Nuevos tiempos, viejas costumbres. Los corruptos en El Salvador siguen usando su poder a la luz del día, frente a todos, para callar a quienes los descubren, para cercenar a las instituciones que los supervisan, para denigrar o corromper a los que los investigan y para poner a sus alfiles en cargos que fueron creados para combatir la corrupción, pero con la voluntad de hacer todo lo contrario.
La lucha contra la corrupción de la última década empezó a tomar forma con la alternancia en el órgano ejecutivo, que cambió de gobiernos de derecha a uno de izquierda en 2009. El poder económico y la derecha política fueron las que, contradictoriamente, abanderaron proyectos democráticos que antes no habían querido echar a andar mientras gobernaban. Claro, en sus épocas en el poder les estorbaban la transparencia y la probidad, como también le terminaron estorbando al FMLN en estos diez años.
Fue entonces que El Salvador pasó a concebir normativas que obligaron al Estado y a sus funcionarios a abrirse un poco más a la ciudadanía y a rendir cuentas con una moderna Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2012, y con la reactivación en 2014 de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, fue gracias a la Sección de Probidad que El Salvador pudo atestiguar cómo un expresidente, en el caso de Mauricio Funes, recibió una condena por lo civil y la obligación de devolverle al Estado dinero del que no pudo justificar su origen. Y hubo otros casos ejemplares, como el del exdirector del Seguro Social Leonel Flores o el del exsecretario privado del expresidente Antonio Saca, Élmer Charlaix, este último obligado a devolver cerca de 18 millones de dólares.
Pero las turbulencias de los gobiernos del FMLN, de Mauricio Funes y más tarde de Salvador Sánchez Cerén, hicieron que la popularidad de este partido cayera en desgracia para 2018 y 2019, años en que El Salvador eligió alcaldes, diputados y al nuevo presidente de la República. Diez años después de aquella alternancia, ocurrió otra, mucho más dramática.
La derecha política y el poder económico volvieron a ganar terreno y, como sucedió antes de 2009, hoy parece que todas las instituciones llamadas a castigar corruptos, a abrir la información pública y a procurar la rendición de cuentas empezaron a ser copadas por nuevos funcionarios que se han ubicado en el lado reverso de lo que su deber les ordena. Pero esta vez la derecha no ha estado sola. El FMLN, con malas experiencias por tener funcionarios señalados de corrupción en sus gobiernos, también ha acompañado esas nuevas campañas contra la transparencia y la probidad.
Ahora todo parece salido del mundo del revés. Lo que en realidad fueron avances en la lucha contra la corrupción ahora son ilegalidades, excesos de autoridad y hasta revanchismo político en boca de los perjudicados: los investigados.
Así, diputados como Guillermo Gallegos, dirigente del partido GANA, y Sigfrido Reyes, del FMLN, dirigieron ataques para desacreditar la jurisdicción de Probidad y señalar un supuesto manejo sesgado de los casos. Lo mismo hizo la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, de Arena, a quien los nuevos magistrados le evitaron la pena de pasar por un juzgado de lo Civil por enriquecimiento ilícito. Y el mismo discurso contra Probidad fue proferido en su momento por el diputado del PCN Reynaldo Cardoza.
Contra Probidad y las leyes en favor de la lucha contra la corrupción no se han ensañado solo derechas ni solo izquierdas. Estas fuerzas han sido, de hecho, un bloque muy unido.
Gallegos y Reyes están a punto de quedar “perdonados” por los magistrados de la corte en pleno luego de que les concedieron facilidades para cubrir las observaciones que les hizo la Sección de Probidad a sus patrimonios personales y familiares, como sucedió con De Escobar.
Las mismas investigaciones de Probidad que entonces gozaron de todo el respaldo institucional de la corte e incluso de apoyos financieros de la USAID han vuelto a ser canceladas por los magistrados. La decisión de dar perdón a todos los exfuncionarios cuyos períodos fueron antes de 2009 no es otra cosa que una muestra de consentimiento y complicidad con la corrupción. El último listado que publicamos en Revista Factum da cuenta de que, a abril de 2019, son en total 79 expedientes los que quedarán interrumpidos y en probable impunidad.
Con el argumento de que el enriquecimiento ilícito prescribe en diez años, a los magistrados que votaron por esa medida se les olvidó que una investigación de la Sección de Probidad puede desembocar en el descubrimiento de otros delitos como la evasión de impuestos, como ha sido el caso del presidente electo Nayib Bukele mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, el lavado de dinero o también puede abonar a procesos de extinción de dominio, que no tienen prescripción y sí son retroactivos, es decir que pueden existir investigaciones y juicios de extinción de dominio por sucesos anteriores a la aprobación de la ley, como sucedió con el caso del diputado Reynaldo Cardoza.
Pero la carta de presentación de la nueva generación de magistrados de la corte, a la que se unieron cinco recién elegidos a finales de 2018, cuatro de ellos en la Sala de lo Constitucional, es esta: anular investigaciones patrimoniales valiosas, la gran mayoría del período del expresidente Antonio Saca, quien a su vez está condenado por lavado de dinero y peculado por alrededor de 350 millones de dólares, al igual que su esposa, la exprimera dama y exsecretaria de la Familia, Ana Ligia de Saca, quien confesó haber lavado alrededor de 17 millones de dólares mientras permaneció en ese cargo.
Otros perdonados por un plumazo de la actual corte son los expresidentes Armando Calderón Sol y el expresidente Alfredo Cristiani.
La pisoteada Probidad por los gobiernos de Arena y que fue desmantelada por decisión de una mayoría de magistrados, incluido su presidente Agustín García Calderón, en 2005, había revivido nueve años después, en 2014, por la voluntad mayoritaria de otros magistrados que enmendaron aquel error.
Pero las decisiones que tomaron los salvadoreños en 2018 ya empezaron a tener consecuencias.
No es esta una crítica a la suprema libertad de cada persona de elegir lo que mejor le parezca o, simplemente, no elegir, pero en realidad las elecciones de 2018 dejaron una Asamblea Legislativa inclinada completamente a la derecha, por los pésimos gobiernos del FMLN y los hallazgos de corrupción de varios de sus funcionarios, y las derivaciones de esos resultados se vieron el mismo año pasado, con la elección de una Sala de lo Constitucional lograda por una repartición partidaria a la luz del día, a la que solo faltó añadirle, para redondear el descaro, ponerle a cada nuevo magistrado un botón del partido político que lo catapultó a la corte.
En diciembre de 2018, estos mismos diputados eligieron a un fiscal general con una vinculación evidente y pública con el partido Arena. Pero la nueva Sala de lo Constitucional, elegida unos meses atrás por aquellos mismos diputados, denegaron estudiar un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento del nuevo fiscal Raúl Melara.
Esto es un círculo: estos magistrados que han sepultado otra vez las investigaciones de Probidad fueron elegidos a su vez por diputados que por todo lo alto vociferaron en su momento contra las acciones de esta oficina; y estos diputados fueron elegidos por, ¿adivinan?, correcto: los salvadoreños que decidieron en 2018, fuera para votar por alguna opción, o para dejarse ir por la campaña del momento y anular la papeleta de votación o incluso por todos los que no fuimos a las urnas.
No es que teníamos el mejor sistema anticorrupción de Latinoamérica. Ni de lejos. Pero de alguna manera despertaba expectación que algunos pasos eran firmes y hacia adelante. Todo se ha quedado a media marcha y bastante bien tapado con incertidumbre. La Sección de Probidad, una vez más, ha vuelto a ser pisoteada por magistrados elegidos por cuotas partidarias en la Asamblea Legislativa.
Los políticos corruptos pueden respirar tranquilos.
*Fernando Romero (El Salvador, 1977) es periodista desde 2007. Coordinador editorial y editor de Opinión de Revista Factum. Especializado en investigaciones sobre política y corrupción.
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