Pensiones con «p» de problema

Paupérrimas pensiones para pobre pueblo pasivo. Por poco parecen parodia, porque, primero, patrimonio privado; pero, para partidos políticos perversos, privatizar propicia país paradisíaco.

Recuerdo que uno de los primeros libros con los que me topé y que me leí de principio a fin en no más de dos sentadas fue “Mormonas y otros cuentos”, del doctor José María Méndez. El doctor Méndez fue un reconocido abogado y escritor. En dicho libro se encuentra un par de cuentos que, por su redacción, son algo más que curiosos, dado que todas las palabras que los componen comienzan con una sola letra. O con la “c” o con la “l”. Recomiendo leerlo.

Inicié esta columna al estilo de los cuentos del doctor Méndez, con una crítica al sistema privado de pensiones, a propósito de la presencia de la letra “p” inicial en sustantivos que describen este tema: pensiones, privadas, previsión, partidos políticos, pueblo, problemas, preocupación. Aunque estas líneas no pretenden alcanzar la altura literaria de las obras del citado escritor, sí quiero, por lo menos, dejar planteadas algunas interrogantes para todos los que me leen y a quienes también nos preocupa el tema jubilatorio, pero sobre todo para los jóvenes que somos los que más afectados nos veremos si esta situación no se aborda de forma seria y si seguimos dejando que un derecho como la seguridad social se convierta en un negocio para algunos en detrimento de toda la población.

Precisa primero pronunciarse sobre la necesaria comprensión de que la seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio, porque así lo señala la Constitución de la República en su artículo 50. La seguridad social está íntimamente ligada a la idea de previsión social que es una decisión política y jurídica fundamental adoptada por los pueblos, en sus constituciones o leyes, para suprimir el estado de necesidad futura de las personas, como lo señala un doctrinario mexicano. En nuestro país, el tema de la seguridad social fue establecido, por primera vez, en la Constitución de 1950.

Intentaré enumerar algunos puntos que considero importantes de tener en mente y que en el lector despierten el interés por el tema que en poco tiempo deberá comenzar a discutirse en nuestro país, dado que la reforma pactada y aprobada hace un par de años sirvió para aliviar las entonces complicadas condiciones financieras del Estado y, lejos de abordar temas de fondo como el monto de las pensiones, la cobertura y la tasa de comisión para las administradoras de estos fondos, entre otras cosas, terminó convirtiéndose en una muestra más de la enorme capacidad del establishment económico de este país para posicionar los temas en la agenda nacional en el tono y con los matices que mejor les vienen.

Algunas cuestiones para pensar, tomadas de la propuesta “Una pensión para todos”, que algunos sindicatos, movimientos sociales y organizaciones tuvieron a bien trabajar en el año 2015, con la ayuda del doctor Salvador Arias, que en paz descanse.

Veamos:

1. En 1996 se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones —la Ley SAP—, que entró en vigor en 1998. Hasta ese año, el sistema previsional era público. Los promotores de las reformas al tema jubilatorio señalaron que ese sistema público era insostenible y que, por lo tanto, era necesario enrumbarlo. Hoy, hay quienes aseguran que esto no fue más que otro efecto de la oleada neoliberal y privatizadora que caracterizó a El Salvador en esa época y que llevó a trasladarles a los privados aquellas actividades económicas que garantizaran grandes utilidades. De hecho, así pasó con la banca, las telecomunicaciones y las pensiones.

2. La Ley SAP establece un sistema de ahorro personal obligatorio en el que las aportaciones son hechas por los trabajadores y la parte patronal. Lo de “ahorro personal” es importante subrayarlo porque las reformas aprobadas fueron vendidas al público como una novedad: las cotizaciones irían a una cuenta que sería propiedad del trabajador y que estaría ahí esperando por su titular. Lo anterior no es cierto, porque los trabajadores no pueden ejercer ningún derecho sobre ese dinero.

3. La cuenta individual del SAP se contrapone al esquema anterior de una cotización que alimentaba un fondo común, llamado sistema de capitalización colectiva, conocido también como sistema de reparto, del que se tomaba para pagar pensiones a las personas que se iban jubilando y que, además, propiciaba la solidaridad intergeneracional. Es decir, que los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados y así continuamente.

4. Cuando se aprobó la Ley SAP, el Estado tenía la obligación de trasladar las cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de los trabajadores que se trasladaban al nuevo sistema. A su vez, el Estado asumió el pago a los pensionados y de los que se quedaron en el sistema público pero que estaban próximos a jubilarse. Lo anterior hizo que se socializaran las pérdidas y se privatizaran las ganancias. Hasta el 2012, por poner en números la cuestión, la proporción de pensionados que dependieron del presupuesto nacional fue de 83 %, mientras que el jubilado en el sistema privado de pensiones era del 17 %. Tomando en cuenta, además, que el Estado ya no recibe cotizaciones.

5. Lo anterior llevó a que se agotaran las reservas de las que el Estado disponía para el pago de los pensionados a su cargo y en 2006 se aprobó una reforma que, entre otras cosas, permitió al Estado tomar prestado el dinero de las cotizaciones del sistema privado para cumplir con sus obligaciones.

Desde ese momento, la situación de las pensiones se convirtió en un grave problema fiscal. En el trabajo de los economistas Saira Barrera y Armando Álvarez, titulado “Socializar los costos: las reformas del sistema de pensiones y sus implicaciones en la deuda pública en El Salvador 1996-2017”, explican que la emisión de bonos con la que el Estado venía financiando el pago de pensiones desde el 2001 generaba problemas de tipo político-partidario, en virtud de que la Asamblea Legislativa debía aprobarla con mayoría calificada, por lo que el expresidente Antonio Saca impulsó la creación del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), para hacer frente a las obligaciones previsionales a través de tres fuentes de ingreso: 1. Capital semilla de parte del Estado ($20 millones), 2. Flujos anuales reflejados en el presupuesto y 3. Inversión del fondo de pensiones administrado por las AFP, siendo este último el que ha sido utilizado, según se lee en la página 27 de dicho trabajo, que además señala que “en suma, la reforma de pensiones que tenía como uno de sus principales objetivos disminuir los costos fiscales del sistema anterior, se tradujo en presiones fiscales insostenibles, provocando que, como se señaló en el primer apartado, la deuda pública pasara de 45.5 % del PIB en el 2008 a 63.7 % en el 2016. Estos efectos derivaron en la reforma previsional del 2017”.

La del 2017 fue una reforma insuficiente, como mínimo, si no es que malintencionada. Ahora estamos a las puertas de una nueva discusión sobre el tema que debe contar con la participación de todos los sectores interesados, pero en la que deben prevalecer los derechos de la población a la seguridad y previsión social, con la actuación del Estado y que garantice pensiones dignas para todos.

Los escenarios pintan interesantes y es previsible que los mismos sectores que en los años anteriores a la reforma del 2017 defendieron el sistema privado como la creación más perfecta lo harán de nuevo. Debemos prepararnos para una nueva campaña de manipulación sobre el tema, ya saldrán quienes, aprovechándose de cuestiones técnicas, intentarán manipular la opinión pública con la complicidad de opinólogos y medios de comunicación afines. El ejecutivo debe sentar una postura clara sobre este tema y dar luces de por dónde irán sus esfuerzos. Una cosa es clara: la discusión para una reforma profunda al tema jubilatorio es impostergable y requiere de seriedad. La población, sobre todo los jóvenes, debemos estar atentos a esta discusión e informarnos, comprendiendo que se trata de un derecho que nos corresponde por mandato constitucional y con el que se ha hecho negocio por mucho tiempo.

Poco pero pertinente, pienso, para terminar con palabras con “p”.


*Mauricio Maravilla, egresado de ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador, moderador de entrevistas en Canal 8 y conductor del programa «San Romero: La Iglesia y el país», en YSUCA.

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