Los partidos FMLN y Arena, acompañados de la mayoría de formaciones políticas pequeñas representadas en la Asamblea Legislativa salvadoreña, se aprestan a aprobar la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, que no es otra cosa que una nueva edición de la amnistía aprobada por el Legislativo en 1993 tras la firma de los Acuerdos de Paz el año anterior.
Veintiséis años después, representantes de los mismos liderazgos militares y políticos que pelearon la guerra civil salvadoreña (1980-1992) y que intentaron autoperdonarse al final del conflicto vuelven al ataque en un nuevo intento que pretende revertir, para todos los efectos jurídicos prácticos, la inconstitucionalidad de la amnistía de 1993 que en 2016 decretó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La Asamblea Legislativa dominada por el FMLN y Arena intenta, para tal fin, recurrir a sus usos menos democráticos: aprobar sin discutir, de espaldas a la ciudadanía, incluso con intentos de callar a quienes, dentro de sus filas, no están de acuerdo con esta nueva amnistía.
El borrador de decreto ya está visto por las fracciones legislativas y la comisión política del congreso está por convertirlo en dictamen favorable para bajar al pleno a una votación que a todas luces está ya arreglada.
Las primeras ocho páginas del decreto son un reconocimiento a la legislación internacional que define conceptos relativos a los crímenes de guerra y de lesa humanidad y al ordenamiento jurídico que da vida a la llamada justicia restaurativa para juzgar esos crímenes. El decreto entiende que criminal de guerra es, como lo define Naciones Unidas, quien comete infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario durante un conflicto armado. Esto incluye crímenes como matar u ordenar matar a civiles, torturar u ordena torturar, someter a comunidades civiles a privaciones en un afán de dañar o liquidar al enemigo de guerra, empujar a comunidades civiles a la migración forzada. Lo malo viene después.
Tras reconocer esas definiciones, el decreto se extiende en las trampas que los diputados pretenden aprobar.
Una de las más groseras es que esta nueva amnistía otorga a la Fiscalía General de la República la potestad de elaborar un listado ―“en una sola ocasión”― de los casos a ser investigados y procesados judicialmente. Ahí el primer gran despropósito: la Fiscalía salvadoreña ha sido, desde la firma de la paz, una de las instituciones que mejor han garantizado la impunidad en El Salvador, por donde mafias políticas y el crimen organizado han penetrado al Estado.
Algunas cosas cambiaron en el Ministerio Público desde 1992, pero no las suficientes para creer que un fiscal general elegido por el mismo pacto legislativo que hoy pretende aprobar la nueva amnistía tendrá la independencia suficiente para juzgar a criminales de guerra.
Además, ¿qué necesidad hay de restringir la persecución estatal a una lista? Ninguna. La ley primaria e internacional es clara: todos los crímenes de lesa humanidad y de guerra son punibles. Todos. No los que se le ocurra a un funcionario meter en una lista confeccionada bajo presión política y a la carrera.
El decreto dice, también, que las instituciones públicas o privadas están obligadas a poner a disposición de la Fiscalía la documentación “relacionada… a los crímenes que regula la presente ley”. Letra mojada: al menos desde 2016 fiscales y querellantes han intentado obtener documentación de la Fuerza Armada sobre la masacre de El Mozote, uno de los casos que pudo seguir su curso judicial tras la anulación de la amnistía de 1993. Y desde entonces el general David Munguía Payés, hombre fuerte de la Fuerza Armada durante los diez años de gestiones presidenciales del FMLN, ha negado la información amparado en argumentos absurdos como la seguridad nacional o, simplemente, en su prepotencia e irrespeto al ordenamiento jurídico nacional.
Es cierto que en la ley hay algunos apartados que hablan de medidas restaurativas, como el perdón público que deben pedir los autores de los crímenes. Pero todo eso sabe a poco: ¿de qué sirve el perdón sin justicia? ¿De qué sirve una ley que perpetúe la impunidad? Joseph Moakley, el congresista de Massachusetts que investigó la masacre de la UCA, dijo una vez que el único sitio para los asesinos es la cárcel. Estamos de acuerdo.
Hay más trampas, muchas, en la nueva amnistía. Entre ellas: sustituir penas de prisión por servicios comunitarios, prohibir por decreto que las investigaciones de la Comisión de la Verdad de 1993 sean pruebas en procesos penales o prohibir la extradición pasiva en todos los casos.
Esto último es importante, porque explica bastante bien el momento en el que surge esta intentona del FMLN y Arena.
Mientras los diputados discuten la aprobación de la nueva amnistía en El Salvador, en la capital de España el coronel Inocente Orlando Montano espera juicio por la masacre de los jesuitas de la UCA y dos empleadas en noviembre de 1989. Montano llegó a Madrid extraditado desde Estados Unidos, reclamado por su participación en los hechos, y, con su llegada la Audiencia Nacional de España, ha abierto el caso a etapa de sumario, con lo cual toda la prueba recabada será de conocimiento público; esa prueba incrimina a personas que tuvieron poder político en los años noventa y aun ahora, como el expresidente Alfredo Cristiani.
Tampoco parece casualidad que el apoyo explícito del FMLN llegue cuando buena parte de sus líderes políticos están por perder el fuero que les otorga el cargo. El presidente Salvador Sánchez Cerén es uno de ellos. Hasta ahora, la actitud del FMLN fue más bien cobarde, como cuando el expresidente Mauricio Funes hacía política llorando en El Mozote mientras avalaba que la Fuerza Armada de la que era el comandante en jefe protegiera a los militares acusados en el caso de los jesuitas. Hoy el FMLN botó ya todas sus máscaras.
En suma, los liderazgos del FMLN y Arena, con el pretexto de legislar para llevar adelante la resolución de 2016 de la Sala de lo Constitucional, pretenden aprobar una nueva amnistía para los criminales de guerra.
Ya la amnistía de 1993 sirvió para crear, entre las élites políticas salvadoreñas, una cultura de impunidad que trascendió a los crímenes de guerra para instalarse en las instituciones nacionales como forma de vida. El secuestro de la Fiscalía General, la existencia de grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil, la intrascendencia actual de la Procuraduría de Derechos Humanos, el pacto explícito de la actual Corte Suprema de Justicia con diputados corruptos que lograron matar a la Sección de Probidad son muestras de esa impunidad.
Durante tres décadas la mayoría de esas instituciones nacidas con los Acuerdos de Paz o reformadas por ellos hicieron todo lo que estuvo a su alcance para encubrir a los criminales de guerra y a sus herederos. Ese es el problema: criminal es el que asesina y criminal es el que lo encubre.
Entendemos, por eso, que la aprobación de esta nueva aministía es la perpetuación de un pacto criminal.
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