Que nos metan presas a todas para poder estudiar

Sí, que nos metan presas a todas para que el Estado cumpla su misión constitucional de garantizarnos educación en caso de que no podamos costearla. Esta debería de ser la lógica a seguir, si tomamos al pie de la letra las desatinadas declaraciones del viceministro de justicia y seguridad, Raúl Antonio López, realizadas el 15 de febrero pasado, cuando liberaron a Teodora del Carmen Vásquez. Ella ingresó al sistema penitenciario cuando tenía 24 años. Había estudiado hasta tercer grado y trabajaba como cocinera en un colegio cuando experimentó un parto extrahospitalario. Por ello, la Fiscalía General de la República la acusó de homicidio agravado y fue condenada a 30 años de prisión por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.

“A Teodora, nosotros la recibimos con el tercer año de escolaridad. Hoy regresamos a la sociedad una nueva Teodora: hoy es bachiller de la república, pero además de eso, durante toda su estadía en el centro penal de Ilopango, bajo la coordinación de la señora directora, [tiene] más de 30 diplomas que le acreditan sus nuevas capacidades laborales”.

Las declaraciones del funcionario no solo carecen de empatía y tino; vuelven a criminalizar a Teodora, al asegurar que regresan una ciudadana nueva a la sociedad. “Entregamos a la sociedad de esta manera, una nueva ciudadana, la señora Teodora del Carmen Vásquez de Saldaña que ahora sale bachiller de la república y con múltiples capacidades laborales para salir a servir a su país, a su familia, y a la sociedad”, fueron sus palabras. Es increíble cómo las afirmaciones de este funcionario riñen con los argumentos presentados por las y los magistrados de la CSJ, quienes, pese a no reconocer la inocencia de Teodora, afirman que no existe evidencia científica que sustente que ella cometió homicidio agravado.

Teodora proviene de Tacuba, un municipio catalogado por su “pobreza extrema alta”, de acuerdo con el Mapa de la pobreza del FISDL. En Tacuba, la tasa de pobreza extrema es de 42.2 y la tasa de pobreza total es de 68.1. Al igual que otros 67 municipios, cae en esta categoría debido a que la tasa de pobreza es de 35.59 % en los hogares y la tasa de retardo severo es de 4.5 %, es decir, la escolaridad llega hasta primer grado. Para crear estas categorías de pobreza, el Fisdl y Flacso crearon el Índice Integrado de Marginalidad Municipal (IIMM), que sintetiza en un solo indicador municipal: la brecha de pobreza del municipio; el índice de carencia educativa del municipio (tasa de inasistencia educativa de la población de 7 a 15 años) y el índice integrado de carencias en las viviendas del municipio (proporción de viviendas sin sanitario, sin agua por cañería, sin acceso a energía eléctrica; viviendas en hacinamiento y sin piso).

Sí, de ahí provenía Teodora. De hecho, el año en que experimentó una emergencia obstétrica (el 13 de julio de 2007), el “Compendio de perfiles educativos por departamento del Mined, año 2009”, con datos de 2007, publicó que la escolaridad promedio de las mujeres de 15 a 24 años era de 5.3 años; sin embargo, Teodora no estaba en ese promedio ya que cursó hasta tercer grado. La de hombres, para ese mismo rango de edad, era de 6.6. Y el porcentaje de analfabetas era de 12.3, también para ese rango de edad. Los porcentajes de cobertura escolar mostraban, además, un descenso de tercer ciclo a educación media: de 70.8 % a 39.4 %. Pues bien, en términos educativos Teodora era hasta 2007 lo que este país le había permitido ser: estudiar hasta tercer grado y trabajar como cocinera para poder correr con los gastos de su hijo de cuatro años.

Por lo menos Teodora logró alcanzar algún grado de escolaridad mientras “vivía en libertad”. Algo complicado en un país donde ocho de cada 10 ‘nini‘ (no tiene empleo remunerado, ni estudia) son mujeres. Sí, así es: el desempleo y la falta de estudios tiene rostro de mujer. Esto de acuerdo con “Los jóvenes nini en El Salvador”, publicado por Fundaungo en 2016, con base en datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2012. El estudio revelaba, además, que una cuarta parte de la población joven (entre los 16 y 29 años) no estaba estudiando ni asistiendo a un centro de formación o capacitación ni trabajando, “ya sea por falta de recursos económicos, por falta de oportunidades o porque se dedican a labores relacionadas con el trabajo doméstico no remunerado”.

De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Así mismo, el artículo 35 establece que “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia”. A Teodora, el Estado le violó casi todos sus derechos y garantías fundamentales como persona, establecidos en nuestra Constitución Política. Sobre todo, el artículo 12 que establece la presunción de inocencia. La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al conmutarle la pena es clara al explicar que no existe prueba científica que compruebe que ella cometió homicidio; sin embargo, estuvo presa 10 años y siete meses. Desde que la detuvieron, los medios de comunicación, la sociedad y el sistema de justicia la condenaron. La señalaron una y otra vez como homicida. Y su realidad no mejoró mientras estuvo presa, aunque el viceministro diga lo contrario, de acuerdo con la entrevista que le hice el día que la liberaron.

Él habla de “su estadía” en cárcel de mujeres como si nos describiera un retiro de una persona para estudiar. Los casi cuatro mil días que ella estuvo presa durmió mal, comió mal, se enfermó y estuvo alejada de su familia…todo a cambio de estudios y capacitaciones que el Estado no le pudo ofrecer antes de ser condenada. Pareciera que el viceministro no se entera de que El Salvador tiene el mayor hacinamiento de cárceles en Latinoamérica; que en distintos informes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha señalado las condiciones precarias e inhumanas que se viven en las cárceles de nuestro país. Así mismo, que después de su reciente visita, Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas, pese a reconocer como aspecto positivo los programas de reinserción, señaló al Gobierno por las medidas extraordinarias de seguridad.

“La implementación de las medidas extraordinarias de seguridad ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva, en condiciones crueles e inhumanas”.

La CSJ conmutó la pena de 30 años de cárcel a Teodora porque “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”. Cuando leí la resolución, también me llamó la atención que entre los argumentos, la Corte destacara el buen comportamiento de Teodora, que finalizara el bachillerato estando presa y que cursara 30 diplomados, la mayoría dentro del programa de rehabilitación “Yo cambio”. 

En efecto, como bien advirtió el viceministro de Justicia, Teodora “nunca hubiera terminado el bachillerato allá afuera”. Su afirmación debería de recordarle a él y al Estado que están fallando e incumpliendo la Constitución y distintas leyes nacionales e internacionales. Pero también debería de recordarle que Teodora nunca debió estar presa por un crimen que no se puede comprobar que ella cometió. Eso nunca lo escuché en sus declaraciones. Así como se disculpó con la periodista Adriana González, de El Noticiero, luego de hacerle un comentario inapropiado (“Mi vida linda, te invito a un café un día mejor y te doy la conferencia”), esperaría que también se disculpe con Teodora y con todas las mujeres condenadas injustamente, a las que regresarán a la sociedad como ‘mujeres nuevas’. Y que procure incidir en las políticas públicas para evitar que más mujeres sean condenadas por crímenes que no cometieron; así como garantizar que todas las personas que no puedan costearse una educación formal y capacitaciones reciban esto vía Estado. Si no, que nos metan presas a todas para poder estudiar.