Dos votos faltaron para enviar al legislador arenero a los tribunales para enfrentar la acusación de haberse reunido y, supuestamente, negociado con pandilleros en marzo de 2014, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que Quijano perdió como candidato de Arena. La mayoría de areneros votó en contra y la mayoría de pecenistas se reservó su decisión. Los 41 votos que hubo para el desafuero fueron insuficientes.
Foto Archivo FACTUM/Salvador Meléndez
Norman Quijano mantendrá su fuero constitucional hasta el 30 de abril de 2021. Solo entonces, y si no gana un nuevo periodo como diputado del partido Arena -y si así lo decide la Fiscalía-, podrá ser procesado penalmente por la acusación de haber negociado con pandilleros en 2014. Quijano, el excandidato presidencial y exalcalde de San Salvador, estuvo a dos votos de ser desaforado.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, del PCN, puso a votación el desafuero de Quijano, un proceso que tardó desde finales de febrero hasta este jueves 7 de mayo. Y los diputados votaron: 33 diputados de Arena votaron por el “no”, al igual que un diputado del PDC. Por el desafuero hubo 23 votos del FMLN, 10 de GANA, tres de Arena, 2 del PDC, y uno de CD, uno del PCN y uno del diputado no partidario. En total, 41 votos. Faltaron dos, los tuvo el PCN y sus legisladores dejaron en blanco sus casillas.
Luis Urías, Noemy García, Sara Carrillo, Zayda Reyes y los diputados propietarios Reynaldo Cardoza, Roberto Angulo y el propio presidente del congreso, Mario Ponce, no votaron a favor ni en contra. Esa negativa de decisión le ayudó a Norman Quijano a no ser desaforado en la sesión plenaria. La causa, al no alcanzar la mayoría simple de 43 votos, pasó al archivo, y ya no se podrá encausar más a Quijano, al menos en la Asamblea.
Antes de la votación, el diputado pedecista Jorge Mazariego, fiscal de la comisión de antejuicio contra Quijano, reconoció que la comisión concluyó con un dictamen que avalaba el retiro del fuero constitucional al legislador arenero. Pero advirtió que él, a su criterio, no podía fiarse de la versión de un pandillero, “Noé”, que incriminaba a Quijano en negociaciones con pandillas, cuando este testigo criteriado también está detrás de una treintena de homicidios.
“Un delincuente”, dijo Mazariego en la sesión plenaria de este jueves 7 de mayo por la mañana en la Asamblea Legislativa. El encargado de la acusación contra Quijano en la Asamblea dejó en manos del pleno la decisión y dijo que iba a respetar también el dictamen de la comisión de antejuicio.
Los defensores de Quijano que llegaron a la plenaria especial, los abogados Délmer Rodríguez y Francisco Bertrand Galindo (ambos fueron funcionarios públicos en los gobiernos de Arena), pidieron que se difundiera el video con el que la Fiscalía General de la República incrimina al diputado arenero en negociaciones con pandillas. El pleno lo autorizó y corrieron los 28 minutos de un video en que se ve a Quijano junto a otros miembros de Arena, como Ernesto Angulo y Manuel Arrieta, reunidos con la Red Nacional de Pastores y pandilleros. La defensa sostiene que se trataba de pandilleros rehabilitados.
El audio del video completo es casi inentendible y mientras corría los diputados de Arena daban la razón a su correligionario de que no había indicios de negociaciones entre el político y pandilleros. El abogado Rodríguez arrancó su intervención: “Ese es el video. No hay más videos. Esa es la reunión, no hay más reuniones. Esos son los hechos que se le imputan al diputado Norman Quijano en la hipótesis de la Fiscalía. Es una visión equivocada creer que la Asamblea Legislativa simplemente deba pasar los casos a los tribunales para que los tribunales decidan”.
A Rodríguez le siguió un hilo de diputados quienes, en su mayoría, defendieron que no existían indicios para dejar al legislador arenero sin fuero frente a la justicia. Los diputados Rodrigo Ávila y Mauricio Vargas, de Arena; y Rodolfo Parker, del PDC, defendieron el fuero de Quijano. Mientras que parlamentarios como Guillermo Gallegos, de GANA, y la diputada efemelenista Cristina Cornejo, quien habló en nombre de su grupo parlamentario, fueron de la opinión que se debía llevar a su colega frente a los juzgados.
En diciembre de 2019, cuando el juzgado especializado de Sentencia dio a conocer los videos de las supuestas negociaciones entre políticos y pandilleros, el juez Godofredo Salazar recriminó a la Fiscalía por no acusar a los políticos. Para el juez, había suficiente evidencia que permitía procesar penalmente a políticos de Arena y el FMLN.
Publicaciones periodísticas también han mostrado al ahora alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en negociaciones con pandillas, al igual que a los miembros del FMLN Benito Lara, quien fuera ministro de Seguridad, y a Arístides Valencia, exministro de Gobernación. En dos procesos penales, pandilleros han testificados que se reunieron con miembros del FMLN y Arena previo a las elecciones presidenciales de 2014, finalmente ganadas por Salvador Sánchez Cerén.
La FGR, mediante su titular, Raúl Melara, lamentó el mismo jueves la decisión del pleno legislativo. El fiscal general reconoció que la negativa del desafuero le impide procesar al diputado Quijano, pero mantuvo su respaldo a la investigación de sus fiscales auxiliares y de las evidencias que se mantienen. “Las negociaciones con pandillas son hechos irrefutables y, como tales, totalmente reprochables. El mensaje de impunidad que se ha enviado es lamentable”, dijo en un comunicado.
De vuelta en la Asamblea, tras la votación que liberó a Quijano de ir a los tribunales, los pecenistas evadieron responder por qué no decidieron a favor o en contra del desafuero para el diputado arenero. Solo el diputado Raúl Beltrán Bonilla reclamó que a quien se debe reclamar es a Arena, que sumó 33 votos para el “no” al desafuero de su correligionario. Bonilla expresó que su partido no es “papel higiénico” para limpiarse en él sobre lo que ocurrió en el pleno. De hecho, recordó que él, como presidente de la comisión de antejuicio, fue el único pecenista que sí votó por retirar el fuero constitucional a Quijano.
Mientras tanto, FMLN y GANA lamentaron la decisión de los areneros y la falta de respuesta de los pecenistas para desaforar a Quijano. El PCN y Arena, pese a algunas desavenencias que se han acentuado cuando se trata de apoyar propuestas que derivan del gobierno de Nayib Bukele, mantienen sus buenas relaciones. De hecho, en esta legislatura de 2018-2021, estos dos partidos volvieron a aliarse para repartirse la presidencia del congreso y distribuirse las comisiones de trabajo en el protocolo de entendimiento, dejando por fuera al FMLN y a GANA.
Quijano, de no ser reelegido en febrero de 2021, mantendrá su fuero constitucional hasta el 30 de abril de ese mismo año. A partir del 1 de mayo, su condición de ciudadano común facultará a la Fiscalía de proceder a acusarlo formalmente en tribunales, sin necesidad de un antejuicio. El fuero constitucional es una garantía que da la Constitución de la República a ciertos funcionarios de alto grado como una defensa contra persecuciones políticas. Por ello, la Asamblea Legislativa debe llevar a cabo un antejuicio para estudiar si las acusaciones judiciales no esconden intenciones políticas contra los funcionarios señalados.
Luego de la votación, el diputado Ponce cerró la plenaria especial y abrió una nueva sesión ordinaria, en la que se conocieron vetos y observaciones del presidente Bukele a decretos legislativos aprobados en las últimas semanas, entre los que se encontró el veto a la prórroga para el pago del impuesto sobre la renta hasta el 30 de junio. Los diputados no intervinieron para superar el veto del presidente, aunque la legisladora arenera Margarita Escobar aseguró a esta revista que se elaborará un nuevo decreto que eximirá de multas por mora.
La Fiscalía, mientras tanto, mantiene abiertas investigaciones contra otros políticos como los efemelenistas Benito Lara y Arístides Valencia, y el arenero Ernesto Muyshondt, por presuntas negociaciones con pandillas en el mismo marco de las elecciones presidenciales de 2014. Sobre los avances en estos casos, el fiscal Melara no se ha pronunciado. A diferencia de Quijano, ninguno de los tres políticos tiene fuero constitucional.
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