Sala les recuerda a los diputados cómo debe ser la nueva ley de reconciliación

La Sala de lo Constitucional le pidió explicaciones a la Asamblea por la ley que reemplazará a la de amnistía. Los magistrados de la CSJ están analizando si conceden una prórroga. Los diputados, por su parte, le pidieron opinión al presidente Nayib Bukele y este se abstuvo de dar su valoración sobre el contenido de un anteproyecto.

Foto FACTUM/Archivo


La Sala de lo Constitucional hizo un recordatorio a los diputados sobre los contenidos mínimos que deben incluir en la ley de reconciliación nacional y de asistencia a las víctimas del conflicto armado, que reemplazará a la Ley de Amnistía que fue declarada inconstitucional en 2016. La nueva ley, según la sentencia de la sala, debe facilitar la apertura y entrega de archivos de la Fuerza Armada sobre el conflicto armado; un registro de víctimas o de casos; y  la creación de un fondo especial para reparación de las víctimas de la guerra civil.

“El desarrollo de una justicia transicional o una justicia adecuada a la transición debe comprender medidas que inicien desde la visibilización y reconocimiento de las víctimas del conflicto armado hasta llegar a una verdadera reconciliación nacional, lo cual comprende la aplicación del derecho penal a hechos que no pueden ser amnistiados según la Constitución”, recordó la sala.

Los magistrados hicieron este recordatorio porque pidieron a los diputados de la Asamblea que expliquen qué están haciendo para cumplir con la elaboración de la ley antes del próximo sábado 13 de julio, cuando vence el plazo que la Sala le dio a la Asamblea para emitir una nueva normativa.

La Sala también recordó a los diputados que la elaboración de una nueva ley debe contar con la participación de las víctimas.  Este ha sido el principal reclamo de las organizaciones que las representan: que los diputados no los tomaron en serio en el proceso para elaborar el proyecto denominado «Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional». En la última reunión, celebrada el pasado 28 de mayo, los diputados únicamente le dieron 20 minutos a cada una de las organizaciones para dar su opinión.

“El cumplimiento de la sentencia no se limita  a la simple promulgación de una ley formal en el lapso de tiempo establecido, sino que esta normativa debe cumplir, en el procedimiento de formación y su contenido, con los estándares mínimos que han sido señalados por este tribunal», recordó la Sala en una resolución emitida el pasado 14 de junio.

La Sala de lo Constitucional anuló la Ley de Amnistía en 2016, y ahora se ha vuelto a pronunciar sobre el tema porque los demandantes solicitaron que le dé una prórroga de cinco meses a la Asamblea para la aprobación de la nueva ley, con una sola pretensión: que los diputados se tomen el tiempo de escuchar a todos los sectores interesados.

«Para evaluar la decisión y poder resolver con los mejores elementos de juicio mandamos a escuchar a la Asamblea. Esperamos tomar decisión lo más pronto posible», explicó el magistrado de la Sala de lo Constitucional Aldo Cáder.

La Sala podría tomar una decisión esta semana. Durante la última semana del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, los diputados apresuraron la revisión de un proyecto de ley con 41 artículos, que reducía la cantidad de casos a judicializar y que restaba valor probatorio al informe de la Comisión de la Verdad, el cual estableció una lista de graves violaciones a derechos humanos cometidas por cada bando durante el conflicto armado. Pero recularon ante la presión de la sociedad civil.

La Asamblea envió un informe a la Sala de lo Constitucional para explicar qué estaba haciendo para la aprobación de la ley y también envió su propia solicitud de prórroga. A diferencia de los demandantes, los diputados pidieron tres meses más para armar la nueva ley.

Una nueva ronda

La Comisión Política reactivó la subcomisión que inició la elaboración de la ley. Le enviaron una nota al presidente de la República, Nayib Bukele, para que diera su opinión sobre el proyecto legislativo que fue consensuado por la comisión. El presidente contestó, a través de su secretario jurídico, sin pronunciarse sobre el contenido de la propuesta legislativa. Dijo que opinará, como lo establece la Constitución de la República, cuando ya exista un decreto legislativo, es decir, cuando ya tenga la posibilidad de vetar o sancionar una ley.

«Aquí es un tema netamente político, pero a veces solo decimos y cuando tenemos que actuar no actuamos. El presidente no ha contestado como hubiésemos querido porque no dio su opinión», dijo el diputado de ARENA Julio Fabián.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó frenar el proceso de formación de la nueva ley. El pasado 26 de junio, Norman Quijano, presidente de la Asamblea y diputado por ARENA, pidió acelerar la discusión y cuestionó que el presidente de la Corte Interamericana les haya ordenado detener el proceso. “Violando incluso la facultad que tenemos como legisladores nos dice que no abordemos este tema, y luego escucho declaraciones del presidente de la República adelantando criterio diciendo que no se genere impunidad cuando nadie está generando impunidad en la Asamblea”, dijo Quijano, advirtiendo que no van a “quedar bien con Raymundo y medio mundo”.

El diputado Rodolfo Parker, miembro de la Comisión Política, instó a sus compañeros a superar las críticas a lo elaborado hasta la fecha porque “la amnistía viene de la Sala de lo Constitucional”

«Nosotros somos legisladores, no somos intérpretes de la Constitución. Al ver la sentencia, ahí están los parámetros.  Nosotros, repito, somos legisladores, actuamos políticamente conforme a lo que consideramos que es bueno de la nación, más allá de los intereses propios”, dijo Parker, quien dijo que se sentía orgulloso de haber sido asesor de la Fuerza Armada.

Roberto Angulo, coordinador de la subcomisión, señalo que sigue creyendo que la anterior Sala de lo Constitucional se extralimitó al anular la Ley de Amnistía. «Cómo se van a probar crímenes de hace 27 años. No podemos empezar de nuevo, tenemos que continuar”, declaró, y también enfiló contra las organizaciones sociales: “El interés de algunas ONG se está haciendo pesar de alguna manera que quiere opacar el trabajo que debe hacer la Asamblea Legislativa».

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