El aire aún está cargado por las documentadas irregularidades de las jornadas electorales, semanas atrás. El periodismo ha sido capaz de apilar evidencias sobre los numerosos dados cargados por el oficialismo; suficientes como para quedarse en la memoria colectiva del país. Pero pasan los días y más pronto que tarde las autoridades —legítimas o no— deberán ocupar sus sillas, atendiendo responsabilidades sobre problemáticas nuevas y otras añejas, curtidas en años de incompetencias, negligencias o intereses contrapuestos. La alimentación del país permanece como una de estas.
Así pues, nos parece pertinente examinar puntualmente algunos datos relacionados con la seguridad alimentaria al cierre de la administración 2019-2024. Al fin y al cabo, en los sondeos de opinión pública, la situación económica en general y el costo de la vida continúan sumando los suficientes puntos como para mantener la lupa sobre esta temática fundamental. Van entonces algunos elementos para apoyar la reflexión ciudadana y que sostienen la tesis de una gestión en deuda con los principales desafíos en materia de seguridad alimentaria.
En 1996 —específicamente en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación— se estableció que para que exista seguridad alimentaria las personas deben contar con acceso físico, social y económico a alimentos suficientes. Además, estos deben ser inocuos y nutritivos para satisfacer una necesidad energética diaria que permita una vida sana. En el caso del acceso físico, se trata de la mera disponibilidad de alimento, con dos afluentes: lo que se produce en el país y lo que se compra afuera de las fronteras; ambos para su distribución y consumo local.
La producción nacional de granos básicos se encuentra estancada¹. El ciclo 2022/23 cerró con los números de producción más bajos en la administración Bukele. En el período 2019-22 ligeramente se superó el millón de toneladas métricas anuales promedio entre maíz blanco, frijoles rojos, sorgo y arroz (con este último en franco deterioro desde hace décadas). La situación del sector arrocero es tan delicada que para el ciclo 2022/23 la producción cayó a su nivel más bajo desde los años sesenta. Para los otros tres granos aún no se superan los niveles de producción alcanzados en administraciones anteriores, a pesar del esfuerzo presupuestario para incrementar el contenido incluido en los paquetes agrícolas o el aumento en la asignación presupuestaria al Ministerio de Agricultura y Ganadería durante la administración actual, que ha pasado de US$65 millones a más de US$90 millones para el ejercicio fiscal 2024. Así que en el objetivos de aumentar producción local: reprobado.
Lo que se necesita pero no se produce localmente debe importarse². Entre 2019-2022 se incrementó el volumen de importaciones de maíz blanco (22 %), frijol (34 %) y arroz (13 %) en comparación al período 2015-2018, excepto el sorgo. La dependencia de importaciones de estos granos básicos se mantiene en torno a 22 % para ambos períodos: se importan 22 quintales de cada 100 consumidos; con el segundo valor anual más alto desde 2011 precisamente en 2020, primer año de la pandemia y una masiva repartición gubernamental de paquetes alimenticios, tan llena de pompa como escasa de criterios técnicos.
En consecuencia, entre 2019-2022 el valor de importación de estos cuatro granos alcanzó US$465 millones, que es superior en US$137 millones a los cuatro años anteriores. Para referencia: el Programa de Paquetes Agrícolas orientado al abastecimiento y seguridad alimentaria ejecuta en torno a los US$20 millones anuales. La producción insuficiente tiene como contrapartida una cara salida de divisas en término de importaciones. Así que en el objetivo de reducir dependencia de importaciones de granos básicos: reprobado.
La dependencia de importaciones del consumo nacional en frutas y verduras incluidas dentro de la raquítica canasta básica tampoco mejora. Se mantiene en torno a 88 % y 60 %, respectivamente. Esto es una clara consecuencia de la baja diversificación productiva hacia subsectores que permiten alcanzar superiores niveles de ingreso para las personas agricultoras. La diversificación productiva, usual horizonte para atenuar la vulnerabilidad económica y climática del sector agrícola, permanecerá en el espacio utópico si el país no le apuesta a ello con el impulso necesario y planificado desde el sector público. También reprobado.
El sector ganadero tampoco ofrece cifras para ser optimistas. Por ejemplo, la existencia de ganado bovino se aleja del millón de cabezas estimadas en 2015 y se sitúa en poco menos de 800 mil, con la producción de leche en reducción y niveles similares a registros de hace dos décadas; y la producción de carne estancada desde hace una década. Es razonable, entonces, que el volumen de importaciones de ciertas partidas arancelarias de carne bovina y lácteos registren cifras al alza o máximos históricos: leche fluida, en polvo o quesillo, entre otros, que sirven para satisfacer las necesidades de consumo de la población salvadoreña. En fortalecer el sector ganadero, reprobado.
Así pues, a juzgar únicamente por las cifras disponibles y objetivos convencionales en términos de seguridad alimentaria, los planes y programas no parecen estar dando resultados sólidos. Esto es así desde el difuso Plan Cuscatlán, pasando por el rimbombante Plan Maestro para el Rescate de la Agricultura o los programas RECETO en Chalatenango y Programa de Insumos Agrotecnológicos (PIATEC), entre otras acciones emprendidas sin norte claro. Tampoco se reflejan en términos del crédito, aspecto clave para la transformación sectorial, que ha disminuido cada año desde 2019⁴ , llegando a la cifra más baja desde 2013 (US$353.1 millones) y el porcentaje más bajo (2.4 %) respecto al crédito total en tres décadas, de acuerdo con los datos disponibles en el portal de la FAO.
Un plan o programa sin fondos no es más que letra muerta, inservible para una población aquejada por los altos precios de insumos de producción, los efectos recurrentes de la crisis climática y sus dificultades para adaptarse; además de los efectos nocivos de los intermediarios sin control y acuerdos comerciales asimétricos que entran en vigor progresivamente. Así que en el objetivo de aumentar el crédito para el sector: reprobado.
Como es esperado, los precios de los productos agrícolas experimentaron alzas importantes que erosionan el poder adquisitivo de los hogares y con ello el componente de acceso económico de la seguridad alimentaria. Tal y como reveló un trabajo de El Diario de Hoy, la rebaja de aranceles no tuvo un efecto significativo en el caso del maíz blanco y presumiblemente en los demás productos, que en general presentaron precios históricamente altos desde 2020. Es innegable que estas alzas obedecen, en gran parte, a efectos rezagados de la pandemia y de conflictos geopolíticos fuera del control de las autoridades, pero también es cierto que los funcionarios en sus cargos deben saber explicar y, principalmente, resolver una situación que afecta a la población de manera generalizada tanto en el acceso físico como en lo económico.
Conocidos los factores que no están bajo el control de las autoridades, la reflexión debe girar sobre aquellas herramientas que sí pueden controlar:
- Las acciones emprendidas, ¿han sido las mejores para atenuar la situación?
- ¿Pudo construirse otra receta de políticas públicas con mejores efectos?
- ¿Qué otras acciones se están echando a andar para disminuir la vulnerabilidad sectorial y de los hogares frente a shocks de naturaleza externa en el mediano plazo?
No se trata solo de apagar fuegos sino de construir mejor para tiempos altamente desafiantes que pondrán a prueba, nuevamente, la capacidad del país para asegurar su alimentación y eliminar el hambre.
La administración cumplirá cinco años y la licencia en su curva de aprendizaje se agotó hace rato con un saldo creciente de inseguridad alimentaria. De sus aciertos o errores dependen realidades materiales fundamentales y la población no tardará en pasar página al tema de seguridad y demandar otros cambios, con todo derecho. Los resultados a la fecha se resumen en un país con su sector agrícola en rezago crónico respecto a las necesidades; un país más dependiente de las importaciones para llenar el estómago salvadoreño; y vulnerable a las inevitables fluctuaciones en los precios.
Ojalá que, por el bien de todas las personas, principalmente las más vulnerables, sean capaces de ejecutar acciones indispensables que les permitan aprobar en segunda oportunidad un examen al que en primera no alcanzaron ni mínimamente los puntos requeridos.
¹ Se han revisado datos de los Anuarios de Estadísticas Agropecuarias desde 1964-65 hasta 2022-23, recién publicados.
² Se analizaron cifras de FAO Stat y la Base de Comercio Exterior del Banco Central de Reserva de El Salvador.
³ Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2022-23.
⁴ Cifras a precios constantes de 2015.
*Luis Vargas Claros es economista graduado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), de El Salvador; maestro en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y actualmente estudiante del doctorado en economía de la misma universidad. Trabaja temáticas de economía agrícola, medioambiente e insumo-producto.
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