armados que ya los habían dejado en libertad. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Poco después de las capturas, el presidente, como si no supiera que son los jueces quienes deciden si decretan o no el arresto provisional en una audiencia, hasta se adelantó a decir que mandarían a los detenidos al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca.  “Se le ordena al Director de @CentrosPenales, @OsirisLunaMeza, enviar a los capturados por el secuestro del bus y las violaciones a 2 mujeres el día de ayer, al Penal de Máxima Seguridad y colocarlos en aislamiento total, hasta que sean llevados a juicio”, tuiteó el 29 de junio. Y no. Esto tampoco ha ocurrido. Dos de los detenidos permanecen en las bartolinas del Sistema 911 de la Policía Nacional Civil de Santa Ana y el tercero está siendo procesado en libertad.

El caso, y el hilo de tuits, también le valieron a Bukele para pedir más dinero para seguridad.  Necesitaba el aval legislativo para la reorientación de $31 millones para la Policía y el Ejército. Y este, el primer caso de seguridad que conmocionó al país ya en su Gobierno,  se convirtió en la tormenta perfecta para pedir a los diputados que estuvieran de su lado: “Nuestros policías y soldados necesitan lentes de visión nocturna y drones que detecten señales térmicas”.

La Fiscalía General de la República fue la primera en desmentir a las autoridades de seguridad pública. El 3 de julio, aclaró que ninguno de los tres capturados fue detenido ni presentado ante el ministerio público como los autores de lo ocurrido en el bus. La institución dijo que la Policía únicamente los remitió por resistencia y que “por ende no hay elementos en el expediente fiscal que los vinculen al secuestro del autobús”.

Berta sabe que el caso no está resuelto. Le mostraron unas fotografías  de los capturados, y cree que no se trata de los verdaderos asaltantes. “No es el mismo físico. Son muy cipotes los que me enseñaron”, comenta. Cuando se le pregunta sobre la descripción de su agresor, lo único que  menciona es que medía entre 1.70 y 1.72, que tenía piel morena, y que era delgado, pero repite que no tiene idea de cómo era su rostro porque nunca lo vio.

“Por el momento no estoy yendo a trabajar, me da miedo, porque  es bien extraña la manera como pasó eso. Mucha gente dice lo mismo: que es bien rara la manera cómo pasó.  Lo raro, más que todo, es por qué llegó solo el bus. El motorista dijo que se le arruinó y que lo mandaron a hacer el viaje. A saber qué tan cierto será eso”, cuestiona la víctima.

Ella, como muchísimos salvadoreños que no confían en el sistema, no cree en la justicia terrenal y se resigna a lo etéreo: “Quisiera dejar esto ya, que sigan ellos (las autoridades) el procedimiento como crean de mejor forma. Que haga justicia Dios, y Dios verá cuál es el castigo que les da a esas personas, para evitarse muchas cosas más”. Habla de la justicia como una cuestión de fe, aunque hace rato dejó de congregarse en su iglesia.

El misterio del bus vacío

En el callejón donde ocurrió la violación todavía hay pedazos de cinta policial amarilla. Ese angosto camino de tierra está ubicado en la finca San Cayetano, en el kilómetro 47 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana. Esa cinta, según gente que transita por la zona, sirvió para acordonar el callejón semanas atrás, porque en ese mismo lugar asesinaron a un hombre. “Aquí  cuando hay luz es porque hay luna llena”, dice uno de los caminantes, para explicar cómo son las noches en ese tramo lleno de árboles de teca. 

¿Por qué un bus vacío? El motorista de la ruta 202 dice que el viernes 28 de junio partió a las 4:20 de la mañana en su primer viaje de Ahuchapán a San Salvador. El bus se le arruinó minutos después, en las cercanías del parque recreativo Termos del Río, en Ciudad Arce.  Se le cayó el motor de arranque y permaneció todo el día varado. Los mecánicos llegaron hasta las 6:30 de la tarde, lo arreglaron y él buscó un retorno hacia Ahuachapán. Los viernes, según cuenta, son peculiares en los alrededores del complejo American Park: muchas personas salen de las fábricas y se quedan a tomar en la gasolinera cercana. Él pasó por el lugar como  las 7:20 y vio que había bastante gente, pero los buses que venían de San Salvador no se detenían porque iban muy llenos. Entonces paró. Recuerda que desde ese punto solo hizo una parada más, donde se bajaron dos pasajeros y se subió una muchacha. De ahí se fue hasta El Congo. En el kilómetro 47, un hombre con una pañoleta en el rostro le apuntó con un arma corta, le ordenó orillarse al carril izquierdo de la carretera,  y después le dijo que se metiera en ese callejón, pero él contestó que no se podía. “Entonces dale para adelante, y te metés de retroceso”, le indicó el asaltante, según relata el conductor. Él estacionó el bus como a unos 10 metros a la orilla de la calle, y únicamente dejó encendidas las luces de cortesía.  

Detalle de rótulo de la Finca San Cayetano, ubicado a pocos metros donde fueron violadas dos mujeres en un bus secuestrado la noche del 28 de junio de 2019. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

El motorista solo recuerda la presencia de dos atacantes: el que le apuntó en el bus y el que estaba escondido en la oscuridad del callejón.  También recuerda que escuchó los disparos al momento que algunos de los pasajeros intentaron huir. Lo que le parece extraño es que lo hayan hecho desviar el bus porque si se hubiera tratado de un asalto, como los que suelen ocurrir en esas unidades, le hubieran ido quitado las cosas a la gente en la carretera:  “Cuando me dijo que me apartara fue que me asusté. Yo pensé: si fuera asalto, se hubiera ido con la pistola quitándole las cosas a la gente.  Si no era a mí, a alguien del bus iban a bajar”.

Cuando les habían quitado las cosas a los pasajeros, los asaltantes le dijeron al conductor que se subiera de regreso. Fue entonces que él notó que no dejaron subir a una de las muchachas. Le pidieron que esperara y luego de unos minutos vio cómo ella regresó llorando. Después se enteró que los asaltantes habían hecho lo mismo con dos mujeres: una fue sometida en la parte delantera y otra en la parte trasera del bus.

“Cuando nos dejaron venir, iba la Policía para abajo. La gente que se corrió cuando se tiró y logró escapar fue la que llamó a la Policía”, cuenta el conductor. Según su relato, a él también le robaron, le quitaron $150: $120 de la ruta y $30 suyos. La empresa propietaria del bus, ASOTRA S.A de C.V, no se declaró ofendida ante la Policía.  “No, porque no tenemos ningún daño. El mismo chofer, como es su responsabilidad, asume el derecho sobre eso. Como empresa, si hubiéramos salido dañados con el autobús o con el chofer hubiéramos ido a mostrarnos parte”, explica uno de los empresarios de la ruta 202.

Al empresario, al igual que al motorista, le parece raro cómo actuaron los asaltantes: “No sé si realmente fue robo porque uno no deja de tener experiencia de cómo funciona esto, pues a cada rato le pasa. En marcha le quitan todo al usuario, o al motorista le quitan su cajita y se van. Eso es lo curioso, porque desde que a mí me dijeron desviación pensé que podían hacer daño… Quizá tenían programada la acción de violar a esas señoritas”. 

La empresa empezó a trabajar en 2005. Desde entonces, según sus registros, les han asesinado a unos nueve motoristas. También les han quemado autobuses. Por eso, según el empresario, lo de esta vez no los ha paralizado. “Se va uno acostumbrando al fenómeno”, comenta.

El motorista del autobús, en cambio, no parece tan acostumbrado a este tipo de sustos. No se volvió a presentar a  trabajar a la ruta. Llegó los días inmediatos al asalto, pero ahora dice que no se siente “tan bien”. Tampoco sabe si regresará.  Y cuando se le pregunta si reconoce a algunos de los tres detenidos, habla sobre los presuntos autores: “Me los estaban enseñando, pero no los reconozco. Ellos eran mañositos inexpertos, cosas querían, y quizás andaban drogados. Ni se pusieron de acuerdo para quitarle las cosas a la gente”, dice el conductor, y mientras lo dice se limpia los chorros de sudor que bajan a cada segundo de su frente.

Detalle del kilométro 47 de la carretera que conduce hacia Santa Ana, a la altura de la Finca San Cayetano, donde fueron violadas dos mujeres en un bus secuestrado la noche del 28 de junio de 2019. Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

Distintos casos, el mismo guion policial

Las víctimas coinciden en que fueron dos asaltantes. El Gobierno apuntó a tres victimarios y presentó tres rostros a los medios de comunicación: el de Wílber Vladimir V., de 19 años; el de Melvin Alexander M., de 23, y el de Marcos Antonio F., de 39. Los dos primeros son procesados por resistencia en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana y  el tercero, por el mismo delito, en el Tercero de Instrucción de esa ciudad.

Es habitual que en los tribunales salvadoreños los jueces reciban dos versiones antagónicas: la de los policías que suelen asegurar que los pandilleros corren cuando ellos dan una señal de alto; y la de los pandilleros que, por el contrario, sostienen que los policías los sacan de sus casas para cumplir con una cuota de arrestos. La familia de los dos detenidos más jóvenes está en ese grupo que asegura que los dos hombres estaban descansando en una casa que cuidan en el cantón El Guineo, en El Congo, cuando entraron los policías y se los llevaron.

“La policía dice que detiene a 3 sospechosos de robo y  privación de libertad. También dice que son miembros activos de la pandilla. Pero a la hora de privarlos de libertad no les encuentran aquellos elementos como objetos robados, pertenencias de las víctimas, no les hallan nada”, dice el abogado Pedro Ábrego, quien defiende a Wílber V. y Melvin M., para sostener que sus clientes no tuvieron nada que ver con lo ocurrido en la 202.

Los jueces suelen decretar medidas sustitutivas al arresto cuando procesan a alguien por resistencia, un delito que tiene como castigo entre seis meses y dos años de prisión. El abogado cree que sus clientes se convirtieron en la excepción por la manera como el Gobierno manejó mediáticamente el caso: “Es por la alarma social que ha causado el problema. Y como ahorita el presidente de la República está trabajando en seguridad, eso no se niega porque el hombre está trabajando con todo, pero fue por esa publicidad y por el gran relajo que armaron en ese momento, que helicópteros y que un montón de cosas”.

El abogado Pedro Ábrego es el defensor de los dos hombres capturados por la PNC durante el operativo en el Cantón El Guineo, la noche del 28 de junio, horas después de que delincuentes secuestraran un bus de la ruta 202 y violaran a dos mujeres. El defensor pedirá al juzgado libertad para sus clientes, porque se les acusa nada más de «resistencia al arresto».
Foto FACTUM/ Salvador MELENDEZ

La jueza de Paz de El Congo justificó su decisión alegando el uso de la sana crítica. “…En el momento coyuntural que se encuentra viviendo nuestro país los imputados estando en libertad pueden llegar a interferir en el desarrollo del proceso dándose a la fuga”, resolvió.

Ábrego se jacta de tener 21 años de experiencia en los tribunales. Dice que uno de sus mayores logros fue librar al cabecilla de pandilla Carlos Mojica, alias “Viejo Lin”, de una acusación por 11 homicidios. “Que pertenezcan o no a la 18, a mí no me lo han confesado y como no los están acusando de eso… La policía detuvo a los primeros que encontró para dar a creer que sí estaba trabajando y no han agarrado a las personas por la violación”, señala el abogado.

Este jueves 18 de julio, el Tribunal Segundo de Instrucción puso en libertad a Wílber V. y Melvin M. Los dos serán procesados con medidas sustitutivas al arresto. Ábrego había adelantado que presentaría un recurso de apelación porque consideraba que, por los vacíos en la investigación, tenía todo para que el juez revirtiera la detención ordenada por la jueza de El Congo.

El tercer detenido, Marcos Antonio F., fue perfilado por la Policía como miembro de una clica de la Mara Salvatrucha, contraria a la pandilla con la que vincularon a los otros dos acusados. Revista Factum buscó al comisionado Douglas García Funes, jefe policial en Santa Ana, para preguntarle bajo qué lógica atribuyeron el mismo hecho a miembros de pandillas rivales, pero este no atendió la solicitud de entrevista de este medio.

Según consta en el expediente judicial  en el Juzgado Tercero de Instrucción de Santa Ana, Marco F. habló el día que enfrentó su audiencia inicial.  Aseguró que fue detenido cuando estaba en su casa, que su esposa abrió la puerta y que le dijeron que se lo llevarían, pero que no se preocupara porque solo estaría detenidos cuatro días  y que “un favor le estaban haciendo”. En este caso, al igual que en el caso de los otros dos acusados, los únicos testigos son los policías captores. Él también está siendo procesado en libertad.

La madrugada del 29 de junio, las dos jóvenes víctimas de violación fueron atendidas en el Hospital San Juan de Dios, en Santa Ana. Les dieron medicamentos antirretrovirales, que sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual.  Desde entonces Berta sobrelleva varias secuelas: “Tengo una incapacidad de unos diitas por un medicamento que me provoca mucho malestar. Todavía no sé qué voy a hacer. Da miedo, pero estoy confiando en Dios que no pase a más todo esto, porque uno no tiene la culpa. Como dicen, uno fue el de la mala suerte”.


Esta nota se actualizó a las 21:16 del jueves 18 de julio con la información sobre la liberación de dos de los acusados que el Gobierno presentó como los supuestos responsables. Ambos serán procesados en libertad por este caso. 

¿TE HA GUSTADO EL ARTÍCULO?

Suscríbete al boletín y recibe cada semana los contenidos en tu email.


Tags

#seguridad